El Mapa del Olvido

14 de abril de 2012

MANUEL FRANCISCO ZAMARREÑO VILLORIA (Rentería, Guipúzcoa, España)

Filed under: 1998, Francisco Javier García Gaztelu (ETA), Guipúzcoa, Junio, Rentería, Sin esclarecer — Fer Altuna Urcelay @ 12:04

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El jueves 25 de junio de 1998 se consumaba la crónica de una muerte anunciada. La banda terrorista ETA asesinaba mediante una moto-bomba a MANUEL FRANCISCO ZAMARREÑO VILLORIA, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Rentería en sustitución de José Luis Caso Cortines, también asesinado por la organización terrorista el 11 de diciembre de 1997. En el atentado resultaron heridos el ertzaina escolta del edil y dos vecinas del lugar.

Los hechos ocurrieron sobre las 11:10 horas de la mañana en el barrio de Capuchinos de Rentería. Manuel Zamarreño, acompañado por su escolta, acababa de comprar el pan en un establecimiento que dista unos trescientos metros de su domicilio, tal y como hacía habitualmente. Apenas había caminado unos metros cuando explotó una moto-bomba, cargada con tres kilos de amonal, aparcada en la acera y accionada a distancia. La moto era tipo scooter y fue activada desde una ladera cercana, desde la que se podía vigilar los pasos de Zamarreño en lo que era su rutina habitual. Manuel Zamarreño, que vivía en el número 6 de la calle de Basanoaga, solía bajar a buscar el pan entre las once y la una del mediodía. De vez en cuando, el concejal popular compraba el periódico en un quiosco próximo a su domicilio, y tampoco era extraño verle paseando por el barrio, en los últimos meses acompañado de un escolta, según relataron algunos vecinos.

La explosión afectó de lleno al edil, que quedó tendido sin vida entre dos coches aparcados en batería. Juan María Quintana, el escolta, se encontraba a unos cinco metros del edil cuando se produjo la explosión. Testigos presenciales vieron al ertzaina apoyado en un coche “con la cara ensangrentada”. La onda expansiva había causado importantes destrozos en varios automóviles y roto los cristales de numerosas viviendas.


Una unidad medicalizada de Osakidetza trasladó al ertzaina al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu, donde ingresó con síndrome por onda expansiva, heridas múltiples por metralla en buena parte del cuerpo y traumatismo ocular, según el primer parte emitido por el servicio de urgencias.

El cadáver de Manuel Zamarreño, séptimo concejal del Partido Popular muerto en atentado en poco más de tres años, permaneció tumbado en el suelo, cubierto por una manta, por espacio de dos horas y media, hasta que el juez ordenó su levantamiento.

Manuel llevaba poco más de un mes en la concejalía que había ocupado José Luis Caso, pues tomó posesión de la misma el 21 de mayo. Ambos habían sido compañeros en Astilleros Luzuriaga durante veinticuatro años. Por amistad con José Luis, Manuel se había afiliado al PP en 1995 y había aceptado ir tercero en las listas de Rentería, una localidad con fuerte presencia de proetarras radicales. Poco antes de morir, Zamarreño explicó el motivo por el que decidió sustituir a José Luis: “Es un homenaje a mi amigo y compañero José Luis. Lo tenía decidido desde el principio, lo dije en su día, cuando me lo propusieron en Irún, y no he cambiado de opinión en ningún momento. No he tenido ninguna duda, siempre he estado convencido.”

En la toma de posesión, Zamarreño acusó directamente a los cinco ediles de Herri Batasuna de haber facilitado información a la banda terrorista para llevar a cabo el asesinato de su antecesor en el puesto. Según denunció Zamarreño, Caso no era conocido en Rentería, ya que residía en Irún, una población cercana, por lo que los concejales de HB habían tenido que actuar como un “comando de información de ETA” para que la banda lo asesinase. Estas acusaciones dieron lugar a la presentación contra Zamarreño de una demanda por calumnias de los ediles de HB, lo que retrasó la toma de posesión de su cargo.

Desde el momento en que decidió sustituir a Caso, Zamarreño sufrió todo tipo de amenazas y coacciones, una auténtica campaña de acoso y derribo que desembocó en su asesinato. Primero le quemaron su vehículo. Después, siguió una campaña de difamación, el reparto de carteles vejatorios con su fotografía, pintadas con su nombre en una diana… Ante esta situación, Zamarreño declaró a la prensa: “Aquí he nacido y aquí me quedo”. Manuel tuvo el coraje de quedarse en Rentería, a pesar del asesinato de su amigo José Luis y de que la edil popular, Concepción Gironza, tuvo que marcharse del País Vasco después de que ETA colocara una bomba en su domicilio particular, y en el de otros cuatro cargos públicos del PP, el 1 de abril de ese mismo año.

Es la triste realidad de muchos cargos público del PP, realidad que, por desgracia, no ha cambiado. El 20 de mayo de 2011, María Ángeles Bastos, concejal del PP en el Ayuntamiento de Rentería, denunció en COPE la situación que vive desde hace trece años. Desde el momento en que entró en política, la han despedido de todos los empleos. A sus 54 años trabaja limpiando casas y ha tenido que buscar empleo como asistenta fuera de su pueblo. Tiene que asistir a esas casas donde limpia acompañada por sus guardaespaldas. “Trabajo fuera de Rentería, en Rentería no puedo trabajar, si alguna vez me han ofrecido un trabajo, me he tenido que buscar una excusa para no hacerlo. Trabajo fuera y nadie sabe quién soy”, declaró en la emisora. María Ángeles Bastos es, junto a Lucía Peralta, una de las dos concejalas del PP en Rentería. Bastos tomó la decisión de presentarse al Ayuntamiento de su pueblo en una época en que acababan de asesinar a Manuel Zamarreño y, al igual que él, ha sufrido los ataques de los proetarras, que le han quemado el coche y han llenado de pintadas su fachada. En esa situación, la noticia de que el Tribunal Constitucional había desestimado la ilegalización de Bildu, permitiendo su acceso a las urnas, ha sido algo “muy desagradable” para María Ángeles. “Ha sido un palo muy grande, como si volviéramos al año 99 en que no se respetaban los carteles de publicidad y estaba todo lleno de pintadas”, resaltó.

En el asesinato de Manuel Zamarreño participó, presuntamente, uno de los etarras más sanguinarios de la banda, Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote. Con mayor o menor grado de participación, las Fuerzas de Seguridad le consideran implicado en catorce asesinatos, entre ellos, y como autor material, en el de Miguel Ángel Blanco.

Manuel Francisco Zamarreño Villoria, de 42 años, estaba casado con Marisol Fernández y tenía cuatro hijos: Jon, Joseba, Naiara e Imanol. Zamarreño, de profesión calderero, se encontraba en paro en el momento en el que decidió ocupar el sillón municipal que había dejado su amigo José Luis Caso. Un año después, su viuda formó parte de las listas del PP en las elecciones municipales por la localidad de Lasarte: “Doy el paso por mi marido. Yo no podía quedarme en casa como si no pasase nada”.

Manuel Zamarreño fue la sexta y última víctima asesinada por la banda terrorista en 1998 tras José Ignacio Iruretagoyena Larrañaga, Alberto Jiménez-Becerril y su esposa, Ascensión García, Tomás Caballero Pastor, y el guardia civil en la reserva activa Alfonso Parada Ulloa.

El asesinato de Zamarreño fue, además, el último antes de que la banda asesina ETA declarase una tregua indefinida el 16 de septiembre de 1998, como contrapartida al acuerdo suscrito con el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna. Las bases de la tregua se rompieron en julio de 1999, aunque ETA no hizo pública su decisión hasta diciembre de ese año. El 21 de enero de 2000 ETA asesinaba en Madrid al teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco García. Era el inicio de una nueva escalada de la banda que en ese año asesinó a veintitrés personas.
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13 de marzo de 2012

ALFONSO PARADA ULLOA (Vitoria, Alava, España)

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El 8 de mayo de 1998, un etarra disparaba en la cabeza al subteniente retirado de la guardia civil, ALFONSO PARADA ULLOA. Trasladado por una UVI móvil al Hospital Txagorritxu murió la madrugada del día siguiente, 9 de mayo. El disparo entró por su sien izquierda y salió por la derecha y, aunque en un primer momento los equipos de urgencias del hospital vitoriano barajaron la posibilidad de una intervención quirúrgica, finalmente la descartaron dada la gravedad de la herida.
Alfonso Parada fue tiroteado a escasos metros de su domicilio por un individuo joven que le disparó a la cabeza a corta distancia. Eran aproximadamente las dos de la tarde. El atentado se produjo en la calle de las Juntas Generales, donde vivía la familia Parada Ulloa, y a menos de cien metros de la comisaría de la Ertzaintza.

El dueño de una tienda situada a escasos metros del lugar del atentado avisó por el portero automático a la familia del herido. Su hijo bajó de inmediato y se mantuvo agachado junto al cuerpo de su padre hasta la llegada de la UVI móvil que le trasladó al hospital. El nieto de la víctima, que se encontraba jugando cerca del lugar del atentado, también presenció la imagen de su abuelo herido y tirado en la calle. El niño iba a hacer la primera comunión el fin de semana siguiente.

La capilla ardiente por el subteniente asesinado se instaló al mediodía del 9 de mayo en la Subdelegación del Gobierno. En ella permaneció unos minutos el presidente del Gobierno, José María Aznar, que había acudido a Vitoria para arropar a Carlos Iturgaiz en su presentación como candidato del PP a lehendakari. Acompañaban a Aznar los ministros de Trabajo, Javier Arenas; Interior, Jaime Mayor, y Agricultura, Loyola de Palacio, además de varios altos cargos.

El pleno que celebró el Ayuntamiento de Vitoria por la mañana para convocar la manifestación y decretar el duelo oficial tuvo momentos tensos. El portavoz del PP, Alfredo Marco Tabar, amigo íntimo de la víctima, fue el más duro con los ediles de HB. “Mientras no oiga de vuestros labios una expresión no ya de condena, pero al menos de lamento, no oirás de los míos otras que el desprecio y no volveré a escuchar las tuyas”, le espetó al edil de Batasuna José Enrique Bert. Cuando el portavoz radical fue a intervenir, los populares y los del PSE y UA se volvieron de espaldas. Todos los grupos mostraron su indignación e insistieron, sin resultado, en que HB pronunciase una condena. Cuando el alcalde, José Ángel Cuerda (PNV), ordenó traducir al castellano las palabras en euskera de Enrique Bert, los populares dejaron la sala.

Ese mismo 9 de mayo centenares de ciudadanos de toda España salieron una vez más a la calle para mostrar su repudio y su condena por los últimos atentados de ETA. Unas 35.000 personas, según fuentes de la Policía Municipal, recorrieron el centro de Vitoria tras celebrarse el funeral por el alma de Alfonso Parada. El llamamiento efectuado por la mañana por el Ayuntamiento de la ciudad encontró la respuesta masiva de los ciudadanos. El lehendakari, José Antonio Ardanza, recibió críticas por no participar ni en la manifestación ni en el funeral, alegando que tenía que estar presente en la marcha contra el trabajo infantil, que ese mismo día llegaba a Vitoria. No obstante en representación del Gobierno vasco acudió el vicelehendakari, Juan José Ibarretxe, quien estuvo acompañado por varios ministros, entre ellos el de Interior, Jaime Mayor Oreja. Una pancarta con la leyenda en euskera y castellano “Nahikoa da. Bakea nahi dugu” (Basta ya. Queremos la paz) encabezaba la manifestación. En varias fases, los ciudadanos rompieron el silencio para gritar “ETA mata y el diálogo remata” y “No son vascos, son asesinos”. En Madrid, Sevilla, Zaragoza, Gijón, Valencia, Burgos y otras ciudades se celebraron concentraciones silenciosas encabezadas por presidentes autonómicos, alcaldes y dirigentes de todos los partidos políticos democráticos.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) criticó ese mismo día al presidente del Gobierno, José María Aznar, por “lanzar ofertas de generosidad a los terroristas”. Luis Delgado, secretario general de la asociación, criticó además al PNV por mantener contactos con Herri Batasuna y denunció que, a juicio de la AVT, hay “víctimas de primera y de segunda. Para unas la clase política sale, se manifiesta y arropa a la familia o a la víctima, y en otros casos apenas reciben el apoyo obligatorio por parte de los dirigentes de este país”, afirmó.

En 2002 la Audiencia Nacional condenó a José María Novoa, Igor Martínez de Osaba Arregui y Alicia Sáez de la Cuesta a 29 años de prisión como autores materiales del asesinato de Alfonso Parada. El autor del disparo mortal fue Igor Martínez de Osaba, mientras Alicia Sáez de la Cuesta le cubrió en la acción. José María Novoa les esperaba en un coche para emprender la huida.
Alicia Sáez de la Cuesta fue también condenada por el intento de asesinato del entonces presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne. Ella y la etarra Nerea Garaizar San Martín tenían previsto realizar el atentado mediante la utilización de un coche-bomba. Su detención a finales de marzo de 2001 impidió que el mismo se llevase a cabo.
Alfonso Parada Ulloa de 62 años, era subteniente en la reserva de la Guardia Civil y amigo del portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Vitoria, Alfredo Marco Tabar. Su nombre había aparecido en varias listas intervenidas a grupos etarras desarticulados, circunstancia de la que Alfonso estaba informado. Sus vecinos desconocían si adoptaba alguna medida de autoprotección, aunque sí señalaron que mantenía “costumbres muy fijas”, entre ellas la de salir a primera hora de la tarde y desplazarse hasta una localidad en las afueras de Vitoria para dedicarse a su afición: el cuidado de los pájaros. Era natural de La Melide (La Coruña) aunque vivía en Vitoria desde 1976. Estuvo destinado como comandante del puesto del Abetxuco, y desde 1986, en el cuartel de Sansomendi, en la Unidad de Intervención de Armas y Explosivos. Tres años antes de ser asesinado había pasado a la reserva. Estaba casado y tenía un único hijo, Nacho, de 32 años, que trabajaba como vigilante jurado, y un nieto de corta edad.

12 de marzo de 2012

TOMÁS CABALLERO PASTOR (Pamplona, Navarra, España)

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El miércoles 6 de mayo de 1998, la banda terrorista volvía a asesinar a un político, TOMÁS CABALLERO PASTOR, portavoz de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Ayuntamiento de Pamplona. Dos etarras le dispararon dos tiros a través de la ventanilla del conductor de su vehículo, estacionado en las inmediaciones de su vivienda en la capital Navarra, cuando acababa de ponerlo en marcha. Los proyectiles impactaron en la cabeza y en la cara del edil. Eran aproximadamente las nueve y cuarto de la mañana.
Como todos los días laborables desde que en julio de 1995 tomó posesión de su cargo en el Consistorio pamplonés, Tomás se dirigía al Ayuntamiento para realizar su labor como portavoz de su grupo municipal. Poco antes, como era su costumbre, había comprado el periódico. Tomás iba acompañado por una vecina a la que regularmente llevaba hasta su trabajo, en el centro de Pamplona.

Un testigo precisó que la víctima miró los bajos de su automóvil antes de subir al mismo. El coche estaba equipado con un sistema de alarma para prevenir que fuera abierto por extraños. Este dispositivo fue instalado en el vehículo después de que ETA iniciase su campaña de atentados contra ediles del PP. Además, el fallecido había participado recientemente en un curso de autoprotección, impartido por miembros de las FSE para cargos públicos ante el temor a sufrir un atentado. Apenas se puso en marcha el coche, dos individuos se acercaron al mismo y uno de ellos disparó dos tiros contra el concejal. El automóvil del edil continuó la marcha hasta chocar con otro vehículo estacionado muy cerca. Tras efectuar los disparos, los dos terroristas huyeron a pie en direcciones opuestas.
Su hijo José Carlos oyó los disparos desde su casa, avisó a la policía municipal y bajó corriendo a la calle. Cuando llegó al coche, un repartidor mañanero de propaganda había entrado en el vehículo de Tomás e intentaba taponar el orificio abierto por la bala en el cuello de la víctima. José Carlos entró por la otra puerta y le cogió la mano, y no dejaba de hablarle mientras le tomaba el pulso. Estuvieron con él hasta que llegó la ambulancia.
El concejal, gravemente herido, fue trasladado al Hospital de Navarra donde falleció una hora después, en torno a las 10:45 horas. Según el parte médico facilitado por el centro, Tomás ingresó en el servicio de Urgencias con parada cardiorrespiratoria y heridas por arma de fuego. Una de ellas, con orificio de entrada en la parte izquierda de la mandíbula y salida por la cara derecha del cuello. La otra bala quedó alojada en la barbilla.
El día que ETA asesinó a José Ignacio Iruretagoyena, el 9 de enero de ese mismo año, Tomás Caballero tomó la palabra en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde se debatía una moción de condena por el asesinato, y se dirigió a los tres representantes de Herri Batasuna que anunciaron su abstención en la votación: “Debemos plantar cara no sólo a los asesinos, sino también a quienes les jalean, les apoyan y nunca les condenan. Me estoy refiriendo a los miembros de HB“. Y agregó en tono emocionado: “Gritarán mucho en la calle, porque es fácil (…).Ustedes, por eso, lo que quieren es matar y seguir matando para que de esa forma nos aterroricemos. Quieren que nos aterroricemos y que nos vayamos. Pero no nos hemos de ir, porque tenemos una obligación para con nosotros, para el pueblo que nos ha elegido y para las futuras generaciones a las que tenemos que conseguir dejar en paz y libertad. A los que tenemos una determinada edad, como la que tengo yo, nos tocó luchar contra una dictadura y luchamos, y salimos adelante. No nos van a amedrentar en este momento con otra dictadura”.
Herri Batasuna intentó entonces que Caballero rectificara y se querelló contra él por injurias y calumnias, pidiéndole 90 millones de indemnización. El juez de Instrucción número 3 de Pamplona archivó la querella en abril de ese mismo año, un mes antes de su asesinato, al estimar que esas manifestaciones se enmarcaban en el principio de la libertad de expresión. El diario Egin publicó su fotografía junto a un titular que decía: “El archivo de la querella a Caballero legaliza la calumnia a HB”. Sus familiares y amigos vieron en esa querella una especie de señalamiento que precedió a su asesinato días después.
Caballero era consciente del riesgo que corría, y lo fue hasta el último día. Hacía unos días que había hablado con un amigo sobre los últimos atentados a concejales del PP. Él le había dicho: “Hay que ser fiel a lo que uno sea, y yo soy así. Que hagan lo que quieran“.
Comisiones Obreras de Navarra, tras condenar el asesinato de Tomás, exigió al grupo municipal de HB, “que recientemente llevó a Caballero a los tribunales, porque éste les acusó de complicidad con el terrorismo, que demuestren que éste se equivocaba“. Por su parte, el concejal de IU en el Ayuntamiento de Pamplona, José Javier Echevarría, relató que cuando HB puso la querella le preguntó a un concejal de la coalición radical si “asumirían este hecho si, desgraciadamente, lo que yo no quería creer y hoy ha ocurrido, ocurría. La respuesta fue fría, me dijo que si ocurría sería ‘un efecto del conflicto’“.
El día del pleno de condena del asesinato del concejal Caballero, ya sin cámaras, el concejal de Herri Batasuna Koldo Lakasta se acercó a José Javier Echeverría, portavoz de IU, y le susurró: “Ya le avisamos cuatro veces para que rectificara”.
En 2003 la Audiencia Nacional condenó a 30 años de prisión mayor por el asesinato de Tomás Caballero a los etarras Francisco Javier Ruiz Romero, Mikel Javier Ayensa Laborda y Alberto Viedma Morillas.
Tomás Caballero Pastor tenía 63 años y era natural de Alfaro (La Rioja), aunque residió en Navarra prácticamente toda su vida. Estaba casado con Pilar Martínez. Era padre de cinco hijos y abuelo de ocho nietos. Presidió en los años 60 y 70 el Consejo de Trabajadores de Navarra contra el sindicato vertical. Fue concejal y alcalde en los años 70, por lo que se llamaba entonces tercio sindical. Volvió al sindicalismo independiente durante unos años y, desde 1995, fue concejal en Pamplona por UPN hasta que lo mataron. Era el sexto concejal asesinado por ETA desde 1995, y el primero de UPN, formación que a partir de las elecciones de 1991 estaba coaligada con el Partido Popular. El último político municipal asesinado en Navarra había sido el alcalde de Etxarri-Aranatz, Jesús Ulayar, en enero de 1979.
En 2007, con motivo del noveno aniversario de la muerte de su padre, María Caballero dijo que su familia “seguirá reivindicando memoria, dignidad y justicia” para todas las víctimas del terrorismo. La Fundación Tomás Caballero que nació “para mantener su memoria, como una parte de la memoria colectiva, con el reconocimiento de la persona, su pensamiento y su acción social”, tiene como objetivo rendir “homenaje de gratitud a todas las víctimas de ETA. Porque más allá de los cargos representativos, los uniformes o la profesión de las víctimas, los terroristas asesinan a una persona con su familia, sus ilusiones, su futuro, su dignidad“. En la lápida donde descansan los restos de Tomás en el cementerio de Pamplona pude leerse la siguiente inscripción: “Murió por lo que había vivido: la libertad, la justicia y la paz. Sigues vivo entre nosotros. D.E.P.”.

30 de enero de 2012

ASCENSIÓN GARCÍA ORTIZ (Sevilla, Sevilla, España)

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El asesinato en Sevilla el 30 de enero de 1998 del matrimonio formado por ALBERTO JIMÉNEZ BECERRIL y ASCENSIÓN GARCÍA ORTIZ causó una enorme conmoción en todos los españoles de bien. El matrimonio volvía de cenar con unos amigos cuando dos miembros de ETA les dispararon por la espalda en una céntrica calle sevillana provocándoles la muerte casi en el acto. Cada terrorista llevaba una pistola y, como se supo posteriormente en el juicio, acordaron que uno de ellos dispararía contra el edil y el otro contra su mujer para evitar que sus gritos alertaran al vecindario. Con el objeto de sincronizar su acción, los asesinos determinaron que contarían hasta tres e inmediatamente abrirían fuego contra las víctimas sin darles opción a defenderse.
Ascensión García Ortiz tenía 39 años, era licenciada en Derecho y trabajaba en un despacho de abogados como procuradora de los tribunales. Dejaban huérfanos a tres niños: Ascensión (9 años), Alberto (6 años) y Clara (5 años).
En junio de 1999 la Audiencia Nacional condenó a José Luis Martín Barrios y a Mikel Azurmendi como autores del doble asesinato a 30 años de reclusión mayor. Fueron detenidos en marzo del 98 y declararon que, tras el asesinato del matrimonio, se trasladaron a un piso franco y celebraron su acción “con una cena especial y sidra” en unión de la etarra María Teresa Pedrosa. 

ALBERTO JIMÉNEZ BECERRIL (Sevilla; Sevilla, España)

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El asesinato en Sevilla el 30 de enero de 1998 del matrimonio formado por ALBERTO JIMÉNEZ BECERRIL y ASCENSIÓN GARCÍA ORTIZ causó una enorme conmoción en todos los españoles de bien. El matrimonio volvía de cenar con unos amigos cuando dos miembros de ETA les dispararon por la espalda en una céntrica calle sevillana provocándoles la muerte casi en el acto. Cada terrorista llevaba una pistola y, como se supo posteriormente en el juicio, acordaron que uno de ellos dispararía contra el edil y el otro contra su mujer para evitar que sus gritos alertaran al vecindario. Con el objeto de sincronizar su acción, los asesinos determinaron que contarían hasta tres e inmediatamente abrirían fuego contra las víctimas sin darles opción a defenderse.
En junio de 1999 la Audiencia Nacional condenó a José Luis Martín Barrios y a Mikel Azurmendi como autores del doble asesinato a 30 años de reclusión mayor. Fueron detenidos en marzo del 98 y declararon que, tras el asesinato del matrimonio, se trasladaron a un piso franco y celebraron su acción “con una cena especial y sidra” en unión de la etarra María Teresa Pedrosa.
Alberto Jiménez Becerril, licenciado en Derecho e Historia, tenía 37 años y era concejal del PP en Sevilla, teniente de alcalde y hombre de confianza de la alcaldesa, Soledad Becerril. 

9 de enero de 2012

JOSÉ IGNACIO IRURETAGOYENA LARRAÑAGA (Zarauz, Guipúzcoa, España)

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El 9 de enero de 1998, era asesinado en Zarauz (Guipúzcoa) el concejal JOSÉ IGNACIO IRURETAGOYENA, cuarto edil del PP vasco que moría víctima de ETA desde que Gregorio Ordóñez, con el que había mantenido una estrecha relación, recibió un tiro en la cabeza en 1995. Además de ser uno de los dos concejales que el PP consiguió en Zarauz en mayo de 1995, José Ignacio era maderero de profesión.
Dos días antes del atentado que le costó la vida, Gervasio Jáuregui, uno de los militantes históricos del PP vasco, paró a José Ignacio y le regañó por haber renunciado a llevar escolta: “No puedes ir de un lado a otro sin escolta; las cosas están muy mal”. José Ignacio le contestó con una pregunta: “¿A mí qué me va a pasar?”.
Durante la noche del 9 de enero, los terroristas forzaron la puerta del copiloto de su vehículo y colocaron bajo el asiento del conductor una bomba activada con un temporizador. Iruretagoyena salió de su domicilio, en el barrio de Pilartxo Enea de la localidad guipuzcoana, a las siete y media de la mañana. A los pocos minutos, paró a desayunar en el Bar Gaztelu. Luego reemprendió su camino hacia la empresa de su familia, Maderas Iruretagoyena. Llegó a recorrer más de un kilómetro con la bomba colocada bajo su asiento. La explosión provocó que el cuerpo de José Ignacio quedase mutilado, con la pierna y el brazo izquierdo amputados, el resto del cuerpo destrozado y el corazón roto.
El 10 de enero de 2001, durante un homenaje a José Ignacio Iruretagoyena, ETA intentó asesinar a los líderes del PP vasco colocando una bomba -escondida en una maceta junto a la tumba del edil- que debía ser accionada con un mando a distancia. Carlos Iturgáiz, entonces presidente del PP del País Vasco, declaró que, según le había informado la Ertzaintza, un fallo en el mando a distancia evitó que explotase el artefacto mientras la dirección de los populares y familiares del concejal asesinado participaban en el acto homenaje en el cementerio de Zarauz.
En 2006 la Audiencia Nacional condenó a Gregorio Escudero a 42 años de prisión por haber facilitado la información que permitió cometer el atentado. En diciembre de 2009 se condenó a los etarras Javier García Gaztelu, alias Txapote, e Irantzu Gallastegui Sodupe, alias Amaia, a 46 años por el mismo asesinato. Ambos son dos de los etarras con un historial más sangriento dentro de la banda terrorista, y autores de algunos de los asesinatos que más han conmocionado a la sociedad española, como el de Miguel Ángel Blanco, del que fueron autores materiales.
José Ignacio Iruretagoyena tenía 35 años, estaba casado con María José Imaz y tenía dos hijos de 3 años y seis meses, Mikel y Eneko.

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