El Mapa del Olvido

21 de abril de 2012

AURELIANO CALVO VAL (San Sebastián, Guipúzcoa, España)

Filed under: 1979, Agosto, Guipúzcoa, San Sebastián, Sin esclarecer — Fer Altuna Urcelay @ 16:29

http://g.co/maps/e8yzp (Lugar aproximado)

En la tarde del 30 de agosto fue encontrado en San Sebastián el cadáver del policía nacional AURELIANO CALVO VAL dentro del taxi con el que trabajaba en sus horas libres. El vehículo estaba en la avenida de Tolosa, junto al colegio inglés, y el cadáver presentaba varios impactos de bala. “Aureliano salió a las seis de la tarde del 30 de agosto de 1979 de casa y no volvió jamás (…) No quise saber los detalles ni quise preguntar (…) yo tenía que sacar a mis pequeños adelante” contó su viuda, Carmen Ibarlucea, en Contra el olvido, de Cristina Cuesta (Temas de Hoy, 2000).
Los taxistas donostiarras efectuaron al día siguiente un paro como protesta por el asesinato que costó la vida a Aureliano. No se sabe por qué ETA acabó con la vida de Aureliano, aunque su viuda sí contó en Contra el olvido que “los años previos al atentado estuvieron llenos de miedo. Muchas veces le dije a mi marido que nos fuéramos porque el día a día era una permanente angustia”.
Aureliano Calvo Val, de 38 años, había nacido en Quintanas de Valdelucio (Burgos). Estaba casado con Carmen Ibarlucea, y tenía tres hijos: dos niñas de 12 y 3 años, y un niño de 6 meses. Sus restos mortales fueron trasladados por carretera a su localidad natal, donde recibieron sepultura. En abril de 2007, y con motivo de un homenaje a víctimas del terrorismo de Guipúzcoa, Carmen Ibarlucea señaló a El Diario Vasco que ella era “una víctima de los ‘años de plomo’. He estado en el total olvido, incluso te hacían sentirte culpable” (23/04/2007). Pese a ello, no quiso irse de San Sebastián: “Siempre quise permanecer en el País Vasco, jamás me planteé irme después del atentado. El País Vasco es mi tierra” (Cristina Cuesta, Contra el olvido, Temas de Hoy, 2000).

19 de abril de 2012

ANTONIO PASTOR MARTÍN (San Sebastián, Guipúzcoa, España)

Filed under: 1979, Guipúzcoa, Julio, San Sebastián, Sin esclarecer — Fer Altuna Urcelay @ 15:39

http://g.co/maps/4ymvk


En torno a las once menos cuarto de la noche del 28 de julio de 1979, miembros de la banda terrorista ETA ametrallaban desde un Peugeot 404 la casa-cuartel de la Guardia Civil en el barrio donostiarra de Herrera, alcanzando a tres agentes. Dos de ellos, el brigada MOISÉS CORDERO LÓPEZ y el agente ANTONIO PASTOR MARTÍN fallecieron horas después, el 29 de julio de 1979, en la residencia Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. Un tercer guardia civil, José Álvarez Hillos, resultó herido, pero logró salir adelante.


Antonio Pastor Martín, agente de la Guardia Civil de 24 años, falleció la tarde del domingo 29 de julio de 1979 tras varias intervenciones quirúrgicas y transfusiones de sangre. Había ingresado en la Guardia Civil el 15 de febrero de 1979 y llevaba sólo dos días destinado en el cuartel de Herrera. Antonio Pastor estaba casado y su cadáver fue trasladado a Palencia, de donde era natural, tras celebrarse el funeral en el Hospital Militar de San Sebastián. En enero de 2010 el delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Palencia, León y Valladolid, Víctor Manuel Villalobos Blanco, entregó al alcalde, Heliodoro Gallego, una solicitud para que el Ayuntamiento le dedique una calle en su ciudad natal.

El automóvil Peugeot 404 utilizado por los etarras para cometer el atentado fue encontrado al día siguiente en el barrio donostiarra de Alza en San Sebastián. En su interior aparecieron varios casquillos de fusil Cetme y del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN. El vehículo presentaba varios impactos de bala en la parte izquierda del cristal trasero.
El atentado fue reivindicado el 30 de julio por ETA militar, en el mismo comunicado en el que se atribuía el asesinato de los policías nacionales Emilio López de la Peña y Miguel Ángel Saro Pérez y el tiroteo a dos guardias civiles de Tráfico en Pamplona, que resultaron heridos. Ese fin de semana se produjeron otros atentados, sin víctimas mortales, en el País Vasco y Navarra. En Pamplona, dos policías resultaron conmocionados al intentar desactivar una bomba colocada en una de las ventanas de un antiguo cuartel deshabitado de la Policía Nacional. Un artefacto colocado en las taquillas del puente colgante de Portugalete produjo daños materiales en las viviendas cercanas. Y en el barrio de Urioste de Bilbao, los ocupantes de un vehículo intentaron atropellar a dos guardias civiles que se encontraban en un control de carretera.

MOISÉS CORDERO LÓPEZ (San Sebastián, Guipúzcoa, España)

Filed under: 1979, Guipúzcoa, Julio, San Sebastián, Sin esclarecer — Fer Altuna Urcelay @ 15:32

http://g.co/maps/4ymvk

En torno a las once menos cuarto de la noche del 28 de julio de 1979, miembros de la banda terrorista ETA ametrallaban desde un Peugeot 404 la casa-cuartel de la Guardia Civil en el barrio donostiarra de Herrera, alcanzando a tres agentes. Dos de ellos, el brigada MOISÉS CORDERO LÓPEZ y el agente ANTONIO PASTOR MARTÍN fallecieron horas después, el 29 de julio de 1979, en la residencia Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. Un tercer guardia civil, José Álvarez Hillos, resultó herido, pero logró salir adelante.
Moisés Cordero López, brigada de la Guardia Civil, recibió seis impactos de bala y falleció a las tres y media de la madrugada en la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu. Natural de Isla Cristina (Huelva), tenía 51 años, estaba casado, y era padre de tres hijos de 21, 19 y 11 años. Fue enterrado en el pueblo onubense de Encinasola, donde pasó su infancia y juventud. Estaba destinado en el cuartel de Herrera desde el 1 de julio.

El automóvil Peugeot 404 utilizado por los etarras para cometer el atentado fue encontrado al día siguiente en el barrio donostiarra de Alza en San Sebastián. En su interior aparecieron varios casquillos de fusil Cetme y del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN. El vehículo presentaba varios impactos de bala en la parte izquierda del cristal trasero.
El atentado fue reivindicado el 30 de julio por ETA militar, en el mismo comunicado en el que se atribuía el asesinato de los policías nacionales Emilio López de la Peña y Miguel Ángel Saro Pérez y el tiroteo a dos guardias civiles de Tráfico en Pamplona, que resultaron heridos. Ese fin de semana se produjeron otros atentados, sin víctimas mortales, en el País Vasco y Navarra. En Pamplona, dos policías resultaron conmocionados al intentar desactivar una bomba colocada en una de las ventanas de un antiguo cuartel deshabitado de la Policía Nacional. Un artefacto colocado en las taquillas del puente colgante de Portugalete produjo daños materiales en las viviendas cercanas. Y en el barrio de Urioste de Bilbao, los ocupantes de un vehículo intentaron atropellar a dos guardias civiles que se encontraban en un control de carretera.

17 de abril de 2012

JOSÉ MANUEL OLARTE URREIZTI (San Sebastián, Guipúzcoa, España)

Filed under: 1994, Guipúzcoa, Julio, San Sebastián, Valentín Lasarte Oliden (ETA) — Fer Altuna Urcelay @ 12:54

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En la madrugada del jueves 27 de julio de 1994 el etarra Valentín Lasarte Oliden, a cara descubierta y acompañado por una terrorista que le dio cobertura, asesinaba de un tiro en la nuca al empresario guipuzcoano JOSÉ MANUEL OLARTE URREIZTI mientras jugaba a las cartas con un grupo de amigos en la sociedad gastronómica La Unión Artesana, en la parte vieja de San Sebastián. Herido de muerte, José Manuel fallecía poco antes de las dos de la madrugada en el Hospital Nuestra Señora de Aránzazu.


Según el relato de Lasarte Oliden en su declaración ante el juez Garzón en marzo de 1996, él se encontró con Olarte de forma casual, cuando acudió a tomar café al establecimiento donde estaba el empresario con sus amigos, después de haber celebrado el cumpleaños de su padre. Al verle, el asesino se fue a su domicilio, muy cerca de la sociedad gastronómica, cogió una pistola de tiro olímpico que había comprado en Hendaya (Francia) y regresó al local para tirotear a José Manuel. Durante su declaración judicial, confesó que no había recibido ninguna orden de la dirección de la banda, sino que lo hizo motu proprio. A la una de la madrugada, Lasarte se acercó por la espalda a José Manuel Olarte, conocido en determinado ambientes como Plomos y Pistolas, y le disparó un único disparo en la nuca. A continuación, huyó del lugar junto a la terrorista que le dio cobertura.

La sociedad gastronómica La Unión Artesana, donde se cometió el atentado, se encuentra a unos trescientos metros de la sociedad gastronómica Gaztelupe, donde el 19 de enero de 1993 fue asesinado el exfutbolista y empresario José Antonio Santamaría Vaqueriza, en un atentado muy similar: un tiro en la nuca disparado por Valentín Lasarte mientras cenaba con sus amigos con motivo de la Tamborrada que daba inicio a las fiestas patronales de San Sebastián.

José Antonio Santamaría y José Manuel Olarte habían aparecido en un informe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de San Sebastián, conocido como ‘Informe Navajas’, como personas clave de supuestas redes de contrabando y narcotráfico de Guipúzcoa. Parte de su contenido fue desvelado en 1989 en Diario 16 y, posteriormente, por el diario Egin. El abogado de ambos empresarios, Fernando Múgica Herzog, fue también asesinado por ETA en febrero de 1996, con participación, una vez más, del etarra Valentín Lasarte Oliden.

El llamado ‘Informe Navajas’, elaborado por el fiscal Luis Navajas, revelaba supuestas implicaciones de empresarios guipuzcoanos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el contrabando y el tráfico de drogas. De Olarte se indicaba que era el encargado de “tener los contactos con los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a los que se controla, así como de cobrar todas las cantidades que van destinadas a aquellos”. En el informe se decía también que dependía directamente de José Antonio Santamaría. Publicado por primera vez en Diario 16, las acusaciones de la Fiscalía nunca llegaron a concretarse en cargo alguno contra José Manuel Olarte, que incluso había ganado una demanda contra El Independiente por calificarle de “confidente y narcotraficante” en un artículo en 1990, tal y como comunicó Múgica Herzog a El Mundo al día siguiente del asesinato de su cliente.

Desde que se hizo público el informe, fragmentos del mismo fueron difundidos en varias ocasiones por el diario Egin. Además, Olarte Urreizti apareció también citado en el libro La red Galindo, de José Benigno Rei Rodríguez, conocido como Pepe Rei, jefe del equipo de investigación del diario proetarra. Según los datos facilitados en dicho libro, Olarte estaba en paradero desconocido tras el atentado que costó la vida al exjugador de la Real Sociedad, José Antonio Santamaría, y había sido investigado ya a raíz de la desaparición de una parte del alijo de una tonelada de cocaína aprehendido en Irún en el mes de mayo de 1988. Pepe Rei, que citaba en su informe investigaciones realizadas por agentes anticorrupción de la Guardia Civil, señalaba en su libro que Olarte “valiéndose de su condición de confidente de altos vuelos, operaba en droga y tenía establecidos sólidos contactos, incluso con Colombia”.

Igual que Santamaría, Olarte estaba condenado a muerte por todas esas informaciones aparecidas en periódicos y libros. El gobernador civil de Guipúzcoa, José María Gurruchaga, señaló a El País que la víctima había sido informada personalmente, tres meses antes de su asesinato, de que ETA tenía detallada información sobre sus movimientos. Por otra parte, su nombre apareció por vez primera en papeles de ETA en 1982, antes del ‘Informe Navajas’, y posteriormente en agosto de 1991 en la documentación intervenida al grupo Ipar Haizea de ETA, lo que le llevó a solicitar licencia de armas.

Para Santamaría y para Olarte la justicia llegó tarde. El juicio por Santamaría se celebró en abril de 1994 en la Audiencia Provincial de San Sebastián. El juez Luis Blázquez criticó en su sentencia “la escasa prueba acusatoria” aportada por el Ministerio Fiscal, impidiendo dar por válidas sus conclusiones y no condenando a Santamaría. Hacía un año y tres meses que había sido asesinado. En el caso de Olarte, las diligencias abiertas contra él en 1991 en el juzgado número 1 de San Sebastián, fueron posteriormente archivadas.

El asesinato suscitó una oleada de condenas y la bandera de San Sebastián ondeó a media asta en el Ayuntamiento. La patronal guipuzcoana Adegi declaró que “una vez más quienes se autoproclaman jueces y verdugos no dudan en matar y difundir el terror”.

Herri Batasuna, por su parte, atribuyó el asesinato “a la espiral de violencia alimentada por el Estado español” y su portavoz Floren Aoiz afirmó: “Hay mucho narcotraficante en la calle protegido por el Gobierno”.

En 1997 la Audiencia Nacional condenó a 29 años de reclusión mayor a Valentín Lasarte Oliden por el asesinato de Olarte Urreizti.

José Manuel Olarte Urreizti tenía 42 años y estaba soltero. Fue aspirante a ertzaina, pero no llegó a superar las pruebas. Su funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente, con la asistencia, entre otros, del entonces alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, y otros concejales del Ayuntamiento, además de representantes del Gobierno vasco. Tras el acto religioso, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Polloe con la asistencia de una veintena de familiares y amigos, entre los que se encontraba su novia.

16 de abril de 2012

ANTONIO JESÚS TRUJILLO COMINO (San Sebastián, Guipúzcoa, España)

Filed under: 1985, Guipúzcoa, Julio, San Sebastián, Sin esclarecer — Fer Altuna Urcelay @ 13:18

http://g.co/maps/6pqm2

A las 8:15 horas del 9 de julio de 1985 la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián a ANTONIO JESÚS TRUJILLO COMINO y a JUAN MERINO ANTÚNEZ, dos guardias civiles de paisano encargados de la custodia de la Delegación de Hacienda de la capital donostiarra.

Antonio Jesús Trujillo Comino, de 22 años, estaba soltero, aunque tenía fijada la fecha de su boda para el mes siguiente a su asesinato. Era natural de Priego de Córdoba. Al igual que Juan, su primer y último destino, tras salir del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro en Madrid, fue San Sebastián.

Los guardias civiles estaban dentro de un coche aparcado escuchando música con las ventanillas bajadas. Los terroristas, que llevaban el pañuelo rojo anudado al cuello típico de las fiestas de San Fermín, abordaron el coche policial simulando formar parte de los miles de jóvenes que volvían esos días de las fiestas a las capitales del País Vasco. Al llegar a la altura del vehículo, empezaron a disparar simultáneamente y a quemarropa por ambos lados a través de las ventanillas delanteras del mismo. Los guardias civiles murieron prácticamente en el acto y quedaron recostados dentro del coche uno sobre el otro.


Juan y Antonio apenas llevaban dos meses destinados en San Sebastián. Ambos procedían del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid), y cubrían asiduamente la vigilancia de la Delegación de Hacienda, edificio que había sufrido varios atentados y frecuentes avisos de bomba.

Según testigos presenciales del atentado, los asesinos huyeron pistola en mano y se introdujeron en uno de los accesos peatonales del aparcamiento subterráneo de la calle de Oquendo, a escasos veinte metros del lugar donde habían quedado acribillados los dos guardias civiles.

Inmediatamente después de escucharse los cinco disparos, otros dos guardias civiles salieron de la Delegación de Hacienda, echaron una rápida ojeada a los guardias que agonizaban, ordenaron a los vecinos que avisaran a un médico y al 091 y penetraron en el aparcamiento en busca de los asesinos. Diez minutos más tarde la Policía cerró los accesos del estacionamiento subterráneo y registró, sin resultados, los vehículos y a sus usuarios. Lo más probable es que los etarras salieran del aparcamiento por otra entrada peatonal que desemboca en la calle de la República Argentina, donde continuaron su huida en coche, de ahí que su búsqueda en el interior del aparcamiento resultase infructuosa.

A las diez de la mañana un individuo telefoneó a la DYA en nombre de ETA militar para indicar que habían abandonado un Renault 7 en la zona de Cocheras, en el garaje de los autobuses urbanos de San Sebastián. El propietario del coche, Domingo Alunda, fue encontrado atado y amordazado en el portamaletas. Tras ser liberado, Domingo afirmó que había sido abordado a punta de pistola en Pasajes cuando iba a trabajar, y que había permanecido atado y amordazado en el portamaletas más de una hora.

Fuentes oficiales señalaron tras el atentado que en este tipo de servicios las parejas de guardias civiles tienen órdenes precisas de no permanecer juntos en el interior del coche cuando éste está aparcado. Varios vecinos indicaron que los guardias encargados de este servicio utilizaban el punto en el que se produjo el atentado como lugar preferente, casi exclusivo, desde el que ejercer la vigilancia, ya sea en el interior de los coches o bien sentados en uno de los bancos del jardín que bordea un lateral del Hotel María Cristina, frente al edificio de la Delegación de Hacienda.

Dos horas después de las diez de la mañana los cadáveres de Juan Merino y Antonio Trujillo fueron trasladados al cementerio donostiarra de Polloe para practicarles la autopsia. Los guardias tenían impactos en la cabeza, en el cuello y en el hombro, debido a la trayectoria descendente seguida por las balas. La mano de uno de los guardias descansaba sobre su muslo derecho, cerca de la pistola reglamentaria que tenía entre las piernas y que no tuvo tiempo de utilizar.

La Policía recogió dos casquillos de bala en la acera y al menos otros dos más en la calzada. Practicada la autopsia, los cadáveres fueron llevados al edificio del Gobierno Civil. El funeral tuvo lugar a las seis de la tarde en la Iglesia de la Sagrada Familia, en el barrio de Amara. Al mismo asistieron el ministro de Interior, José Barrionuevo, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui. A la entrada y a la salida del funeral se vivieron momentos de tensión y se profirieron insultos contra Barrionuevo y contra ETA. Los asesinatos y atentados se sucedían un día tras otro y el ambiente estaba cada vez más encendido. Una semana antes del asesinato de Juan y Antonio, el policía nacional José Antonio Sevilla había resultado gravemente herido en Pamplona cuando un terrorista le disparó a la cabeza mientras se encontraba en un bar de la capital navarra. El agente sobrevivió al atentado, pero sufrió graves secuelas, entre ellas la pérdida de un ojo. Años después acabó quedando completamente ciego.

Antonio Jesús Trujillo Comino, de 22 años, estaba soltero, aunque tenía fijada la fecha de su boda para el mes siguiente a su asesinato. Era natural de Priego de Córdoba. Al igual que Juan, su primer y último destino, tras salir del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro en Madrid, fue San Sebastián.

JUAN MERINO ANTÚNEZ (San Sebastián, Guipúzcoa, España)

Filed under: 1985, Guipúzcoa, Julio, San Sebastián, Sin esclarecer — Fer Altuna Urcelay @ 13:16

http://g.co/maps/6pqm2

A las 8:15 horas del 9 de julio de 1985 la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián a ANTONIO JESÚS TRUJILLO COMINO y a JUAN MERINO ANTÚNEZ, dos guardias civiles de paisano encargados de la custodia de la Delegación de Hacienda de la capital donostiarra.


Juan Merino Antúnez, de 21 años, casado y sin hijos, era natural de Llanes (Asturias). Había sido trasladado a San Sebastián el 1 de mayo de 1985.

Los guardias civiles estaban dentro de un coche aparcado escuchando música con las ventanillas bajadas. Los terroristas, que llevaban el pañuelo rojo anudado al cuello típico de las fiestas de San Fermín, abordaron el coche policial simulando formar parte de los miles de jóvenes que volvían esos días de las fiestas a las capitales del País Vasco. Al llegar a la altura del vehículo, empezaron a disparar simultáneamente y a quemarropa por ambos lados a través de las ventanillas delanteras del mismo. Los guardias civiles murieron prácticamente en el acto y quedaron recostados dentro del coche uno sobre el otro.


Juan y Antonio apenas llevaban dos meses destinados en San Sebastián. Ambos procedían del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid), y cubrían asiduamente la vigilancia de la Delegación de Hacienda, edificio que había sufrido varios atentados y frecuentes avisos de bomba.

Según testigos presenciales del atentado, los asesinos huyeron pistola en mano y se introdujeron en uno de los accesos peatonales del aparcamiento subterráneo de la calle de Oquendo, a escasos veinte metros del lugar donde habían quedado acribillados los dos guardias civiles.

Inmediatamente después de escucharse los cinco disparos, otros dos guardias civiles salieron de la Delegación de Hacienda, echaron una rápida ojeada a los guardias que agonizaban, ordenaron a los vecinos que avisaran a un médico y al 091 y penetraron en el aparcamiento en busca de los asesinos. Diez minutos más tarde la Policía cerró los accesos del estacionamiento subterráneo y registró, sin resultados, los vehículos y a sus usuarios. Lo más probable es que los etarras salieran del aparcamiento por otra entrada peatonal que desemboca en la calle de la República Argentina, donde continuaron su huida en coche, de ahí que su búsqueda en el interior del aparcamiento resultase infructuosa.

A las diez de la mañana un individuo telefoneó a la DYA en nombre de ETA militar para indicar que habían abandonado un Renault 7 en la zona de Cocheras, en el garaje de los autobuses urbanos de San Sebastián. El propietario del coche, Domingo Alunda, fue encontrado atado y amordazado en el portamaletas. Tras ser liberado, Domingo afirmó que había sido abordado a punta de pistola en Pasajes cuando iba a trabajar, y que había permanecido atado y amordazado en el portamaletas más de una hora.

Fuentes oficiales señalaron tras el atentado que en este tipo de servicios las parejas de guardias civiles tienen órdenes precisas de no permanecer juntos en el interior del coche cuando éste está aparcado. Varios vecinos indicaron que los guardias encargados de este servicio utilizaban el punto en el que se produjo el atentado como lugar preferente, casi exclusivo, desde el que ejercer la vigilancia, ya sea en el interior de los coches o bien sentados en uno de los bancos del jardín que bordea un lateral del Hotel María Cristina, frente al edificio de la Delegación de Hacienda.

Dos horas después de las diez de la mañana los cadáveres de Juan Merino y Antonio Trujillo fueron trasladados al cementerio donostiarra de Polloe para practicarles la autopsia. Los guardias tenían impactos en la cabeza, en el cuello y en el hombro, debido a la trayectoria descendente seguida por las balas. La mano de uno de los guardias descansaba sobre su muslo derecho, cerca de la pistola reglamentaria que tenía entre las piernas y que no tuvo tiempo de utilizar.

La Policía recogió dos casquillos de bala en la acera y al menos otros dos más en la calzada. Practicada la autopsia, los cadáveres fueron llevados al edificio del Gobierno Civil. El funeral tuvo lugar a las seis de la tarde en la Iglesia de la Sagrada Familia, en el barrio de Amara. Al mismo asistieron el ministro de Interior, José Barrionuevo, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui. A la entrada y a la salida del funeral se vivieron momentos de tensión y se profirieron insultos contra Barrionuevo y contra ETA. Los asesinatos y atentados se sucedían un día tras otro y el ambiente estaba cada vez más encendido. Una semana antes del asesinato de Juan y Antonio, el policía nacional José Antonio Sevilla había resultado gravemente herido en Pamplona cuando un terrorista le disparó a la cabeza mientras se encontraba en un bar de la capital navarra. El agente sobrevivió al atentado, pero sufrió graves secuelas, entre ellas la pérdida de un ojo. Años después acabó quedando completamente ciego.

15 de abril de 2012

GREGORIO CAÑO GARCÍA (San Sebastián, Guipúzcoa, España)

http://g.co/maps/n8xkb

A las siete menos cuarto de la mañana del jueves 29 de junio de 1989, la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián a GREGORIO CAÑO GARCÍA, chófer de Joaquín Aperribay, presidente de la Sociedad Anónima Placencia de las Armas (SAPA) y vicepresidente de la Real Sociedad Club de Fútbol. Tres horas antes de este atentado los terroristas lanzaron contra el cuartel de la Guardia Civil de la población guipuzcoana de Deba varias granadas de carga hueca, que no alcanzaron su objetivo.

El objetivo de los terroristas era secuestrar a Aperribay, amigo personal del dirigente de Herri Batasuna Iñaki Esnaola. Así lo explicaba la banda terrorista en un comunicado enviado unos días más tarde al diario Egin, en el que decían lamentar la muerte de Gregorio.
Como cada mañana, Caño García estacionó el coche Opel Senator de la empresa junto al portal del número 22 de la calle Zubieta de San Sebastián, y se mantuvo a la espera de que el presidente de SAPA bajara de su domicilio. Mientras aguardaba la salida de Aperribay un terrorista, identificado posteriormente como Francisco Javier Balerdi Ibarguren -empleado del grupo municipal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de San Sebastián-, se acercó al portal del domicilio de Aperribay. Gregorio Caño se percató de la situación y se dirigió hacia él. En ese momento, Balerdi sacó una pistola que tenía bajo la camisa y disparó contra el chófer, que quedó tendido boca arriba en la calzada. Había recibido cinco impactos de bala: tres en el abdomen, uno en el pecho, cerca del corazón, y otro en un muslo. Gregorio falleció cuando era trasladado en ambulancia a un hospital. En el lugar del asesinato la policía encontró un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.


Joaquín Aperribay era presidente de SAPA desde varios años antes del asesinato de su chófer. La empresa contaba en sus factorías de Andoáin y Plasencia con un total de 360 trabajadores y se dedicaba a la fabricación y reparación de carcasas de cañones y de misiles antiaéreos. Buena parte de su producción iba destinada al Ejército español, y el resto a la exportación. Después del intento de secuestro, Aperribay abandonó temporalmente el País Vasco junto a su familia. Durante una breve estancia en San Sebastián, en septiembre de 1989, recibió un paquete-bomba de parte de ETA que pudo ser desactivado por artificieros de la Policía Nacional.

El comité de empresa de SAPA emitió un comunicado, firmado también por el sindicato LAB en esa compañía, en el que condenaba el asesinato de su compañero. Sin embargo, pocas horas después el Secretariado Provincial de LAB en Guipúzcoa desautorizó a sus representantes en la SAPA mediante una nota pública en la que se decía que “no pueden valorarse de forma aislada los efectos generados por la lucha armada, sin analizar, con el debido rigor, las verdaderas causas que propician tales hechos”.

Joseba Egibar, portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), declaró que el asesinato es “la tarjeta de verano de aquellos que discurren con el amonal en las manos” y que ETA se estaba convirtiendo en una organización “inmovilista y retrógada, cada vez más aislada de la sociedad vasca”. Por su parte, Rafael Larraina, miembro de la ejecutiva de Eusko Alkartasuna (EA), animó a los ciudadanos a exteriorizar su protesta contra estos atentados.

Joaquín Aperribay es padre del actual presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay Bedialauneta, un club que se ha mantenido siempre en silencio ante los asesinatos de la banda terrorista y ha mostrado un apoyo explícito por parte de sus jugadores a los presos de ETA. Con la frase de “no nos metemos en política”, el club donostiarra no condenó en su momento el asesinato del exjugador de la Real Sociedad José Antonio Santamaría, o de seguidores y socios del club de toda la vida como Gregorio Ordóñez o Fernando Múgica.

Recientemente, el 8 de enero de 2011, varios jugadores del club apoyaron la marcha a favor de los presos de ETA autorizada por el juez Pedraz. Los futbolistas Mikel Aranburu, capitán del equipo, Imanol Agirretxe, Jon Ansotegi, Mikel González, Mikel Labaka, Markel Bergara, David Zurutuza y el portero suplente, Eñaut Zubikarai, no dudaron en mostrar públicamente su apoyo a la misma. En el caso de Zubikarai es sencillo de explicar, puesto que su padre, el etarra Cándido Zubikarai Badiola, está en la cárcel desde 1989 por participar en varios asesinatos, como el del empresario Sebastián Aizpiri Leyaristi y el de dos guardias civiles. Tampoco en este caso el club, presidido por Jokin Aperribay, condenó la actuación de sus jugadores.

La Audiencia Nacional condenó en 1993 a Francisco Javier Balerdi Ibarguren a 17 años de prisión por el asesinato de Gregorio Caño. Según el Ministerio del Interior, en el atentado participó un segundo terrorista, Juan Ignacio Ormaechea Antepara, que falleció en San Sebastián en agosto de 1991 en un enfrentamiento con la Guardia Civil. En la misma acción fallecieron también los etarras José Joaquín Leunda Mendizábal y Francisco Javier Icíar Aguirre.

Gregorio Caño García, de 49 años, era natural de Villa Mañón (León). Estaba casado y tenía tres hijos. Un hermano de la víctima señaló que Gregorio llevaba más de 20 años trabajando de chófer en SAPA.

14 de abril de 2012

IGNACIO URRUTIA BILBAO (San Sebastián, Guipúzcoa, España)

Filed under: 1990, Francisco Javier Balerdi Ibarguren (ETA), Guipúzcoa, Junio, San Sebastián — Fer Altuna Urcelay @ 19:47

http://g.co/maps/ax3ab

El 28 de junio de 1990 miembros de la banda terrorista ETA asestaron un tiro en la nuca al capitán del Ejército de Tierra retirado IGNACIO URRUTIA BILBAO. El atentado se produjo poco antes de las diez de la mañana en el barrio del Antiguo de San Sebastián y el militar murió en el acto. Urrutia acababa de abandonar su domicilio y fue abordado por dos terroristas en la confluencia de la calle Escolta Real y el paseo de los Mikeletes. Tras dispararle, los asesinos huyeron por el paseo de Pío Baroja. Minutos después acudieron al lugar una hija del capitán, visiblemente emocionada, y el marido de ésta.
El gobernador civil de Guipúzcoa, José María Gurruchaga, calificó de “canallada y cobardía” esta acción terrorista, y pidió la colaboración a los ciudadanos para detener a los asesinos. La noticia del asesinato de Ignacio Urrutia fue acogida con estupor por los vecinos del barrio del Antiguo, dado que el militar era muy conocido en el mismo. Su familia regentaba una administración de lotería en la calle de Matía.
En el lugar de los hechos la Policía encontró un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum del año 1974, la misma munición hallada en el atentado que costó la vida al coronel de Infantería retirado José Lasanta Martínez el 13 de junio. Con Urrutia Bilbao y Lasanta Martínez, eran ya tres los militares retirados asesinados en San Sebastián en el primer semestre del año 1990, pues el 1 de marzo fue tiroteado el teniente de navío Aureliano Rodríguez Arenas. Los tres fueron asesinados por el grupo Donosti de ETA.
La capilla ardiente fue instalada en el Gobierno Militar de Guipúzcoa y los funerales se celebraron a las doce de la mañana del día siguiente en la Iglesia de San Sebastián Mártir, en el barrio de El Antiguo.
En 1993 la Audiencia Nacional condenó a Francisco Javier Balerdi Ibarguren a 19 años de reclusión menor como cómplice en el atentado que acabó con la vida de Ignacio Urrutia. Balerdi Ibarguren era empleado del grupo municipal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de San Sebastián.
Ignacio Urrutia Bilbao, de 74 años, estaba casado y tenía dos hijas. Nació el 31 de julio de 1915 en Bilbao e ingresó en el Ejército en 1938. La mayor parte de su carrera militar estuvo destinado en San Sebastián, en la Compañía de Ingenieros de Armamento y Construcción (CIAC) donde desempeñaba el cargo de especialista en construcción y electricidad. En el momento de su asesinato regentaba con su familia una administración de loterías en el barrio donostiarra de El Antiguo. En marzo de 2005 el Consejo de Ministros le ascendió al grado de comandante con carácter honorífico y a título póstumo.

BEGOÑA URROZ IBARROLA (San Sebastián, Guipúzcoa, España)

Filed under: 1960, Guipúzcoa, Junio, San Sebastián, Sin esclarecer — Fer Altuna Urcelay @ 18:48

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El 28 de junio de 1960 fallece en la clínica del Perpetuo Socorro la niña BEGOÑA URROZ IBARROLA a consecuencia de las graves quemaduras en las piernas, los brazos y la cara que le provocó la bomba incendiaria colocada en uno de los armarios de la consigna en la estación de Amara, en San Sebastián. El artefacto estalló a las 19:10 horas del día anterior, 27 de junio de 1960. Begoña, de apenas veintidós meses, era la primogénita de un matrimonio residente en Lasarte: Juan Urroz y Jesusa Ibarrola. El padre, fallecido hace pocos años, era un hombre de caserío, un vasco-navarro que sólo hablaba euskera y estaba empleado en la fábrica de electrodomésticos Moulinex.
La bomba causó, además, heridas a otras seis personas: Valeriano Bakaikoa Azurmendi, de 15 años, estudiante que regresaba a San Sebastián tras pasar unos días de vacaciones con unos familiares de Rentería; la encargada de la consigna, Soledad Arruti, de 60, tía de Jesusa, con la que había dejado a Begoña mientras iba a comprarle unos zapatos; Pascual Ibáñez Martín, de 29 años; Francisco Sánchez Bravo, de 42, y María García Moras, de 49. “Una tía mía, Soledad Arruti Etxegoyen, trabajaba en la consigna de la estación de Amara, en San Sebastián. Yo solía ir a ayudarla para ganarme unas pesetillas. Aquel día dejé a mi niña con ella mientras yo iba a un comercio cercano a comprarle unos zapatitos para ir a Navarra. Cuando volví, había un lío tremendo. ¡Había estallado una bomba! Mi hija estaba abrasada y otras personas, entre ellas mi tía, heridas. Fue horrible” contó Jesusa a El País (31/01/2010), ya con 83 años, pero sin poder reprimir el llanto por el recuerdo de su hija. 
El 29 de junio se celebró en Lasarte el funeral por la niña, en el que estuvieron presentes el gobernador civil, José María del Moral, el general gobernador militar de la provincia, el teniente coronel jefe de la 143 Comandancia de la Guardia Civil, autoridades locales y prácticamente todo el pueblo, en un ambiente de gran emoción. Un día después, el 30 de junio, José María del Moral recibió a Emeterio Ríos Gómez, mozo del servicio exterior de la estación de Amara, para felicitarle por el riesgo que corrió para rescatar a Begoña de las llamas, aunque finalmente su acción no sirvió para salvar la vida de la niña.

La autoría de este atentado fue polémica desde el principio, y sigue siéndolo. Si al principio se atribuyó, sin ninguna prueba fehaciente, al Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) o, incluso, a la propia Policía franquista, desde la década de los noventa se fue afianzando la tesis de la autoría etarra. Para intentar encuadrar esta autoría, hay que hacer una breve referencia histórica sobre el momento en el que se iniciaron las acciones violentas de la banda, puesto que estamos hablando del primer atentado que provocó una víctima mortal, adelantando en ocho años el bautismo de sangre de la banda que, durante muchos años, se situó el 7 de junio de 1968, con el asesinato del guardia civil José Pardines Arcay.
El paso a la violencia por parte de la banda terrorista ETA se produjo, según Florencio Domínguez, aproximadamente un año después de su fundación. Esta, a su vez, tuvo lugar en las navidades de 1958, como grupo disidente de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), grupo decepcionado por la pasividad de estos ante el franquismo. Hay que destacar que la ruptura con el PNV fue, sorprendentemente, poco traumática, por no decir amistosa. Este grupo disidente del PNV se organizó en varias ramas. Una de ellas era la “rama de acción”, que enseguida pasó a ejercer la violencia. En diciembre de 1959 los terroristas colocaron sus tres primeras bombas contra objetivos simbólicos en Vitoria, Bilbao y Santander. Como veremos más adelante, uno de los fundadores de ETA, Julen Madariaga, retrotrae varios años la decisión de pasar a la acción. Unos meses después de esas primeras bombas, se suceden una serie de atentados con explosiones en instalaciones ferroviarias entre los días 27 y 29 de junio de 1960. En San Sebastián, además del artefacto que mató a Begoña Urroz, estalló otro en la estación del Norte.
Todos los atentados de aquellos días, incluido el que acabó con la vida de Begoña, fueron atribuidos al grupo anarquista Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) por la agencia United Press Internacional. Curiosamente, la Oficina Prensa Euzkadi (OPE) del Gobierno vasco en el exilio, en su nº 3.189 de 1 de julio de 1960, comenta que “es difícil pronunciarse sobre su autenticidad”, en relación a la autoría del DRIL, organización, por otra parte, de existencia confusa y difusa. La Policía y el Ministerio de Gobernación, atribuyeron en ese momento el atentado, de forma muy genérica, a “elementos extranjeros en cooperación con separatistas y comunistas españoles”. Y el PNV lo achacó, directamente, a la propia Policía franquista.
ETA nunca asumió, al menos públicamente, la autoría de la colocación de la bomba en la estación de Amara. Pero que ETA no asuma públicamente un atentado no es garantía de nada. Los expertos que han estudiado el terrorismo de ETA, y así lo hemos puesto de manifiesto a lo largo de estos meses, han documentado muchos casos de asesinatos y atentados que la banda no ha reivindicado, bien porque eran crímenes tan espantosos que ni siquiera una banda asesina era capaz de asumir, bien porque se habían equivocado en el objetivo, bien porque reconocerlo podía tener un coste social que menoscabaría el “prestigio” que, desgraciadamente, ha tenido ETA en amplísimos sectores del País Vasco, y fuera de él. Normalmente, en esos casos la banda asesina (y sectores próximos a ella) ha intentado desviar la atención culpando a otros grupos de extrema derecha, policiales, parapoliciales, nacionales o internacionales.
Uno de los primeros indicios de que la bomba en la estación de Amara la había colocado la banda terrorista ETA se produjo a raíz de la detención de su cúpula en Bidart, el 29 de marzo de 1992. En el ordenador del jefe del Aparato Político, José Luis Álvarez Santacristina, alias Txelis, aparece una cronología de hechos relevantes y un listado de acciones que incluye la bomba de la estación de Amara, aunque hay que puntualizar dos cosas: una, que sitúa esa explosión en diciembre de 1959, un error evidente, y otra que no dice expresamente que haya sido la propia banda la autora del atentado. Simplemente aparece citado el atentado entre un listado de hechos relevantes en relación con la banda terrorista.
El primero en afirmar de forma expresa que la primera víctima de ETA habría sido Begoña Urroz fue el vicario general de San Sebastián, José Antonio Pagola (Una ética para la paz. Los obispos del País Vasco 1968-1992, Idatz, 1992). Ernest Lluch, exministro y catedrático de la Universidad de Barcelona, siguió esta pista y llegó a la misma conclusión que Pagola tres meses antes de ser asesinado por la banda. En un artículo publicado en El Correo el 19 de septiembre de 2000, Ernest Lluch escribía: “No hemos encontrado ni en Lazkao ni en publicaciones que ETA se atribuyera la colocación de bombas en 1960. El esperable resultado de una muerte especialmente repugnante debió conducir a una discreción absoluta. La fuente en que se basó el vicario general Pagola era impecable y a partir de ella he podido obtener informaciones comprobatorias y adicionales. La familia recibió versión oficial de la autoría de ETA y en su entorno vecinal no hay duda de ello. Los detalles son estremecedores y absolutamente previsibles para quien utiliza material incendiario. Una muerte terrible”.
Sin embargo, recientemente Iñaki Egaña ha vuelto a abrir la polémica, intentando desvincular a la banda terrorista ETA del asesinato de Begoña en el diario proetarra y ultranacionalista Gara(12/02/2010), en lo que es una descarada campaña de lavado de cara, de “blanqueamiento de los sepulcros de ETA”. Que el bautismo de sangre de una sanguinaria banda fuese el asesinato de un bebé de veintidós meses es algo muy poco heroico, y parece ser que, en algunos sectores, molesta especialmente que se atribuya a ETA la muerte de Begoña Urroz. El que moleste sólo puede ser, evidentemente, por el carácter simbólico que tiene ese primer asesinato, porque después de Begoña la banda ha asesinado a muchos niños y ha atentado en muchas ocasiones sabiendo positivamente que podían morir niños.
Una de las líneas argumentales que utiliza Egaña es presentar a los miembros de la banda en esa época como a un grupo de inocentes novatos, incapaces técnica y materialmente de cometer atentados. Afirma, además, con una total falta de rigor histórico, que en aquella época la banda sólo tenía dos militantes (“Los activistas de ETA en el tiempo de las explosiones del DRIL eran dos: Juan José Etxabe y Jon Ozaeta”, dice Egaña), que fueron detenidos en septiembre y que, para más inri, desconocían cómo poner bombas.
Siguiendo esta línea argumental, el autor afirma rotundamente que ETA puso su primera bomba el 15 de febrero de 1964. Pues bien: esa afirmación tan rotunda es mentira. Es precisamente uno de los fundadores de ETA, Julen Madariaga, quien pone en evidencia la falsedad de ese dato aportado por Egaña. En una entrevista concedida a La Vanguardia el 28 de diciembre de 1989, Madariaga hace un balance de los, por entonces, treinta años de historia de ETA, y dice: “Estos seis lustros no se podrían entender ni explicar sin los 6 ó 7 años de introducción bajo el apelativo EKI. La decisión histórica de no circunscribirnos a una actividad puramente política y cultural es también de esa época [nótese que se está poniendo en 1952-1953 para fijar el momento en el que se decide pasar a la acción]. Hacia 1957 se tomaron las primeras medidas conducentes a la acción directa. Las primeras pintadas y las primeras ikurriñas surgen en el 58. A finales de éste y principios del 59, si no recuerdo mal, comienzan los primeros ataques a monumentos del invasor y se pega fuego a algunos de sus más representativos centros. Las primeras cargas explosivas estallan asimismo en el transcurso de 1959“. Es decir, uno de los fundadores de la banda adelanta cinco años el momento en que ETA pone las primeras bombas.
Respecto a la falta de medios humanos, habría que recordarle a Iñaki Egaña que, tras el intento de masacre de unos excombatientes nacionales en la estación de Amara el 18 de julio de 1961, fueron detenidos y encarcelados más de un centenar de miembros de la banda. ¿Cómo explica Egaña que entre septiembre de 1960 y agosto de 1961 ETA pasara de tener cero militantes [los dos con los que contaba la banda en esa época fueron, según este autor, detenidos en septiembre] a controlar más de 200 personas entre los detenidos y las decenas de exiliados que se produjeron a raíz de aquel intento criminal? Por otra parte, todos los estudiosos de ETA cifran el nacimiento de la banda por la escisión de un grupo de jóvenes desencantados con “sus mayores”, el PNV. Nadie habla de una escisión de dos personas, sino de un grupo. El argumento de la falta de medios humanos se cae por su propio peso.
En cuanto a su capacidad de actuación, puesta también en duda por Egaña, tenemos el testimonio de Anthony Cave Brown en su libro Wild Bill Donovan: The last hero (citado por José Díaz Herrera en Los mitos del nacionalismo vasco) donde nos cuenta cómo espías de los servicios secretos vascos, que habían trabajado activamente para el OSS y su sucesora, la CIA, en numerosas operaciones de cloacas, entrenaron militarmente a los primeros miembros de ETA en los años sesenta. Por tanto, no puede sostenerse, como hace Iñaki Egaña, que fueran poco menos que unos pardillos incapaces de cometer atentados.
Además, y como señala Ernest Lluch en el artículo citado en relación a esos inicios de la banda asesina: “Cierto es que desde el mismo momento inicial, el día de San Ignacio de 1959, todos los estudiosos indican que la sexta rama de ETA tenía como responsabilidad emprender ‘acciones militares’. Uno de ellos, Francisco Letamendia, añade ‘aunque su actividad en los primeros años es bastante parca’. Ser parca no es ser nula por lo que deja el rastro de que algo pasó inmediatamente. El texto anónimo De Santoña, 1937, a Burgos, 1970, que se considera autoridad sobre la primera etapa violenta de ETA, no da prácticamente pista alguna [sobre el atentado en Amara] aunque afirma que desde el mismo 1960, retengan la fecha, ‘miembros destacados de la primera ETA pasaron a residir permanentemente en Euskadi Norte’” (El Correo, 19/09/2000). Es decir: ya desde muy pronto los integrantes de la banda (“miembros destacados de la misma”) cruzaron la frontera, y no precisamente para hacer turismo en el sur de Francia.
Finalmente, la última línea de defensa que utiliza Egaña es el reconocimiento que en 1977 hizo José Fernández Vázquez (alias Jorge Soutomaior), perteneciente al DRIL, de su responsabilidad en la muerte de Begoña Urroz. Es indudable que el bárbaro asesinato de la niña se produjo en el curso de una campaña indiscriminada de bombas que se centró en tres puntos: Madrid, Barcelona y San Sebastián (la bomba que explotó en la estación de Achuri de Bilbao era una maleta remitida desde la capital guipuzcoana). Sobre la responsabilidad del DRIL en la misma, la mejor pista sobre lo que pudo ocurrir la tenemos en el libro de un conocido autor antifranquista, Eliseo Bayo. En Los atentados contra Franco (Plaza y Janés, 1977) narra con todo lujo de detalles el intento de asesinar a Franco por parte de un grupo de anarquistas en el mes de agosto de 1962, mediante una bomba enterrada en una carretera que debía explotar al paso de su vehículo. Según Eliseo Bayo, que por razones obvias (escribe en 1976) oculta los nombres de los implicados, para actuar en el territorio vasco el grupo anarquista contactó con ETA. Inicialmente, en dichos contactos no se le explicaría a la banda el objetivo del atentado, llegando al acuerdo de que ésta realizaría el traslado de los 25 kilos de explosivo plástico, así como del resto de material necesario. El acuerdo también incluía la colaboración, por parte de ETA, en la protección del grupo que iba a realizar el magnicidio. De este modo, la banda terrorista realizaría el traslado de ese material mediante uno de los barcos de la flotilla con la que contaba ETA para eludir los controles fronterizos. Eliseo Bayo ofrece, además, una pista muy importante que apuntaría a que los terroristas sabinianos tuvieron un papel más importante del que inicialmente se les había adjudicado, cuando más adelanteutiliza el significativo término de “comando conjunto” para definir al grupo que iba a realizar el atentado. Todos los datos del relato de Bayo apuntan, por lo tanto, a que la entonces novata, pero ya de por sí peligrosa ETA, colaboró en la campaña criminal del DRIL, ya sea como mano de obra u ofreciendo el apoyo informativo, logístico y de protección a los autores. Y es que resulta poco menos que impensable que el DRIL, que nace de un núcleo importante de nacionalistas gallegos, actuara en “territorio de la hermana nación vasca” sin, como mínimo, consultar con el grupo terrorista que actuaba allí. Ni en 1962 ni en 1960. Por lo tanto es normal que Soutomaiorreconociera estar involucrado en unos hechos en los cuales había participado, muy posiblemente, en su planificación. Sobre esta colaboración de ETA con el DRIL, o viceversa, que señala Eliseo Bayo, cabe hacer un apunte, y es que no deja de ser sorprendente que un grupo que entonces se proclamaba sabiniano puro, sin ningún tipo de barniz o adjetivo, con lo que eso supone depensamiento arcaico, reaccionario, racista y xenófobo, obtuviera con tanta facilidad la simpatía de personas de izquierdas y anarquistas, cuyos principios teóricos estaban en las antípodas del discurso de la ETA sabiniana.
Pero lo fundamental para desechar las tesis de Egaña es que los datos que aporta para exculpar a ETA del atentado en la estación de Amara no son ciertos, como queda claro por las declaraciones de Julen Madariaga en La Vanguardia, y por las fechas en la que todos los estudiosos del terrorismo etarra datan el inicio de la actividad violenta de la banda. Además, hay que sumar las fuentes que consultaron Pagola y el propio Ernest Lluch. Si el diario Gara, a través de Iñaki Egaña, pretende lavar la cara de ETA, al menos debería hacerlo con un poco más de rigor histórico, no utilizando argumentos falsos como que el primer artefacto explosivo que colocó la banda fue el 15 de febrero de 1964.

FRANCISCO MARTÍN GONZÁLEZ (San Sebastián, Guipúzcoa, España)

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El 27 de junio de 1978 la banda terrorista ETA asesina a tiros en el barrio de Bidebieta de San Sebastián al sargento de la Policía Armada FRANCISCO MARTÍN GONZÁLEZ.
Ese día, el sargento Martín González y otros tres agentes del cuerpo se encontraban prestando un servicio de vigilancia en una urbanización de San Sebastián. El todoterreno en el que viajaban estaba parado en el paseo de Los Olmos, donde iban a proceder a hacer un relevo de las patrullas que recorrían las calles de San Sebastián. Uno de los agentes se encontraba en el exterior del vehículo cuando se acercó un taxi de color blanco del que se apeó un terrorista que ametralló a los miembros de la patrulla. El sargento resultó muerto en el acto, mientras que sus tres compañeros –José Frado CarroFrancisco Sánchez Arcos y José Gutiérrez Díaz– resultaron heridos de gravedad. En el lugar del atentado se encontraron numerosos casquillos del calibre 9 milímetros parabellum marca Geco.
Un testigo presencial, recién licenciado en Medicina, ha contado a Libertad Digital lo que vivió ese día. Aunque han pasado más de treinta años, prefiere mantenerse en el anonimato. Este es su testimonio: “Era el 27 de junio de 1978. Yo acababa de terminar la carrera de medicina al mismo tiempo que cumplía mi servicio militar. El curso había terminado y estaba con mi mujer comiendo en casa de mis suegros, en el Parque de Bidebieta en San Sebastián. En la sobremesa oímos un tableteo de arma automática. Mi suegro dijo que eran fuegos artificiales pero yo sabía que era un arma de fuego. Bajé a la calle entre los gritos de mi mujer ‘¡No bajes!, ¡No bajes por Dios!’. Al llegar al portal vi el Land Rover rodeado de varios policías caídos. Me acerqué sin reflexionar, no había nadie ni a derecha ni izquierda, tenía la boca seca y temía que volviesen a disparar. Uno de los policías estaba sentado en la acera, sangraba tremendamente de una herida en la sien. Una arteria sangraba a golpes. Estaba vivo y me dijo que estaba bien. Le enseñé a ponerse un dedo apretando la arteria y la sangre empezó a pararse. Otro policía estaba tumbado en el suelo, tenía los pies apoyados en la escalerilla de atrás del furgón. Estaba vivo y me dijo si podía bajarle los pies de la escalera. No sentía las piernas. Estaba parapléjico y tenía, entre otros, un tiro en el abdomen en la parte derecha a la altura del hígado. Estaba chocado, blanco como el papel. Le tomé el pulso, que estaba en taquicardia muy elevada. ‘Se muere’, pensé… ‘¡Ánimo!’, le dije, ‘enseguida vienen a llevarte’. ‘¿Me voy a morir?’ … ‘no, no…’ El sargento estaba sentado en el sitio del copiloto con la cabeza caída hacia atrás. Estaba muerto. No veía un sangrado claro, pero al intentar mover la cabeza tenía sangre en la nuca. El tiro había entrado por el lado del conductor matándolo en el acto… Seguía sin venir nadie y me parecía que había pasado una hora. Descolgué el micro de la radio del coche y presioné un botón… ‘¡Oiga, oiga! ¿Me oyen?..’ Alguien me contestó y ni me acuerdo lo que dije… Empezó a llegar gente, intenté organizar el traslado del agente herido. Alguien trajo una puerta y, a modo de camilla, lo montamos y lo subimos al coche de un solícito vecino de la urbanización. ‘¡Rápido, rápido!’ decía yo… Llegaron tres coches de la Policía a toda velocidad. Uno de los policías, en plena crisis, sacó la porra y se vino como a golpearnos. Sus compañeros le tranquilizaron… Les conté lo sucedido… y el sargento está muerto… ‘¡Han matado al sargento González!’, gritó uno… otro guardia se puso a llorar desconsolado. Todos estaban muy afectados. Como todo estaba controlado, solté el mando de la situación y, de repente, me bajó la adrenalina y casi sin poder andar me volví a casa… Tardé muchos días en recuperarme porque las imágenes de la sangre y el dolor de sus compañeros no me abandonaban. Tenía entonces 24 años. Jamás lo olvidaré“.
Los restos mortales de Francisco Martín fueron trasladados al día siguiente, 28 de junio, a Madrid, y la capilla ardiente se instaló en la Academia de la Policía Armada de Canillas. Esa misma mañana tuvo lugar el funeral sin que se registrase ningún incidente. Al mismo asistieron el subsecretario de Orden Público, Julio Camuñas; el director general de Seguridad, Mariano Nicolás; el general inspector de la Policía Armada, Timón de Lara, y numerosos jefes, oficiales, policías y alumnos del citado cuerpo. No asistió ningún miembro del Gobierno, que a esa hora se encontraba reunido en Consejo de Ministros extraordinario.
Unas horas después, hacia la una y veinte de la madrugada, otro grupo de la banda terrorista abrió fuego contra miembros de la Policía que habían montado un control de carretera para intentar capturar a los autores de la muerte de Francisco Martín. Los disparos fueron hechos a bastante distancia desde un monte cercano a la capital donostiarra, y obligó a los agentes a tirarse al suelo para protegerse del ataque. Horas después, cuando amaneció, se procedió a inspeccionar la zona. Cerca del lugar desde el que se realizaron los disparos se encontraron tres paquetes que contenían respectivamente un kilo de goma-2 cada uno adosados a una cantidad importante de metralla. Los artefactos explosivos estaban preparados para ser lanzados directamente, a modo de bomba de mano. La banda terrorista ETA pretendía tender una emboscada a las Fuerzas de Seguridad y los disparos tenían el objetivo de que los policías se acercasen al lugar.
En 1981 la Audiencia Nacional condenó a Miguel Sarasqueta Zubiarrementeria, miembro del grupo Donosti de ETA, a 30 años de prisión mayor por el asesinato del sargento Martín González. En la misma sentencia se condenó a José Manuel Olaizola Eizaguirre a 17 años de prisión en concepto de cómplice del asesinato. Dos años después, en 1983, se condenó a José Cruz Eizaguirre Mariscal a 30 años, también como autor material.
Francisco Martín González tenía 32 años, era natural de Ávila y estaba casadocon Cristina Domínguez. Había sido destinado a San Sebastián un mes antes de su asesinato, por lo que su residencia seguía estando en Madrid, donde vivía su mujer y donde fue enterrado. Cristina contó que tras el asesinato se sintió muy sola, y sólo contó con la ayuda de los compañeros de su marido para hacer las gestiones que le permitiesen cobrar una pensión. “Del Gobierno nunca tuve una palabra, hubo algún político el día del funeral, pero después nada, ni una llamada” (La Fuerza de la Razón, nº 27 revista de la AVT).
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