El Mapa del Olvido

21 de abril de 2012

MANUEL INDIANO AZAUSTRE (Zumárraga, Guipúzcoa, España)

Filed under: 2000, Agosto, Guipúzcoa, Javier Makazaga (ETA), Sin esclarecer, Zumárraga — Fer Altuna Urcelay @ 15:15

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Poco después de las diez de la mañana del martes 29 de agosto de 2000, la banda terrorista ETA asesinaba en Zumárraga (Guipúzcoa) al concejal del Partido Popular en la localidad MANUEL INDIANO AZAUSTRE, cuando se encontraba solo atendiendo un comercio de golosinas de su propiedad. Los terroristas, miembros del grupo Buruntza de ETA, lo acribillaron disparándole hasta catorce disparos, de los que al menos siete impactaron en el pecho y el abdomen, causándole la muerte.
Después de trabajar durante algún tiempo en una empresa en Urrechu, Manuel se había quedado en el paro y decidió adquirir, en régimen de traspaso, un pequeño negocio en la calle Islas Filipinas de Zumárraga. Después de realizar reformas en el local lo había abierto al público dos meses antes de ser asesinado. El Kokolo era una tienda donde se vendían golosinas, revistas y pan. Cuando los terroristas entraron en la tienda, el edil intentó huir, refugiándose en la trastienda, pero los etarras lo siguieron y le acribillaron a disparos. Un cliente lo encontró tendido agonizando en el suelo de la parte trasera del negocio. Trasladado al Hospital Comarcal de Zumárraga, los médicos intentaron reanimarlo, pero no pudieron hacer nada y certificaron su muerte una hora después del ingreso.

Indiano no llevaba escolta desde el 3 de abril de ese mismo año. Renunció a ella, pese a las recriminaciones de sus compañeros de partido, por considerarla incompatible con la venta de dulces a los niños. El edil había barajado la posibilidad de dejar el Ayuntamiento, pero no se decidió a tiempo.
Manuel Indiano no era militante del Partido Popular, pero había concurrido como independiente en el puesto número seis de las listas populares. Tras las elecciones, el PP sacó dos concejales en Zumárraga, pero el segundo en la candidatura, Faustino Villanueva, renunció a su cargo alegando incompatibilidad con su trabajo en Proyecto Hombre, institución dedicada a la rehabilitación de drogodependientes. Las tres mujeres que le precedían en la lista renunciaron a reemplazarlo, por lo que Indiano ocupó el puesto de Villanueva. Llevaba sólo seis meses ejerciendo cuando fue asesinado.
ETA reivindicó el asesinato mediante un comunicado enviado al diario Gara el 22 de septiembre en el que decía que Indiano había sido traído de España por el PP “para rellenar su lista”. En el mismo comunicado la banda terrorista reivindicó el atentado contra José Ramón Recalde el 14 de septiembre de 2000, que sobrevivió al atentado pese a recibir un disparo en la cabeza.
Los padres del concejal, que vivían en Madrid decidieron no viajar a Zumárraga el día de su asesinato debido a que estaban muy afectados. Sí se trasladaron hasta la localidad una hermana y un hermano del fallecido, quienes velaron su cadáver en el tanatorio del cementerio de Polloe, donde se le practicó la autopsia. La familia decidió que las honras fúnebres por Manuel Indiano se celebraran al día siguiente, 30 de agosto en Madrid. En Zumárraga también se celebró el 30 de agosto una misa en recuerdo del edil asesinado.
Tras el pleno del Ayuntamiento de Zumárraga en el que representantes del PP y del PSOE increparon a los de Euskal Herritarrok, se celebraron dos manifestaciones. Por un lado, socialistas y populares se manifestaron bajo el lema “ETA, basta ya”. Por otro, los nacionalistas, con la pancarta “ETA, déjalo. El pueblo tiene la palabra”.
Diez años después del asesinato, en noviembre de 2010, la Audiencia Nacional condenó a 31 años y 6 meses de prisión a Francisco Javier Makazaga por el asesinato de Manuel Indiano. La sentencia da por probado que Makazaga y otros dos etarras no identificados dispararon “no menos de 14 veces, al menos seis de ellas por la espalda” al concejal cuando se encontraba en su establecimiento. Destaca, además, que el etarra debe ser condenado al máximo legal dada “la saña” empleada en su muerte. Los magistrados han tenido en cuenta a la hora de dictar sentencia la situación de absoluta desprotección de la víctima y el lugar donde se ejecutó el atentado, “una tienda de golosinas y pan a la que acuden menores”, y califican al asesino como alguien “frío, carente de toda empatía y del más mínimo rasgo de humanidad. Entre las pruebas valoradas por el tribunal para la condena, se encuentra una carta remitida por el etarra tras su detención, un año después de los hechos, a la dirección de ETA en Francia en la que había escrito de su puño y letra: “Los tres hicimos lo de Indiano”.
En una carta remitida a los medios de comunicación en octubre de 2010, cuando el juicio quedó visto para sentencia, la viuda de Indiano dijo:
“(…)Tras 10 años del asesinato de mi marido Manuel Indiano, hoy la justicia ha sentado en el banquillo a uno de sus asesinos, a los cuales digo alto y claro que nunca les perdonaré el asesinato de Manuel, como tampoco el dolor y daño causado a mi familia y a mí misma como consecuencia de tan vil asesinato. Pido a los jueces que caiga sobre este asesino todo el peso de la Ley, ya que a mi marido lo asesinaron a traición sin darle la oportunidad de defenderse, ellos se benefician de nuestra democracia, hoy tienen un juicio justo. Por eso no se les debe de conceder ninguna clemencia. Pido al Gobierno que en nombre de mi marido no se ceda al chantaje de los terroristas, a Manuel lo asesinaron por defender España, y el gobierno de su país no puede ni debe mancillar su memoria trapicheando con sus asesinos. Pido a Instituciones Penitenciarias que no apliquen ningún privilegio a este asesino, bastantes beneficios a los terroristas hemos tenido que soportar las víctimas del terrorismo. Pido al Ministro de Interior que este asesino cumpla condena en la cárcel más lejana al País Vasco, no me importa que los familiares de este asesino tengan que hacer cientos de kilómetros para ver a su hijo, ellos lo verán con vida, mi hija y yo hacemos también cientos de kilómetros para poner flores en una tumba, espero no tener que ver al Ministro diciendo que este terrorista no es de ETA como lo ha hecho este verano con otros compañeros de pistolas del asesino de mi marido”.
Manuel Indiano Azaustre, de 29 años, era natural de Madrid, donde fue enterrado. En esa ciudad estudió electrónica y se trasladó a Zumárraga tras iniciar una relación con Encarnación Carrillo, que trabajaba entonces como limpiadora en el Ayuntamiento de la localidad. Encarnación estaba embarazada de siete meses cuando asesinaron a Manuel. Debido al estado en que se quedó al enterarse del asesinato de Manuel, los médicos decidieron que ingresara en observación en el Hospital de Zumárraga. A lo largo de toda la mañana se acercaron al centro hospitalario representantes políticos, como la presidenta del PP en Guipúzcoa, María San Gil, los socialistas Rodolfo Ares y Manuel Huertas, Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, además del portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar.
La hija de Manuel y Encarnación, María, nació en octubre de 2000. La concejala de Bienestar Social de Zumárraga, Usua Busca, de Eusko Alkartasuna (EA) se volcó a la hora de ayudar a Encarnación, hasta el punto de amadrinar a la hija del edil asesinado. Este fue el motivo por el que el entorno proetarra inició una campaña de acoso y derribo contra ella, que tomó la decisión de dimitir como concejala en enero de 2002. Usua Busca no asistió al pleno en el que se formalizó su renuncia, pero se leyó una carta en la que explicaba que dejaba su cargo debido a las amenazas sufridas por ella y su familia. Entre otras, un falso aviso de bomba en su domicilio y manifestaciones delante de su casa de simpatizantes de ETA. Encarnación acabó poniendo tierra por medio y se instaló en Andalucía, con su hija Ayeisha, nacida de un matrimonio anterior, y la pequeña María.

JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS (Sallent de Gállego, Huesca, España)

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A las seis de la mañana del domingo 20 de agosto de 2000, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad de Sallent de Gállego (Huesca) a los guardias civiles IRENE FERNÁNDEZ PERERA y JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS, mediante una bomba-lapa colocada en el coche oficial en el que se disponían a iniciar su ronda diaria. La agente Fernández Perera, cuyo cuerpo salió despedido a diez metros del lugar de la explosión, murió en el acto, mientras que su compañero de patrulla, el guardia civil José Ángel de Jesús, falleció mientras era trasladado en ambulancia hasta el Hospital Provincial San Jorge de Huesca. El artefacto estaba provisto de un temporizador, un dispositivo antimovimiento y tres kilos de dinamita.

José Ángel de Jesús Encinas, de 22 años, era natural de Talavera de la Reina (Toledo), donde más de cinco mil personas asistieron a su despedida. Tras los oficios religiosos, el cuerpo sin vida del joven guardia civil fue conducido al cementerio municipal para recibir sepultura en la intimidad por expreso deseo de la familia. José Ángel, hijo de guardia civil, ingresó en el Instituto Armado con 17 años. Llevaba tres meses en Sallent de Gállego y quería ingresar en el Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Anteriormente estuvo dos años destinado en Hinojosa de San Vicente (Toledo), localidad que le nombró hijo adoptivo pocas semanas después de su asesinato. José Ángel era un gran deportista y defendió durante ocho años la portería del equipo de fútbol Barrio Santa María, que pasó luego a llamarse Unión Deportiva Talavera. El 21 de diciembre de 2005 se inauguró en su localidad natal el Complejo Deportivo José Ángel de Jesús Encinas.

Los dos guardias civiles se disponían a realizar la ronda de vigilancia que tenían asignada aquel día. Para ello se dirigieron, poco después de las 6:00 horas, hacia el todoterreno oficial aparcado en la plaza del Valle de Tena, donde los agentes solían estacionar los coches-patrulla, al carecer el acuartelamiento de aparcamiento suficiente para estacionar todos los vehículos. Esta circunstancia fue aprovechada por el etarra José Ignacio Guridi Lasa para colocar la bomba-lapa en los bajos del todoterreno. En cuanto la agente Irene Fernández puso en marcha el Nissan Patrol, la bomba explotó dejando el coche partido en dos y hecho un amasijo de hierros.


La gran explosión despertó a los habitantes de la tranquila y turística localidad de Sallent de Gállego, en el Pirineo Aragonés. “El estallido ha sido estremecedor, ha conmocionado al pueblo”, declaró el alcalde, el socialista José Luis Sánchez, que fue de los primeros en llegar al lugar del atentado. “Han matado a dos jóvenes, esto es lo más doloroso”, dijo todavía emocionado, añadiendo que el atentado no tenía explicación “ni en Sallent ni en ningún otro sitio del país” y confió en que la democracia fuese fuerte y sepa “sobreponerse de estos golpes”.

Cerca del lugar del atentado se efectuó, alrededor de las diez de la mañana, una explosión controlada al sospecharse de un vehículo, un Ford Sierra con la matrícula doblada, que resultó ser una falsa alarma.

El director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, se desplazó hasta la localidad “para estar con los compañeros de las dos víctimas y compartir con ellos el dolor. Hoy estamos aquí para llorar y honrar a dos jovencísimos guardias civiles, que han muerto cumpliendo con su deber. Han demostrado que los hombres y mujeres de la Guardia Civil hacen bueno el juramento de cumplir con su deber hasta la muerte si fuera necesario. Hoy es día de dolor, pero a partir de mañana la muerte de estos dos jóvenes guardias será un acicate para la Guardia Civil para seguir en la lucha contra ETA. Que los ciudadanos tengan la seguridad de que terminaremos ganando”. También acudieron a Sallent el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y el vicepresidente, José Ángel Biel.

La capilla ardiente con los restos mortales de los dos guardias civiles se instaló en el Salón del Trono de la Subdelegación del Gobierno en Huesca. Durante las primeras horas de la tarde fueron llegando a la capital oscense los familiares de las dos víctimas, que precisaron ser asistidos por psicólogos de la Cruz Roja. El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, tras visitar la capilla ardiente, se refirió a “la gran proeza de ETA, de lo que debe estar muy orgullosa, matar a dos españoles de 22 y 32 años, a dos jóvenes guardias civiles”.

Al día siguiente se celebró en la catedral de Huesca un solemne funeral, tras el cual los féretros fueron trasladados a las localidades natales de los dos guardias civiles asesinados. El Gobierno de Aragón decretó tres días de luto oficial y se realizaron numerosas concentraciones y manifestaciones de repulsa por toda la geografía aragonesa y del resto de España.

En su sentencia de 2004 la Audiencia Nacional especifica que el entonces máximo responsable del aparato militar de la banda, Javier García Gaztelu, alias Txapote, era quien daba instrucciones al grupo Ttotto de ETA (que toma su nombre del alias de José Luis Geresta Mujika, uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco) para cometer atentados, entre ellos el de Sallent de Gállego. Así se desprende de la documentación incautada tras la detención del etarra. En la misma sentencia se condena a José Ignacio Guridi Lasa, detenido en Ordicia en febrero de 2001, a 75 años de prisión por el asesinato de los dos guardias civiles.

En abril de 2011 se sentaron en el banquillo por este asesinato Javier García Gaztelu, Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, alias Peio, y Asier Arzalluz Goñi, como autores materiales junto con Guridi Lasa. En su escrito de calificación, la Fiscalía relata que Txapote informó a José Ignacio Guridi Lasa, condenado en 2004, de la existencia de un Nissan Patrol de la Guardia Civil en Sallent de Gállego “al que se podía colocar una bomba-lapa en los bajos” porque permanecía fuera del cuartel por falta de espacio. Los etarras se trasladaron en agosto de 2000 hasta el cuartel en un vehículo propiedad de la entonces novia de Aguirrebarrena y, una vez contrastada la información de Txapote, regresaron a Guipúzcoa. Después de que Txapote facilitara en Francia los explosivos a Aguirrebarrena, Guridi Lasa confeccionó la bomba-lapa en una cuadra de cabras que su familia tiene en Cizurquil (Guipúzcoa). El 19 de agosto, Guridi Lasa, Aguirrebarrena y Arzalluz viajaron hasta Sallent de Gállego y a las 23:00 horas, Guridi Lasa colocó la bomba-lapa, tras lo cual regresaron a Guipúzcoa. En mayo de 2011 la Audiencia Nacional condenó a los tres etarras a 75 años de prisión por el asesinato de Irene y José Ángel. El etarra Txapote interrumpió el juicio reclamando “mano dura hasta la independencia”.

IRENE FERNÁNDEZ PERERA (Sallent de Gállego, Huesca, España)

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A las seis de la mañana del domingo 20 de agosto de 2000, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad de Sallent de Gállego (Huesca) a los guardias civiles IRENE FERNÁNDEZ PERERA y JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS, mediante una bomba-lapa colocada en el coche oficial en el que se disponían a iniciar su ronda diaria. La agente Fernández Perera, cuyo cuerpo salió despedido a diez metros del lugar de la explosión, murió en el acto, mientras que su compañero de patrulla, el guardia civil José Ángel de Jesús, falleció mientras era trasladado en ambulancia hasta el Hospital Provincial San Jorge de Huesca. El artefacto estaba provisto de un temporizador, un dispositivo antimovimiento y tres kilos de dinamita.

Irene Fernández Perera, de 32 años, era natural de Las Agüeras (Asturias), en el concejo de Quirós. Acababa de regresar de sus vacaciones en Asturias cuando fue asesinada. Fue la primera guardia del Instituto Armado asesinada por ETA, aunque no la primera mujer miembro de las Fuerzas de Seguridad asesinada por la banda: el 16 de junio de 1981 la banda mató a tiros a la inspectora María José García Sánchez, primera agente de Policía muerta en un atentado terrorista. Irene Fernández, técnica de laboratorio, estaba soltera y era hija única. Ingresó en la Guardia Civil en 1995, y llevaba tres años destinada en Sallent de Gállego, donde era muy apreciada por los vecinos. Una señora recordaba que la guardia civil estaba muy integrada en el pueblo, donde disponía de un apartamento: “Todos estaban muy contentos con ella”. El 22 de agosto las cenizas de Irene Fernández fueron depositadas en el cementerio de Las Agüeras, con la presencia de sus padres, María de los Ángeles Perera y José Antonio Fernández. “Siento odio, impotencia y ganas de hacer lo mismo con los que la mataron. Han matado a mi hija, llena de ilusión y de vida y sólo pido al Gobierno que haga algo”, aseguró la madre de Irene tras su funeral. En octubre de 2000 se inauguró en Gijón una calle con el nombre de la agente asesinada.


Los dos guardias civiles se disponían a realizar la ronda de vigilancia que tenían asignada aquel día. Para ello se dirigieron, poco después de las 6:00 horas, hacia el todoterreno oficial aparcado en la plaza del Valle de Tena, donde los agentes solían estacionar los coches-patrulla, al carecer el acuartelamiento de aparcamiento suficiente para estacionar todos los vehículos. Esta circunstancia fue aprovechada por el etarra José Ignacio Guridi Lasa para colocar la bomba-lapa en los bajos del todoterreno. En cuanto la agente Irene Fernández puso en marcha el Nissan Patrol, la bomba explotó dejando el coche partido en dos y hecho un amasijo de hierros.

La gran explosión despertó a los habitantes de la tranquila y turística localidad de Sallent de Gállego, en el Pirineo Aragonés. “El estallido ha sido estremecedor, ha conmocionado al pueblo”, declaró el alcalde, el socialista José Luis Sánchez, que fue de los primeros en llegar al lugar del atentado. “Han matado a dos jóvenes, esto es lo más doloroso”, dijo todavía emocionado, añadiendo que el atentado no tenía explicación “ni en Sallent ni en ningún otro sitio del país” y confió en que la democracia fuese fuerte y sepa “sobreponerse de estos golpes”.

Cerca del lugar del atentado se efectuó, alrededor de las diez de la mañana, una explosión controlada al sospecharse de un vehículo, un Ford Sierra con la matrícula doblada, que resultó ser una falsa alarma.

El director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, se desplazó hasta la localidad “para estar con los compañeros de las dos víctimas y compartir con ellos el dolor. Hoy estamos aquí para llorar y honrar a dos jovencísimos guardias civiles, que han muerto cumpliendo con su deber. Han demostrado que los hombres y mujeres de la Guardia Civil hacen bueno el juramento de cumplir con su deber hasta la muerte si fuera necesario. Hoy es día de dolor, pero a partir de mañana la muerte de estos dos jóvenes guardias será un acicate para la Guardia Civil para seguir en la lucha contra ETA. Que los ciudadanos tengan la seguridad de que terminaremos ganando”. También acudieron a Sallent el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y el vicepresidente, José Ángel Biel.

La capilla ardiente con los restos mortales de los dos guardias civiles se instaló en el Salón del Trono de la Subdelegación del Gobierno en Huesca. Durante las primeras horas de la tarde fueron llegando a la capital oscense los familiares de las dos víctimas, que precisaron ser asistidos por psicólogos de la Cruz Roja. El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, tras visitar la capilla ardiente, se refirió a “la gran proeza de ETA, de lo que debe estar muy orgullosa, matar a dos españoles de 22 y 32 años, a dos jóvenes guardias civiles”.

Al día siguiente se celebró en la catedral de Huesca un solemne funeral, tras el cual los féretros fueron trasladados a las localidades natales de los dos guardias civiles asesinados. El Gobierno de Aragón decretó tres días de luto oficial y se realizaron numerosas concentraciones y manifestaciones de repulsa por toda la geografía aragonesa y del resto de España.

En su sentencia de 2004 la Audiencia Nacional especifica que el entonces máximo responsable del aparato militar de la banda, Javier García Gaztelu, alias Txapote, era quien daba instrucciones al grupo Ttotto de ETA (que toma su nombre del alias de José Luis Geresta Mujika, uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco) para cometer atentados, entre ellos el de Sallent de Gállego. Así se desprende de la documentación incautada tras la detención del etarra. En la misma sentencia se condena a José Ignacio Guridi Lasa, detenido en Ordicia en febrero de 2001, a 75 años de prisión por el asesinato de los dos guardias civiles.

En abril de 2011 se sentaron en el banquillo por este asesinato Javier García Gaztelu, Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, alias Peio, y Asier Arzalluz Goñi, como autores materiales junto con Guridi Lasa. En su escrito de calificación, la Fiscalía relata que Txapote informó a José Ignacio Guridi Lasa, condenado en 2004, de la existencia de un Nissan Patrol de la Guardia Civil en Sallent de Gállego “al que se podía colocar una bomba-lapa en los bajos” porque permanecía fuera del cuartel por falta de espacio. Los etarras se trasladaron en agosto de 2000 hasta el cuartel en un vehículo propiedad de la entonces novia de Aguirrebarrena y, una vez contrastada la información de Txapote, regresaron a Guipúzcoa. Después de que Txapote facilitara en Francia los explosivos a Aguirrebarrena, Guridi Lasa confeccionó la bomba-lapa en una cuadra de cabras que su familia tiene en Cizurquil (Guipúzcoa). El 19 de agosto, Guridi Lasa, Aguirrebarrena y Arzalluz viajaron hasta Sallent de Gállego y a las 23:00 horas, Guridi Lasa colocó la bomba-lapa, tras lo cual regresaron a Guipúzcoa. En mayo de 2011 la Audiencia Nacional condenó a los tres etarras a 75 años de prisión por el asesinato de Irene y José Ángel. El etarra Txapote interrumpió el juicio reclamando “mano dura hasta la independencia”.

Irene Fernández Perera, de 32 años, era natural de Las Agüeras (Asturias), en el concejo de Quirós. Acababa de regresar de sus vacaciones en Asturias cuando fue asesinada. Fue la primera guardia del Instituto Armado asesinada por ETA, aunque no la primera mujer miembro de las Fuerzas de Seguridad asesinada por la banda: el 16 de junio de 1981 la banda mató a tiros a la inspectora María José García Sánchez, primera agente de Policía muerta en un atentado terrorista. Irene Fernández, técnica de laboratorio, estaba soltera y era hija única. Ingresó en la Guardia Civil en 1995, y llevaba tres años destinada en Sallent de Gállego, donde era muy apreciada por los vecinos. Una señora recordaba que la guardia civil estaba muy integrada en el pueblo, donde disponía de un apartamento: “Todos estaban muy contentos con ella”. El 22 de agosto las cenizas de Irene Fernández fueron depositadas en el cementerio de Las Agüeras, con la presencia de sus padres, María de los Ángeles Perera y José Antonio Fernández. “Siento odio, impotencia y ganas de hacer lo mismo con los que la mataron. Han matado a mi hija, llena de ilusión y de vida y sólo pido al Gobierno que haga algo”, aseguró la madre de Irene tras su funeral. En octubre de 2000 se inauguró en Gijón una calle con el nombre de la agente asesinada.

José Ángel de Jesús Encinas, de 22 años, era natural de Talavera de la Reina (Toledo), donde más de cinco mil personas asistieron a su despedida. Tras los oficios religiosos, el cuerpo sin vida del joven guardia civil fue conducido al cementerio municipal para recibir sepultura en la intimidad por expreso deseo de la familia. José Ángel, hijo de guardia civil, ingresó en el Instituto Armado con 17 años. Llevaba tres meses en Sallent de Gállego y quería ingresar en el Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Anteriormente estuvo dos años destinado en Hinojosa de San Vicente (Toledo), localidad que le nombró hijo adoptivo pocas semanas después de su asesinato. José Ángel era un gran deportista y defendió durante ocho años la portería del equipo de fútbol Barrio Santa María, que pasó luego a llamarse Unión Deportiva Talavera. El 21 de diciembre de 2005 se inauguró en su localidad natal el Complejo Deportivo José Ángel de Jesús Encinas.

20 de abril de 2012

FRANCISCO CASANOVA VICENTE (Berriozar, Navarra, España)

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La banda terrorista ETA asesina en Berriozar (Navarra) al subteniente de Infantería del Ejército de Tierra FRANCISCO CASANOVA VICENTE. La víctima recibió varios tiros en la nuca a las tres y cuarto de la tarde del miércoles 9 de agosto de 2000 mientras aparcaba su coche en el garaje de su domicilio ubicado en una zona residencial de la localidad navarra. El asesino se introdujo en el garaje tras el automóvil del militar, mientras un segundo terrorista esperaba en la puerta, y le disparó varias veces.
El subteniente Casanova regresaba del acuartelamiento de Aizoain y, tras abrir la puerta del garaje, había enfilado la cuesta de acceso al mismo. Detrás del vehículo entraron en el garaje dos terroristas. Uno de ellos se quedó en la puerta vigilando y el segundo se situó junto a la ventanilla delantera izquierda, sacó una pistola y disparó varios tiros que alcanzaron al subteniente en la nuca. A continuación, salieron a pie del garaje y, en la misma moto en la que habían llegado, emprendieron la huida. La Guardia Civil recogió en el lugar del atentado sólo dos casquillos del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF. La esposa del fallecido, Rosalía, y uno de sus hijos, de 11 años, fueron las primeras personas que se acercaron hasta el cuerpo del subteniente, que falleció en el acto. Un vecino que también había salido de su casa al escuchar los disparos contó que vio a la mujer abrazada al cuerpo de su esposo llorando y gritando mientras el pequeño le decía que a su padre “le faltaba un ojo”.

Nada más producirse el atentado, la Guardia Civil acordonó la zona mientras realizaba la inspección ocular y la toma de declaraciones a los testigos del asesinato. Además, se instalaron numerosos controles de tráfico en las salidas de Pamplona, controles que también se colocaron en carreteras cercanas a Guipúzcoa. A las seis de la tarde, el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver que fue trasladado, entre aplausos de los concentrados en la calle Askatasuna, al Instituto Anatómico Forense para realizarle la autopsia.
El Ayuntamiento de Berriozar, con el apoyo de todas las fuerzas políticas salvo Euskal Herritarrok, formación a la que pertenecía el alcalde, José Manuel Goldaracena, presentó en un pleno extraordinario un texto en el que se condenaba de forma “rotunda y enérgica” el asesinato del subteniente Casanova. José Manuel Goldaracena presentó un comunicado alternativo que contó sólo con el apoyo de los cinco concejales de su partido. Semanas después, los cuatro concejales del Partido Socialista (PSOE), los dos de Izquierda Unida (IU) y los dos de Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN) presentaron una moción de censura contra Goldaracena, permitiendo que el socialista Benito Ríos se convirtiera en el nuevo alcalde de Berriozar.
En 2004, la Audiencia Nacional condenó a Alberto Viedma Morillas y Mikel Javier Ayensa Laborda, miembros del grupo Ekaitza de ETA, a 30 años de prisión mayor por un delito de homicidio terrorista con el agravante de alevosía, porque actuaron por la espalda y sin posibilidad de defensa, “con una frialdad que repugna a todo ser humano”.
Ayensa Laborda fue el que se introdujo en el garaje y realizó los disparos, mientras Viedma Morillas le daba cobertura. Ambos etarras admitieron en dependencias policiales su participación en el atentado, aunque en el juicio se negaron a declarar. Ayensa reconoció, tras ser detenido por la Guardia Civil en Navarra en febrero de 2002, que intentaron acabar con la vida del militar en siete ocasiones durante los Sanfermines de ese año, pero que no pudieron hacerlo debido a que el militar debía de estar de vacaciones. En agosto, añadió, fueron otro día, pero tampoco apareció Casanova por su domicilio. El día 9, sin embargo, lograron su objetivo. Las declaraciones autoinculpatorias de los dos asesinos se produjeron con asistencia de letrado, con todos los derechos que la ley concede y sin objeción alguna, según precisaron los jueces en la sentencia condenatoria. La misma recoge que los dos procesados decidieron “de común acuerdo terminar con la vida” de Casanova. Para ello efectuaron diversas vigilancias del militar y comprobaron sus horarios de salida del cuartel de Aizoain, desde donde se trasladaba directamente hasta su domicilio, ubicado en la urbanización Zortziko de Berriozar, en la calle Askatasuna. De esta forma, alcanzaron la convicción de que “el lugar más idóneo para ejecutar la acción criminal” era el garaje de su vivienda.
Francisco Casanova Vicente, de 46 años, había nacido en la localidad riojana de Igea y desde su niñez vivió en Castejón (Navarra), pueblo del que eran naturales sus padres. El fallecido estaba casado con Rosalía Sáinz-Aja, y teníados hijos, Javier, de 11 años, y Laura, de 7. La familia residía desde diez años antes en Berriozar, localidad cercana a Pamplona. Casanova Vicente pertenecía a la escala básica de suboficiales de Infantería y estaba destinado en el acuartelamiento de Aizoain, donde realizaba tareas administrativas. Este cuartel se encuentra a unos pocos kilómetros de Berriozar y es base del Regimiento de Cazadores de Montaña América 66. Sus restos mortales fueron inhumados al día siguiente en el cementerio de Castejón, donde aún vivían sus padres. Previamente se había celebrado el funeral en la Iglesia de San Francisco Javier de la localidad con la asistencia de centenares de personas, entre familiares, militares, políticos y vecinos. La víctima pertenecía al grupo de jotas Ecos de Navarra de Berriozar, y en los días previos a su asesinato había estado ensayando para las fiestas municipales. Desde 2001 se celebra en Berriozar el Encuentro de Jotas Francisco Casanova en memoria del subteniente asesinado. Además, y desde 2003, la escuela de música de Berriozar lleva el nombre del militar asesinado.
Tras el asesinato de Francisco Casanova, Paco para sus vecinos, se constituyó en Berriozar el colectivo Vecinos de Paz, que tiene como objetivo denunciar y combatir el terrorismo etarra. En su carta de presentación dicen: “Somos personas con diferentes ideas políticas e inquietudes, como cualquier vecino de cualquier pueblo o ciudad, pero algo en común nos une: el posicionamiento en contra del terrorismo y de toda ideología que lo ensalce, disculpe o justifique; nos une la defensa de la vida y la libertad, y el apoyo a las víctimas”. Gracias a Vecinos de Paz, y a las aportaciones privadas procedentes de toda España, se construyó en el pueblo un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo, que ha sido atacado en varias ocasiones. Además, el colectivo realizó el documental Berriozar: Puerta de la Libertad, que recoge las experiencias vividas tras el asesinato de Francisco Casanova y los esfuerzos para erigir el monumento a las víctimas. Entre otras cosas, se cuenta cómo las piedras con las que se levantó el monumento tuvieron que ser transportadas por un camionero de Cantabria porque el miedo a las represalias hizo que ningún transportista de la zona quisiera hacerlo. “Desde esa amarga y calurosa tarde de agosto, dijimos que Paco no quedaría en el olvido. Es por eso que desde el 2000, cada 9 de agosto, los Vecinos de Paz de Berriozar, le homenajeamos con jotas y música, aficiones que a Paco entusiasmaban”, puede leerse en la página web del colectivo.

JOSÉ MARÍA KORTA URANGA (Zumaya, Guipúzcoa, España)

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El martes 8 de agosto de 2000 la banda terrorista ETA asesinaba en Zumaya (Guipúzcoa) mediante la explosión de un coche-bomba aparcado junto a su vehículo al presidente de la patronal guipuzcoana (Adegi) JOSÉ MARÍA KORTA URANGA.
La víspera, cuatro miembros de la banda terrorista ETA habían muerto en Bilbao al estallar el explosivo que transportaban en un vehículo cuando se dirigían a cometer un atentado. Se trataba de Francisco Rementería, Ekain Ruiz Ibarguren, Zigor Aranbarri Garamendi y Urko Gerrikagoitia Aguirre. Según un comunicado de ETA, con su habitual lenguaje acartonado, “fue un accidente de combate que ocurrió cuando nuestros cuatro compañeros de lucha iban a realizar una acción” (Gara, 01/09/2000).
Como queriendo demostrar que la capacidad de la banda asesina seguía intacta, trece horas después ETA utilizó el mismo sistema, el coche-bomba, para asesinar a José María Korta. Eligieron, además, un objetivo que personificaba a toda la clase empresarial vasca, contra la que llevaba atentando los últimos meses. José María era un empresario considerado afín al Partido Nacionalista Vasco que se había manifestado siempre contra la violencia y se había negado a pagar el impuesto revolucionario y a que lo hiciesen los demás empresarios vascos. Hacía sólo tres semanas que José María había enviado una circular a las empresas asociadas a Adegi instándolas a que no cedieran a la extorsión. “Me da lo mismo que atenten contra mi vida profesional o personal (…) Tengo la intención de continuar al frente de nuestras empresas, invirtiendo aquí y generando nuevos proyectos que garanticen el futuro”, había declarado.
Ese 8 de agosto Korta Uranga salió de la empresa y, cuando se disponía a montarse en el automóvil, un etarra activó a distancia el artefacto explosivo alojado en un turismo aparcado junto al suyo. Los terroristas estaban apostados en algún lugar con suficiente visibilidad, posiblemente en la carretera ubicada al otro lado del río Urola. En el momento en que observaron que José María salía de la nave y se acercaba a su coche, accionaron el explosivo por medio de un mando a distancia. La deflagración fue tan potente que el coche bomba quedó partido en dos mitades, una de las cuales cayó hacia el río Urola. Además, la onda expansiva provocó algunos daños en la fachada de la factoría.
El vehículo del presidente de la patronal guipuzcoana estaba aparcado en batería, mirando hacia el cauce del río. Junto a él se encontraba estacionado el coche-bomba, un Fiat Tipo de color blanco, con matrícula de San Sebastián, que había sido robado cinco días antes, el 3 de agosto, en Legazpia. La víctima tenía la costumbre de estacionar su coche todos los días en el mismo lugar, justo enfrente de la entrada principal de la nave.

El empresario, gravemente herido y en situación de parada cardiorrespiratoria, fue socorrido por trabajadores de Mecanizados Korta y de otra empresa del sector situada en el mismo polígono industrial. Una de las primeras personas en acudir tras la explosión fue Javier Korta, hermano de la víctima. Posteriormente, facultativos de DYA trataron de reanimarlo, pero murió cuarenta minutos después de la explosión. El cuerpo del presidente de Adegi quedó tendido en el suelo a unos diez metros del vehículo, cubierto con una sábana blanca, hasta pasadas las cuatro de la tarde, cuando el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver.
En la empresa Korta S.A., dedicada a la fabricación de piezas de alta precisión (engranajes, rodamientos y otros elementos) trabajaban cinco hermanos del fallecido, además de dos de sus hijos y varios sobrinos. Aproximadamente la mitad de la plantilla, formada por sesenta personas, se encontraba trabajando en el momento del atentado. Los restos mortales de José María fueron llevados al Instituto Anatómico Forense de Polloe. Tras practicarle la autopsia, fue trasladado al Ayuntamiento de Zumaya, donde quedó instalada la capilla ardiente hasta la celebración del funeral al día siguiente.
Apenas un mes después de su asesinato, el 10 de septiembre de 2000, la banda terrorista ETAcontinuó el acoso a la familia Korta, destruyendo con una bomba la discoteca Txitxarro en Deva, propiedad de un hermano del empresario asesinado, Narciso Korta, que había formado parte activa de las protestas contra Euskal Herritarrok y contra ETA tras el asesinato de José María. También continuó la campaña de extorsión a otros empresarios vascos, como Mikel Alberdi Mondragón, empresario guipuzcoano afiliado al Partido Nacionalista Vasco, cuyas oficinas en Legutiano sufrieron graves daños por la explosión de otra bomba colocada por ETA.
En 2003 la Audiencia Nacional condenó a 25 años de prisión mayor a Ibon Etxezarreta Etxaniz, y a 27 años de prisión mayor a Patxi Xavier Makazaga, por el asesinato de Korta Uranga.
José María Korta Uranga, de 57 años, era natural de Cestona (Guipúzcoa), donde fue enterrado. Estaba casado con Marian Zearreta y tenía tres hijos. Era un gran aficionado al esquí y el ciclismo, y simpatizante del Partido Nacionalista Vasco, aunque no estaba afiliado a ningún partido político. Realizó estudios en el seminario de San Sebastián y había pasado temporadas en Suiza aprendiendo francés. En 1971 se incorporó a la empresa familiar Korta S.A., dedicada a la fabricación de piezas mecánicas de alta precisión. En 1994 fue nombrado presidente de la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa (Adegi), cargo que ocupó hasta su asesinato.

19 de abril de 2012

JUAN MARÍA JÁUREGUI APALATEGUI (Tolosa, Guipúzcoa, España)

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Pasadas las once y media de la mañana del miércoles 29 de julio de 2000, ETA asesinaba en Tolosa (Guipúzcoa) al directivo de Aldeasa y ex gobernador civil de Guipúzcoa JUAN MARÍA JÁUREGUI APALATEGUI. La víctima residía desde tres años antes en Chile, y pasaba unos días de vacaciones en el País Vasco. Era objetivo de ETA desde su época de gobernador civil, no “por ser un buen o un mal hombre, sino por su cargo, ni más ni menos” (Zutabe de agosto de 2000 publicado por Gara en noviembre de ese año).
Jáuregui recibió dos disparos en la nuca cuando se encontraba sentado en una de las mesas del Bar-restaurante Frontón, en compañía del periodista de la televisión autonómica Euskal Telebista, Jaime Otamendi, con el que mantenía una estrecha relación. El exgobernador fue trasladado en una ambulancia medicalizada, todavía con vida pero en estado crítico, a la Clínica de la Asunción de Tolosa. El informe médico indicaba que la víctima presentaba “dos orificios de bala de probable entrada a nivel parietotemporal y occipitoparietal, ambos del lado derecho, con dos orificios de probable salida a nivel poroparietal izquierdo y borde inferior del pabellón auricular del mismo lado”. Además, tenía “una mínima actividad electrocardiográfica, por lo que se iniciaron maniobras de reanimación cardiorrespiratoria. Tras 55 minutos, y cesada todo tipo de actividad eléctrica electrocardiográfica, se dejaron de aplicar las medidas de reanimación certificando el fallecimiento del herido” a las 13:30 horas.
Juan María Jáuregui había salido de su casa, situada en su localidad natal de Legorreta, alrededor de las once de la mañana y se dirigió directamente en su coche al bar del frontón Beobide, donde acostumbraba a acudir los sábados cuando estaba de visita en el País Vasco. Según explicó un empleado del local los dos terroristas entraron un cuarto de hora antes de que dispararan contra el ex gobernador civil, cuando la víctima ya se encontraba en el bar. Los dos etarras pidieron una consumición y permanecieron en la barra hasta que, en un momento dado, uno de ellos fue al cuarto de baño. Tras salir, disparó por la espalda a la víctima. Después de disparar, los pistoleros abandonaron el lugar corriendo y continuaron la huida en un coche donde les esperaba un tercer terrorista.

Se presentaron en el lugar del atentado concejales del PSE-EE, de la coalición PNV-EA y de Euskal Herritarrok (EH), así como el alcalde de la coalición de la izquierda proetarra, Antxon Izaguirre. Algunos de ellos, que fueron compañeros de Jáuregui cuando ocupó el cargo de concejal en el Ayuntamiento de la villa papelera, no pudieron contener las lágrimas al conocer que había fallecido. El cadáver del ex gobernador civil fue trasladado a las 15:00 horas al Instituto Anatómico forense de Polloe, en San Sebastián, donde se le practicó la autopsia. A continuación, el cuerpo fue conducido hasta la Casa del Pueblo de la capital donostiarra, donde quedó instalada la capilla ardiente.
El dirigente socialista había abandonado el País Vasco en 1996, después de cesar en su cargo al perder el PSOE las elecciones generales de ese año y ser informado de que era objetivo de la banda terrorista. En abril de 1996, miembros del grupo Donosti proyectaron asesinarlo mediante un coche-bomba. El plan consistía en atraer al gobernador civil al barrio donostiarra de Alza asesinando previamente a un guardia civil que residía en la zona y, una vez constatada su presencia, hacer explotar el coche bomba estacionado en una curva de las inmediaciones. El plan se descubrió a raíz de la desarticulación parcial del grupo Donosti un mes antes, con la detención del etarra Valentín Lasarte. La documentación incautada por la Ertzaintza puso de manifiesto que Jáuregui era objetivo de ETA y que había sido sometido a una prolongada vigilancia por confidentes de la banda. Además de las características y matrículas reservadas de los vehículos oficiales utilizados por el gobernador civil y sus escoltas, y el punto idóneo para estacionar el coche-bomba, ya entonces los etarras conocían al detalle las costumbres del gobernador civil como sus visitas al café Frontón de Tolosa, donde fue abatido a tiros. El seguimiento se extendió también a Legorreta, su pueblo natal.
El ex gobernador civil pidió al ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, que hiciera gestiones para encontrarle una ocupación fuera del País Vasco. De este modo, Jáuregui comenzó a trabajar en la empresa de la cadena de tiendas de aeropuertos Aldeasa, siendo trasladado en un primer momento a Canarias, donde fue ascendido como jefe de la empresa para Sudamérica, fijando su residencia en Chile desde 1997. El 4 de agosto de 2000 tenía que viajar a Buenos Aires (Argentina) y tras el verano tenía previsto regresar de nuevo a España para instalarse en Madrid como subdirector del área de Internacional de la compañía.
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, señaló que Juan María Jáuregui no llevaba escolta porque su residencia estaba fijada fuera del País Vasco y añadió que no tenía conocimiento de que estuviese en España. En este sentido, el delegado del Gobierno indicó haber hecho todo lo posible, junto al Gobierno del PP, “para sacarle del País Vasco donde corría un gran peligro”. Sin embargo, fuentes socialistas indicaron que allegados del ex gobernador civil habían pedido protección policial a la Ertzaintza cuando supieron que Jáuregui iba a llegar al País Vasco. Estas fuentes indicaron que, días antes de que Juan Mari llegara desde Chile a Legorreta, aparecieron en su casa unas pintadas, lo que motivó que sus familiares solicitaran protección a la Policía Autonómica. El departamento de Interior del Gobierno Vasco desmintió este aspecto a través de su gabinete de prensa: “Los familiares no habían pedido a la Ertzaintza protección. Por su condición de ex gobernador civil, siempre tuvo protección de la Policía Nacional. Pero en este caso, insistimos en que no se había solicitado protección a la Ertzaintza”.
En febrero de 2004 la Audiencia Nacional condenó a Patxi Xabier Makazaga e Ibon Etxezarreta a 39 años de cárcel, y a Luis María Carrasco a 36 años. Los tres eran miembros del grupo Buruntza de ETA a los que dirigentes de la banda, sabiendo que Jáuregui estaba en Guipúzcoa, les encargaron que lo asesinaran. Lo intentaron el 22 de julio, pero desistieron al encontrarse en El Frontón personas que les conocían. Sí lo consiguieron una semana más tarde, el 29 de julio. Mientras Etxezarreta se quedaba a la espera en el vehículo en el que luego emprenderían la huida, Carrasco y Makazaga entraron en el bar y pidieron unas consumiciones. Cuando se cercioraron de que era factible, Makazaga se acercó a Jáuregui y le disparó por la espalda dos tiros en la cabeza.
Juan María Jáuregui Apalategui, de 44 años, estaba casado con Maixabel Lasa. El matrimonio tenía una hija, María, de 19 años, que en el momento del asesinato se encontraba practicando montañismo en Leiza con unos amigos. Era euskaldún nacido en Legorreta, en la comarca guipuzcoana del Goyerri, militó durante su juventud en la lucha antifranquista y durante un periodo corto de tiempo en las filas de ETA. Cuando se escindieron las ramas de ETA-V y ETA-VI Asamblea “Jáuregui se comprometió con esta última opción, que abandonaba la lucha armada. El sector mayoritario de ETA-VI evolucionó pronto hacia el trotskismo, lo que no aceptó un grupo denominado los ‘minos’ (minoritarios), que era partidario de una aproximación a la izquierda tradicional representada por el Partido Comunista” (El País, 31/07/2000). Juan Mari llegó a ser encarcelado por participar en las protestas contra el juicio de Burgos. Estuvo afiliado al partido comunista desde 1973 y hasta mediados de los ochenta, cuando se integró en el Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE). También estuvo muy activo en Comisiones Obreras.
Cursó estudios de Sociología en la Universidad de Deusto y fue concejal del Ayuntamiento de Tolosa por el PSE-EE (PSOE), cargo que desempeñó hasta ser nombrado gobernador civil de Guipúzcoa por el Consejo de Ministros en septiembre de 1994 a instancias del entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Jáuregui sustituyó en el cargo a José María Gurruchaga, que procedía de la época de José Luis Corcuera y mantenía fuertes enfrentamientos con la secretaria de Estado para la Seguridad, Margarita Robles. Robles quería sacar adelante una investigación sobre torturas en el cuartel de Intxaurrondo y sobre lo que entonces era el incipiente ‘caso Lasa- Zabala’. En los dos años siguientes, Jáuregui colaboró desde el Gobierno Civil en la investigación del comisario Enrique de Federico sobre el caso. En mayo de 1996 fue destituido como gobernador civil por el primer gobierno del PP. “Juan Mari Jáuregui (era) un buen exponente de esa generación de vascos de izquierdas que sufrieron la cárcel con Franco y la muerte con ETA“, dijo de él su compañero de partido Ramón Jáuregui (El Diario Vasco, 31/07/2000).
En septiembre de 2000, sus familiares y amigos esparcieron las cenizas de Jáuregui en un paraje de su localidad natal. Su viuda, Maixabel Lasa, descubrió un monolito con un lauburu (estela funeraria vasca) y la inscripción en euskera “Los que te queremos te recordamos”. El monolito fue destruido por unos vándalos en mayo de 2008. Maixabel, entonces directora de Atención a las Víctimas del Gobierno vasco, aseguró que lo restaurarían todas las veces que fuera necesario. Ese mismo año, en noviembre, la banda terrorista señaló a Maixabel como “una militante antiabertzale que derrama lágrimas de cocodrilo” en las que “diluir la opresión del pueblo vasco”. Al verse en el punto de mira de ETA, Maixabel llegó a plantearse abandonar el País Vasco.

16 de abril de 2012

JOSÉ MARÍA MARTÍN CARPENA (Málaga, Málaga, España)

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A las diez menos veinte de la noche del sábado 15 de julio de 2000, la banda terrorista ETA asesinaba en Málaga a JOSÉ MARÍA MARTÍN CARPENA, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga. José María iba acompañado de su mujer, Elvira Calvente, y su hija de 17 años, a la que iba a llevar a un concierto de Maná en La Malagueta. Por su parte, Martín Carpena y su mujer pensaban dirigirse al barrio de Churriana en Málaga, donde el acalde, Francisco de la Torre, iba a pronunciar el Pregón de la Biznaga.
En el momento en el que se disponían a entrar en el vehículo oficial, el concejal fue abordado por el etarra Igor Solana Matarrán, que esperaba en la calle desde hora y media antes. Le disparó seis tiros, cuatro de los cuales alcanzaron al edil popular. Uno de los disparos, en la nuca, le provocó la muerte en el acto. A continuación, el pistolero se dirigió corriendo a un vehículo donde le esperaba Harriet Iragi Gurrutxaga y emprendieron la huida. “Al principio creí que el muchacho de la gorra estaba de broma y por eso me dirigí hacia él y le regañé; después, cuando vi que apuntaba fríamente con una pistola y que José María se agarraba a la ventanilla rota del coche y caía al suelo, me di cuenta del drama y entonces me puse a gritar pidiendo una ambulancia, caminando sin rumbo fijo y sin saber en esos momentos qué hacer ni a quién recurrir”, relataba su viuda cinco días después.
En el lugar del atentado se recogieron posteriormente seis casquillos del calibre 9 milímetros parabellum. El juez ordenó el levantamiento del cadáver a las once y veinte minutos de la noche y, a continuación, los restos mortales de Martín Carpena fueron trasladados al tanatorio de Málaga para practicarle la autopsia.

El atentado se produjo el mismo día en que la Iglesia vasca había pedido el respaldo explícito de los políticos hacia las víctimas de la violencia etarra. La víctima no tenía escolta oficial y no había recibido amenazas. Como a todos los ediles del consistorio, se les había retirado la protección unos meses antes. La ministra de Sanidad y exalcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, aseguró que el concejal asesinado era muy escrupuloso con las medidas de autoprotección recomendadas por Interior para los cargos públicos municipales.
En el lugar del atentado tuvo lugar una manifestación espontánea de vecinos que, consternados, profirieron gritos de indignación e insultos contra los asesinos de la banda terrorista ETA. Esa misma noche se organizó una concentración, también espontánea, ante el Ayuntamiento.
Al día siguiente se instaló la capilla ardiente en el consistorio. La corporación municipal recibió el cuerpo sin vida del concejal a la entrada del Ayuntamiento. El alcalde y varios concejales de todos los grupos con representación municipal fueron los encargados de portar el féretro a hombros y llevarlo hasta la capilla ardiente, con la hija y la mujer abriendo el cortejo delante del ataúd, y la madre y el hermano cerrándolo detrás del féretro. Los ministros del Interior, Jaime Mayor Oreja, y de Administraciones Públicas, Jesús Posada, así como el secretario general del PP, Javier Arenas, y el delegado del gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, llegaron al Ayuntamiento poco después de las doce de la mañana para asistir a la capilla ardiente del concejal. A las 17:45 horas, hicieron lo propio José María Aznar y Ana Botella.
A las 18:00 horas se celebró el funeral en la Catedral de Málaga, abarrotada por miles de vecinos que quisieron darle el último adiós al concejal. El féretro, sacado a hombros por sus compañeros de corporación, recibió una prolongada ovación de las más de dos mil personas que se encontraban a las puertas del Ayuntamiento. Se corearon algunas consignas como “¡Asesinos!, ¡Asesinos!” y “Vascos sí, ETA no”, mientras la comitiva recorría los quinientos metros que separan el Ayuntamiento de la Catedral. José María Aznar y Manuel Chaves acompañaron a pie el cortejo fúnebre. Tras el funeral, los restos mortales fueron inhumados en el cementerio de San Gabriel de Málaga.
Al día siguiente del asesinato, el Gobierno municipal de Málaga concedió a Martín Carpena la Medalla de Oro de la ciudad a título póstumo. En septiembre de 2000 el consistorio aprobó que el Palacio de los Deportes Ciudad de Málaga pasara a tomar el nombre del concejal popular asesinado.
En diciembre de 2001 la Audiencia Nacional condenó a Igor Solana Matarrán y a Harriet Iragi Gurrutxaga a sendas penas de 30 años de reclusión por el asesinato de Martín Carpena. Solana e Iragi, miembros del grupo Andalucía de ETA, fueron detenidos el 16 octubre de 2000 en Sevilla justo después de asesinar al coronel del Ejército y médico Antonio Muñoz Cariñanos.
José María Martín Carpena, de 50 años, presidente de las juntas de distrito de Carretera de Cádiz y Puerta de la Torre, era concejal desde el 21 de abril de 1997. En las elecciones municipales de 1999 ocupó el número quince de la candidatura que encabezó la ministra de Sanidad, Celia Villalobos. Natural de Málaga, estaba casado con Elvira Calvente y tenía una hija de 17 años. “No sé qué me deparará el futuro, tan sólo sé que tengo pánico a bajar las escaleras y encontrarme de golpe con el lugar donde asesinaron a José María delante de mí y de nuestra hija. A los asesinos de mi marido sólo les deseo que sufran lo mismo que estoy sufriendo yo“, dijo su viuda pocos días después del asesinato (Sur, 20/07/2000).
Diplomado en Administración de Empresas, Martín Carpena era funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el Ministerio de Asuntos Sociales. Amante de la música, en su juventud formó parte del grupo musical Los Amables. José María vivía en Nueva Málaga, una barriada sencilla de trabajadores. Los sábados oficiaba bodas y en su barrio participó activamente en la fundación de la Cofradía de Nueva Esperanza, vinculada a la Parroquia de San Joaquín y Santa Ana, donde acudía con regularidad a misa. Antonio Romero, entonces coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, dijo de él que “era un hombre afable y buena gente que se llevaba muy bien con los compañeros de la oposición”. Martín Carpena carecía de escolta, a pesar de que su nombre había aparecido en papeles incautados al grupo Andalucía de ETA (La Razón, 16/07/2000).

24 de marzo de 2012

JESÚS MARÍA PEDROSA URQUIZA (Durango, Vizcaya, España)

Filed under: 2000, Durango, Junio, Sin esclarecer, Vizcaya — Fer Altuna Urcelay @ 10:42

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El domingo 4 de junio de 2000 la banda terrorista ETA asesinaba de un tiro en la cabeza a JESÚS MARÍA PEDROSA URQUIZA, uno de los cuatro concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Durango (Vizcaya), a escasa distancia de su domicilio en esa localidad vizcaína. El edil regresaba a su domicilio después de haber tomado un aperitivo en un Batzoki (sede social del PNV), cuando un terrorista se le acercó por detrás, en pleno centro de la localidad, y efectuó un disparo en la nuca que le causó la muerte de forma casi instantánea. Eran las 13:20 horas y la calle estaba abarrotada de gente.
Facultativos de una UVI móvil de Osakidetza trataron de reanimar al concejal del PP, pero no pudieron hacer nada para salvar su vida. La zona en la que se produjo el asesinato, la calle de Fray Juan de Zumárraga, fue acordonada por la Ertzaintza, y el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver pasadas las 16:00 horas.
Por la tarde se instaló en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Durango la capilla ardiente con los restos mortales de Jesús María Pedrosa. Miles de personas acudieron al Ayuntamiento para rendir homenaje póstumo al concejal asesinado. Su ataúd estaba cubierto por una bandera del Partido Popular y rodeado por numerosas coronas de flores enviadas desde toda España. Los funerales se celebraron al día siguiente, a las seis de la tarde, en la Iglesia de Santa María de Durango. También fue multitudinaria la concentración que el día 6 de junio se celebró en dicha localidad, donde cientos de personas arroparon a la viuda y a las hijas de Jesús María Pedrosa.

La víctima estaba afiliada al sindicato nacionalista ELA, igual que su mujer, desde hacía varios años, según confirmaron desde la central sindical. Pedrosa se afilió a ELA en la época en la que trabajaba en una empresa del sector del metal en la comarca del Duranguesado y, aunque en la actualidad se encontraba incapacitado, mantenía su afiliación. Además, era concejal del PP desde 1987.
Jesús María había recibido amenazas desde hacía mucho tiempo. El 28 de diciembre de 1998, apenas tres meses después de que ETA declarase su tregua, miembros de las proetarras Gestoras pro-Amnistía, se concentraron frente a su casa. Posteriormente subieron a su piso y le dejaron una carta en la que le acusaban de ser el responsable de la dispersión de los presos de ETA. También colgaron allí una pancarta con la leyenda “Pedrosa, tú no eres inocente”. Además, su nombre, dirección y teléfono -y el de los otros tres concejales populares en la localidad (Juan José Gaztañazatorre, Eduardo Barrutia y Juan Agustín Villafranca)-, había aparecido en una diana en las calles del pueblo y se habían repartido pasquines que decían “Si queréis guerra, la vais a tener”. En diciembre de 1999 el día de Navidad, Pedrosa recibió una botella de agua vacía. Después, explicó a Radio Nacional que ésta es una amenaza típica de ETA, que de esta manera acusa a los que en esas fechas cenan tranquilamente frente a los presos etarras. La botella iba acompañada por una pegatina en la que se leía: “Qué poca vergüenza, usted va a cenar tranquilamente y, sin embargo, los presos de ETA están en la cárcel”.
A pesar de todas esas amenazas continuadas, Jesús había renunciado a llevar escolta. En una entrevista con Carlos Herrera en RNE el 15 de diciembre de 1997, pocos días después del asesinato del concejal de Rentería José Luis Caso Cortines, llegó a decir que no concebía ir con escolta en su pueblo, que era muy conocido y que, en el trayecto de su casa al Ayuntamiento, se saludaba con el ochenta o noventa por ciento de la gente: “No sé si voy a ir al cielo o al infierno, procuraré ir al cielo, lo que sí sé es que voy a ir desde Durango“, señaló.
Nicolás Redondo Terreros escribió al día siguiente del asesinato un artículo en El Mundo titulado “Que ETA pierda toda esperanza”. Entre otras cosas decía: “Porque, no nos engañemos, tienen responsabilidad en esta macabra y mortal espera de los asesinatos, las actitudes de quienes vienen jugando a dar esperanza a los que los provocan. Por eso hay que insistir en una proposición básica. ETA tiene que convencerse, por la posición inflexible de todos los demócratas, de que no hay ninguna posibilidad de que sus objetivos puedan imponerse por vía de negociación“.
Jesús María Bizkarra, militante del Partido Nacionalista Vasco que, días después, iba a casarse con una de las hijas de Pedrosa, le recordaba en El País de este modo: “Quien le ha pegado un tiro sabía a quién se lo daba. No es un atentado sólo contra un concejal del PP, sino contra un hombre del pueblo”.
Como consecuencia del asesinato, y al negarse Euskal Herritarok a condenar el crimen, el PNV y Eusko Alkartasuna acordaron romper el acuerdo de gobierno que mantenían con la formación proetarra en Durango desde las últimas elecciones municipales. Sin embargo, Juan José Ibarretxecontinuó sin anunciar la ruptura definitiva del pacto legislativo que habían alcanzado con el brazo político de la organización terrorista para sostener un gobierno de coalición.
Dos meses después del asesinato, el 7 de agosto de 2000, cuatro etarras murieron en Bilbao al estallar los 25 kilos de explosivos que transportaban en su coche con el que se dirigían a cometer un atentado. Una de las pistolas que llevaban fue la utilizada para asesinar al concejal del PP, tal y como confirmaron los exámenes de balística. Los etarras muertos eran Patxi Rementería, Ekain Ruiz Ibarguren, Zigor Aranbarri Garamendi y Urko Gerrikagoitia Agirre.
Jesús María Pedrosa Urquiza tenía 57 años. Estaba casado con Mari Carmen Hernández y tenía dos hijas, Ainhoa y Estíbaliz.
Calle de Juan Antonio Abasolo, 48200 Durango

12 de marzo de 2012

JOSÉ LUIS LÓPEZ DE LACALLE (Andoain, Guipúzcoa, España)

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El domingo 7 de mayo de 2000, la banda terrorista ETA asesinaba al periodista y columnista de El Mundo JOSÉ LUIS LÓPEZ DE LACALLE. Eran aproximadamente las 9:45 horas. La víctima, de 62 años de edad, regresaba a su domicilio en la calle Ondarreta de Andoain. Cuando se disponía a abrir el portal, un terrorista le disparó a quemarropa. López de Lacalle recibió inicialmente dos disparos en el tórax y, posteriormente, fue rematado en el suelo con otros dos tiros en la sien y en la nuca. Los autores del atentado huyeron en un vehículo por una de las salidas de Andoain a la carretera N-1, en dirección a San Sebastián, situada a poco más de trescientos metros del escenario del crimen.
José Luis había abandonado su vivienda poco antes de las nueve de la mañana. Se dirigió a la librería Stop, donde compró ocho periódicos diferentes. Desde ahí se fue caminando hasta el Bar Elizondo. Poco después, tomó el camino de regreso hacia su casa, donde le esperaban dos terroristas.

Junto al cuerpo de José Luis López de Lacalle había dos bolsas con los diferentes periódicos que había comprado, desde Abc hasta Gara, y un paraguas granate. El cadáver permaneció tapado con una sábana durante aproximadamente tres horas, y su levantamiento se produjo en torno a las 12:30 horas por orden del juez de guardia, que dispuso su traslado al Instituto Anatómico Forense de Polloe, en San Sebastián, para practicarle la autopsia.

En el momento del atentado, en el domicilio de José Luis López de Lacalle se encontraba sólo su hijo Alain, de 21 años y estudiante de Derecho. Su otra hija, Aitziber, médico de 28 años, estaba en Ginebra. La esposa, María Paz, estaba en el momento de los hechos en el domicilio de sus padres. María Paz era profesora jubilada de una ikastola.
En el lugar del crimen se personaron de inmediato un hermano del fallecido y su esposa, así como una cuñada que venía de pasear por el monte y que, al ver el cadáver de su familiar, comenzó a gritar “¡asesinos, asesinos!”.
Poco después de que la Ertzaintza acordonara la zona y se hiciera cargo de la investigación, fueron llegando distintas personalidades, como el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, que se desplazó desde Madrid; el portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz; el subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa, Eduardo Ameijide; Joseba Egibar, portavoz del PNV y natural de Andoain; Ramón Jáuregui, dirigente del PSOE; Manuel Montero, rector de la Universidad del País Vasco; el escritor Raúl Guerra Garrido; Consuelo Ordóñez, hermana del concejal donostiarra del PP Gregorio Ordóñez, y Antxon Karrera, dirigente de EB-IU, entre otros. También acudieron el vicepresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy y el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja.
Años antes de ser asesinado, había recibido amenazas de muerte, mediante pintadas cerca de su domicilio o a través de carta. El 27 de febrero de 2000 un grupo de desconocidos lanzó varioscócteles molotov contra su casa, que impactaron en un balcón. El consejero de Interior, Javier Balza, explicó que se puso en contacto con López de Lacalle a raíz del ataque a su vivienda en febrero. Aseguró que en este caso, como en el de todas las personas amenazadas, se establecieron medidas especiales de precaución por parte de las patrullas de cada municipio, que vigilan con especial intensidad los domicilios y los destinos de estas personas.
Joseba Pagazaurtundúa, también asesinado por ETA tres años después, denunció la relación que pudo haber entre el asesinato de López de Lacalle y la construcción de la autovía de Leizarán. El periodista escribió decenas de artículos denunciando que la modificación del trazado de la autovía, tras un pacto entre PNV y PSE después de una campaña de atentados de la banda asesina,era una clara concesión a ETA. Según cuenta Pagaza en su vídeo denuncia, un alto dirigente del PNV le dijo a José Luis en Zaráuz: “te vamos a tapar la boca”, algo que se materializó con la no publicación en El Diario Vasco de un artículo del periodista denunciando las concesiones a ETA en este asunto. “José Luis López de Lacalle no volvió a escribir más para El Diario Vasco, a pesar de que le dijeron que escribiera sobre lo que él quisiera, menos sobre la autovía de Leizarán”, denuncia Pagaza, y añade que le confesó que un alto cargo del PSE tuvo que ver con la decisión del periódico de no publicarle su último artículo.
A pesar de las amenazas y los ataques, se negó a abandonar Andoain. “Los franquistas me encarcelaron cinco años, pero jamás se atrevieron a agredir a mi familia”, dijo en una entrevista en El Diario Vasco el día que atacaron su domicilio con cócteles molotov.
El funeral por José Luis López de Lacalle se celebró al día siguiente 8 de mayo, a las siete de la tarde, en la Iglesia de San Martín de Andoain. A primera hora de la mañana, el cuerpo fue trasladado al cementerio de Andoain, en donde por deseo de la familia hubo un entierro en la intimidad.
En 2001 fue detenido por la Ertzaintza el etarra José Ignacio Guridi Lasa con el revólver con el que asesinó a De Lacalle. Fue condenado a 30 años en 2002. En enero de 2009 fue condenado el exjefe de ETA Javier García Gaztelu, alias Txapote, a otros 30 años por ordenar el asesinato del periodista. En noviembre de 2009 fue extraditado por Francia el etarra Asier Arzalluz Goñi, aliasSantiEpeta y Sendoa, presunto coautor de los asesinatos de José Luis López de Lacalle y de los guardias civiles Irene Fernández Perea y de su compañero de patrulla, José Ángel de Jesús Encinas en Sallent de Gallego (Huesca) en agosto de 2000. Anteriormente ya había sido extraditado temporalmente para ser juzgado en España por otros atentados.
José Luis López de Lacalle tenía 62 años y era de Tolosa (Guipúzcoa). Estaba casado con María Paz Artolazábal y tenía dos hijos: Aitziber, de 28 años, y Alain, de 21. Pasó por la cárcel durante el franquismo por su significación como militante del Partido Comunista. Fue uno de los fundadores de Izquierda Unida en el País Vasco, aunque pronto se desligó de la coalición, a la que criticó con dureza por su presencia en el Pacto de Estella.
Trabajó como gerente de una empresa y en una cooperativa y en el momento de su asesinato eracolaborador del periódico El Mundo, en cuyas páginas analizaba semanalmente la actualidad política desde 1997. También pertenecía al consejo editorial del periódico. Su último artículo, “El cambio necesario”, se publicó el 2 de mayo, cinco días antes de ser asesinado. José Luis reclamaba elecciones anticipadas después de que ETA y el PNV hubiesen pactado romper con las “fuerzas españolistas”.
Después del asesinato de Miguel Ángel Blanco participó en la constitución del Foro de Ermua, del que era miembro destacado. “Nunca he soportado que la vida ajena se utilice como instrumento de presión política”, escribió José Luis en su columna de El Mundo “La niebla y el trasluz” el 25 de julio de 1998.
Se autodefinía como vasco no nacionalista: “Me duele la Euskadi negra. Me gustaría una Euskadi armónica e integrada en el autogobierno. Me siento más vasco fuera del país (…). Me identifico en iguales términos con una España reconciliada, democrática, civilizada, plural, habitable, abierta a la modernidad y al mundo. No me preocupa lo más mínimo que su integración en la UE signifique una pérdida de soberanía a chorros (…). Por las mismas razones que no soy nacionalista vasco, no soy nacionalista español”.
En la página donde se presenta la Fundación José Luis López de Lacalle puede leerse: “José Luis fue un luchador por la libertad, y también uno de sus más convencidos usuarios. Su espontaneidad, su ausencia de complejos, su optimismo y su sonrisa permanente trazaban un perfil incompatible con la sociedad atemorizada que nos quieren imponer. José Luis fue una persona irrepetible y con él mataron también una parte de nuestros mejores sueños”.
Como dijo su viuda, las únicas armas que utilizó en su vida fueron “una máquina de escribir y un bolígrafo”. Con ellos denunció las injusticias de la dictadura franquista, del nacionalismo vasco excluyente y el terrorismo de ETA. Después de asesinarle, el entorno proetarra siguió atacando la memoria del periodista, con pintadas en su localidad donde podía leerse: “De Lacalle jódete asesino”.

27 de febrero de 2012

FERNANDO BUESA BLANCO (Vitoria, Alava, España)

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El 22 de febrero de 2000 son asesinados FERNANDO BUESA BLANCO, portavoz del PSE en el Parlamento Vasco, y su escolta JORGE DÍEZ ELORZA, alcanzados por la explosión de un coche-bomba en el campus universitario de Vitoria. Ambos murieron en el acto.


Fernando Buesa Blanco era de Bilbao y abogado de profesión. En el momento de su asesinato tenía 53 años. Había sido vicelehendakari del Gobierno autónomo entre 1990 y 1994. Estaba casado con Natividad Rodríguez y tenía tres hijos.


El portavoz del Partido Socialista de Euskadi en el Parlamento vasco y secretario general de los socialistas de Álava, Fernando Buesa Blanco, y su escolta, Jorge Díez Elorza, caminaban desde su domicilio a su oficina, a trescientos metros del despacho del lehendakari Ibarretxe. Fernando había salido de su casa en la calle Alava y, acompañado por uno de sus hijos y por su escolta, se dirigía a pie a la zona de las universidades. Tras despedirse de su hijo en el Colegio de Ingenieros, donde participaba en un máster de Medio Ambiente, el político y su escolta prosiguieron por la acera unos metros más, ya en la calle Juan Ibáñez Santo Domingo. Antes de llegar a la esquina con la calle Nieves Cano, una fuerte explosión, que pudo oírse en gran parte de la ciudad de Vitoria, acabó con sus vidas. Era poco antes de las 16:30 horas y en el campus universitario había en esos momentos una gran afluencia de estudiantes.
El coche bomba cargado con 25 kilos de explosivos y de metralla compuesta por bolas metálicas, fue accionado desde una distancia de varias decenas de metros por los etarras al paso del político socialista y de su escolta. Como consecuencia de la explosión también resultó herida leve una mujer de 51 años, que se trasladó por sus propios medios al hospital. La furgoneta había sido robada un año antes, en mitad de la tregua decretada por ETA en septiembre de 1998. La banda terrorista había utilizado el mismo método con el que asesinó, el mes anterior, al teniente del Ejército Pedro Antonio Blanco.

Los asesinos juzgados y condenados de Fernando y Jorge fueron Asier Carrera Arenzana (quien colocó la furgoneta-bomba y accionó el mecanismo), Luis Mariñelarena Garciandía y Diego Ugarte López. Los dos primeros fueron condenados en 2002 y Ugarte en 2005.
En noviembre de 2011 la Audiencia Nacional condenó a 105 años de cárcel a Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, por el atentado contra Fernando Buesa y Jorge Díez. Fue la primera sentencia contra miembros de ETA después de que la banda anunciara el cese definitivo de la violencia el 20 de octubre de ese mismo año. La sentencia da como probado que Txapote“mantuvo varias reuniones en el sur de Francia durante 1998 y 1999 con los miembros del comando Ituren, integrado por los condenados en estas acusaciones, Asier Carrera, Luis Mariñelarena y Diego Ugarte. Tras fijarles como ámbito de actuación la provincia de Álava, y encargarles el alquiler de un piso como base de operaciones, les asignó la misión de obtener información detallada acerca de la vida y costumbres, entre otros, del abogado y portavoz del Grupo Socialista del Parlamento vasco, Fernando Buesa, a quien la dirección de ETA había decidido ejecutar”. Asimismo, la sentencia considera probado que, una vez finalizada la tregua de 1998 de la banda criminal, García Gaztelu mandó intensificar los seguimientos y vigilancias a Buesa y facilitó a los autores materiales la furgoneta, los explosivos y las armas que debían utilizar para cometer el atentado.
Fernando se distinguió por su condena a la violencia terrorista durante toda su carrera política. Defendió sus ideas y sus convicciones con vehemencia, y por eso lo mataron. Sabía que la banda terrorista lo había puesto en la diana y vivía amenazado desde hacía tiempo. Fue coherente con sus ideas hasta el final y, el sábado anterior a su asesinato, había acudido a la manifestación del movimiento ¡Basta Ya! en San Sebastián para pedir la disolución de ETA y protestar por la falta de libertades en el País Vasco. Arnaldo Otegi, en esos momentos compañero de Buesa en el Parlamento de Vitoria, se había referido a los que participaron en la manifestación de San Sebastián como “la gusanada”.
En su última intervención parlamentaria, el 18 de febrero de 2000, dijo entre otras cosas:
Estamos hartos de que ustedes se dediquen a darle vueltas al diccionario y a retorcer el sentido de las palabras para ver si encuentran una expresión feliz que sea asumible por Euskal Herritarrok a la hora de plantear sus resoluciones parlamentarias. ¡Dejen de mirar tanto y con tantos paños calientes a su suspendido socio parlamentario, y vuelquen su atención en las ciudadanas y ciudadanos de este país que sufren los ataques y carecen de seguridad y libertad! Ellos son los que tienen derecho a exigirles que paren, con todos los medios legítimos de que dispone el Gobierno, esos ataques, y ustedes son los que forman el Gobierno democrático de este país.
En ese momento el Gobierno de Juan José Ibarretxe se sustentaba en un pacto de legislaturafirmado en mayo de 1999 por el PNV, Eusko Alkartasuna y Euskal Herritarrok, firmado por Arnarlo Otegui y avalado por uno de los dirigentes de ETA, Urrutikoetxea Bengoetxea, que tenía acta de parlamentario.
Su viuda, Natividad Rodríguez, hablaría en 2007 en el documental Corazones de hielo de Jorge Martínez Reverte, de la responsabilidad de los nacionalistas:
Tienen que preguntarse por qué no ha ido la violencia contra ellos, por qué se ha permitido que los violentos crecieran en la impunidad. ¿Se les ha ayudado? Yo puedo afirmar categóricamente que hubo complicidad del mundo nacionalista con los violentos.
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