El Mapa del Olvido

21 de abril de 2012

JOSÉ SANTANA RAMOS (Berango, Vizcaya, España)

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Hacia las ocho menos cuarto de la tarde del domingo 21 de agosto de 1994 la banda terrorista ETA asesinaba en Berango (Vizcaya) de dos tiros en la cabeza al policía nacional JOSÉ SANTANA RAMOS mientras jugaba a las cartas con unos amigos en la sede social del Partido Nacionalista Vasco de la localidad. En el mismo atentado resultaron heridos de carácter reservado, por el rebote de uno de los disparos, José Benedicto Herrero Hernández, de 71 años, una de las tres personas que jugaba a las cartas con el policía asesinado, y otras dos personas. Herrero estuvo durante un tiempo ingresado en el Hospital de Cruces y tardó 143 días en restablecerse de sus fracturas de húmero y radio. Según informaron testigos presenciales, José Santana se encontraba acompañado por una de sus hijas, de 8 años, que presenció el atentado mientras esperaba a su compañera, agente de la Ertzaintza.
Faltaban pocos minutos para las ocho de la tarde cuando el etarra José Luis Martín Carmona, acompañado de Lourdes Churruca Medinabeitia, se bajó de un taxi y entró a cara descubierta en el batzoki de Berango, en la calle Sabino Arana. Acercándose a la mesa donde José Santana jugaba a las cartas, le disparó dos tiros en la cabeza, provocándole la muerte en el acto. A continuación emprendió la huida junto a Lourdes Churruca, etarra que cubrió el asesinato desde la puerta del establecimiento. Ambos se montaron en un taxi, conducido por un tercer terrorista, que había sido robado minutos antes en una parada de Guecho, y su propietario encerrado en el maletero. El taxi, con el taxista, fue abandonado en Algorta, a unos cuatro kilómetros de Berango. Según el testimonio del propietario del taxi que se utilizó en la acción, un Mercedes de color blanco, los terroristas habían solicitado un servicio normal de taxi en Algorta. Después, uno de ellos le amenazó con una pistola y le obligó a introducirse en el maletero del vehículo. Una vez cometido el atentado, los terroristas abandonaron el automóvil en la calle Nicolás de la localidad de Algorta. Varias personas avisaron a la Ertzaintza, alertadas por los gritos de socorro del taxista, que permanecía encerrado en el interior del maletero del automóvil.
Vecinos de la localidad de Berango comentaron que la víctima era bastante conocida en el pueblo y acudía habitualmente al batzoki, donde jugaba a las cartas casi todos los días. Los responsables del mismo explicaron que ninguna persona que se encontraba a cargo del local pudo observar cómo sucedían los hechos, ya que todos ellos se encontraban en la cocina en el momento del atentado. Era la primera vez que la banda terrorista cometía un atentado en una sede social del PNV, y tuvo lugar un día después de que el grupo Vizcaya intentara llevar a cabo un atentado terrorista en Basauri.
A las 12:00 horas del día siguiente se celebró el funeral por el agente de la Policía Nacional en la Iglesia de los Agustinos de Bilbao, al que acudió el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y el director general de la Policía, Miguel Ángel Olivares.
Los días previos al asesinato de José Santana las Fuerzas de Seguridad del Estado habían alertado sobre la posibilidad de un recrudecimiento de los atentados en vísperas de la Semana Grande de Bilbao. Días antes, simpatizantes de Herri Batasuna se habían manifestado en San Sebastián en apoyo a la banda asesina ETA coreando gritos como “Contra la represión, coche-bomba solución”. Por las mismas fechas, dos ertzainas recibieron una paliza a manos de un grupo de proetarras en un bar-sede de Herri Batasuna de la parte vieja de San Sebastián, y días después del asesinato de José Santana, el 27 de agosto, un policía salvó la vida al tirarse al río Oyarzun abrasado por las llamas de un cóctel molotov que lanzaron contra el vehículo en el que patrullaba.
Cuando se produjo el asesinato de José Santana, el Partido Nacionalista Vasco, y más concretamente Xabier Arzalluz, presionaba a favor de una política de reinserción de los presos etarras, además de repetir hasta la saciedad que no era conveniente una victoria policial sobre la banda sino una salida negociada. Pero más lamentable y significativo fue que las declaraciones de Arzalluz en las que proponía que las víctimas del terrorismo no pudieran cobrar indemnizaciones ni del Estado ni de sus asesinos, lo que condenaría a la indigencia a muchas de ellas, no tuviesen respuesta del Gobierno central.
En 1997 la Audiencia Nacional condenó a 30 años de reclusión mayor a los terroristas José Luis Martín Carmona y Lourdes Churruca Medinabeitia. En 1999 se condenó a 14 años de reclusión a Aitor Bores Gutiérrez como cómplice del atentado, siendo el etarra que consiguió información sobre los horarios, trayectos y lugares visitados por el policía nacional. Además, la noche anterior al asesinato, los autores materiales durmieron en el domicilio de Bores Gutiérrez. Por último, en 2003 la Audiencia Nacional condenó, también en concepto de cómplice, a Jorge Martínez Aedo a 17 años de reclusión menor. Este cómplice de asesinos dijo en el juicio que lo único que recordaba del asesinato del policía era que se rió “un montón viendo a Arzalluz en televisión con un rebote de la hostia” después de que “le dieran a un txakurra” (Efe, 24/04/2003). Martínez Aedo fue detenido en Francia en noviembre de 1997 y entregado a España en julio de 2002. Estaba integrado en un grupo de apoyo al Vizcaya de ETA, el grupo Manguis, que se dedicaba a proveer de vehículos y matrículas falsas a los asesinos de la banda.
José Santana Ramos, de 37 años, era natural de Minas de Riotinto (Huelva). Tenía tres hijos y residía en Berango. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1979 y fue destinado a Bilbao en 1982, donde prestaba servicios en el Puerto de Santurce, en la sección de documentación para el control de pasajeros del ferry que comunicaba la capital vizcaína con Portsmouth (Reino Unido). Sus restos mortales se trasladaron tras el funeral oficial celebrado en Bilbao a Dos Hermanas (Sevilla), donde recibieron sepultura.

JOSÉ ANTONIO FERRI PÉREZ (Estella, Navarra, España)

Filed under: 1988, Agosto, Estella, Navarra, Sin esclarecer — Fer Altuna Urcelay @ 13:02

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A las siete y media de la mañana del domingo 21 de agosto de 1988 la banda terrorista ETA asesinaba en Estella (Navarra), haciendo explotar un coche-bomba al paso de una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a los agentes ANTONIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ y JOSÉ ANTONIO FERRI PÉREZ.

José Antonio Ferri Pérez, natural de Ibi (Alicante), tenía 34 años. Ingresó en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en 1976 y estaba destinado en Estella desde 1986, proveniente de Barcelona. Estaba casado y tenía tres hijos de 10, 8 y 3 años de edad.


El atentado se produjo a la altura del número 47 del paseo de la Inmaculada de la localidad navarra. El coche-bomba, un Seat 1430 matrícula de Bilbao, estaba estacionado en un paso de cebra y contenía veinticinco kilos de amonal y otros cuarenta de metralla con fragmentos de acero. Fue accionado a distancia por los terroristas al paso del Talbot Horizon en el que viajaban los dos guardias civiles, que murieron en el acto. Los cuerpos de los dos agentes quedaron carbonizados por el incendio que se desencadenó tras la explosión. La extracción de los cadáveres calcinados de los dos guardias civiles, que permanecían sentados en sus asientos, fue muy dificultosa y los equipos de la DYA,  bomberos y SOS-Navarra necesitaron utilizar equipos cortachapas. Sobre las 10:30 horas el juez ordenó el levantamiento de los cadáveres, que fueron conducidos al Hospital Comarcal de Estella.


El coche utilizado para el atentado había sido robado a sus propietarios a las dos y cuarto de la madrugada en las proximidades de Estella. Los terroristas los dejaron encadenados a un árbol, al igual que al conductor de otro automóvil, un Renault 7 matriculado en Vitoria, que habían sustraído también a punta de pistola dos horas antes, y que se supone fue el que utilizaron los etarras en su huida. El coche-bomba quedó irreconocible y un gran fragmento del mismo voló por encima de un bloque de seis pisos y cayó en un patio interior situado a unos doscientos metros del lugar del atentado. Tres vehículos estacionados en las inmediaciones, así como ventanas y balcones de varios bloques de viviendas, resultaron gravemente dañados, al igual que numerosos establecimientos comerciales.

La violenta explosión del coche bomba provocó también heridas a María del Puy García Michelena, de 24 años, que en el momento de producirse el atentado preparaba el biberón para sus hijos gemelos de dos meses de edad en un primer piso del número 47 del paseo de la Inmaculada, lugar en el que se produjo la explosión. La metralla alcanzó el domicilio de la joven madre, hiriendo a su hijo de dos meses, Héctor Catalán. Según testigos presenciales, la mujer salió a la calle gritando y con el bebé en los brazos lleno de sangre. Inmediatamente fue conducida al Hospital Comarcal de Estella, donde fue atendida de diversas erosiones y heridas varias en el brazo izquierdo y rodilla derecha por rotura de cristales, con pronóstico leve. El bebé sufría heridas incisas en el brazo y pómulo izquierdos y erosiones varias en el cráneo por rotura de cristales, también con pronóstico leve. Ambos fueron enviados a su domicilio en las horas siguientes.

La capilla ardiente con los cuerpos de los dos agentes se instaló por la tarde del mismo día de su asesinato en el Ayuntamiento de Estella y los funerales se celebraron al día siguiente a las once de la mañana en la Iglesia de San Juan de esta localidad. A ellos asistieron el ministro del Interior, José Luis Corcuera; el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán.

El asesinato de los dos guardias civiles se produjo en un momento en el que la banda terrorista ETA había publicado varios comunicados en los que mostraba su voluntad de negociar y proponía una tregua de dos meses. La curiosa forma que tenía de demostrar esa voluntad era asesinando guardias civiles, pues pocas horas antes del doble asesinato en Estella, la banda terrorista había hecho estallar un coche-bomba en las proximidades de Vergara (Guipúzcoa) en el que tres guardias civiles y un civil resultaron heridos, algunos de gravedad. La explosión se produjo a las 12:30 horas del 19 de agosto al paso de tres vehículos de la Guardia Civil. Poco después, ETA hizo estallar otro artefacto en Éibar (Vizcaya) al paso de otro vehículo del Instituto Armado, resultando heridos dos guardias civiles, uno de ellos de gravedad, y un civil que conducía un todoterreno en el momento de la explosión.

Todos los partidos políticos de Estella, con la excepción habitual de Herri Batasuna (HB), condenaron el asesinato de los dos guardias civiles. El concejal de HB, Patxi Lage, dijo sentirse afectado, aunque se negó a condenarlo. Esta cínica actitud provocó que la alcaldesa de Estella, Rosa López, dijese que “es increíble que quienes apoyan este tipo de sucesos tengan el cinismo de mostrarse afectados” (ABC, 22/08/1988). Pero no quedó ahí la cosa porque, por primera vez, todos los partidos políticos de la Corporación Municipal decidieron por unanimidad destituir a Patxi Lage de su cargo como presidente de la Comisión de Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Estella: “Estamos hartos de tener miedo y nos sentimos orgullosos junto con el pueblo de Estella de ser los primeros en adoptar esta medida y queremos dar ejemplo a todo el mundo”, dijo la alcaldesa (ABC, 22/08/1988).

Y es que el asesinato de los dos agentes había provocado una gran indignación en la localidad navarra, donde eran muy apreciados. Unos días antes del atentado, los agentes Fernández y Ferri habían participado en una arriesgada operación de salvamento durante un incendio que se había desatado en Estella. Más de cinco mil vecinos participaron en la manifestación silenciosa en repulsa por el atentado que recorrió las calles de la ciudad.

El asesinato de Antonio Fernández y José Antonio Ferri era el primer atentado mortal de ETA en Estella. En esta localidad, justo diez años después, todos los partidos vascos nacionalistas, incluido Herri Batasuna, firmaron el Pacto de Estella o Lizarra, que tenía como objetivo explícito la consecución de la soberanía de Euskadi, pacto que fue consecuencia casi directa de la reacción social sin precedentes que provocó el “asesinato a cámara lenta” de Miguel Ángel Blanco.

En 1992 la Audiencia Nacional absolvió al etarra Germán Rubenach Roig, alias Antxon, de su vinculación con el asesinato de los dos guardias civiles al considerar que no estaba probada su participación en los hechos que le imputaba la Fiscalía. Rubenach había sido detenido el 25 de  junio de 1990 en la Foz de Lumbier (Navarra), tras asesinar al sargento de la Guardia Civil José Luis Hervás Mañas cuando procedía a identificarle junto a los también etarras Juan María Lizarralde Urreta y María Susana Arregui Maiztegui. Tras cometer el crimen se apropiaron de la pistola del sargento y entablaron un tiroteo con otros tres agentes de la Benemérita, en el que resultó herido grave el sargento José Domínguez Peris, mientras que Rubenach fue herido en una pierna. Las Fuerzas de Seguridad cercaron el lugar, lo que llevó, esa misma tarde, a la localización de Rubenach, gravemente herido por un disparo en la cabeza. Al día siguiente se encontraron los cadáveres de Lizarralde y Arregui. Aunque diversas sentencias judiciales no lograron esclarecer completamente el episodio, en el hospital Rubenach declaró, en presencia de su abogado y de la juez de Aoiz (Navarra), que, al sentirse rodeados por las Fuerzas de Seguridad, Lizarralde se suicidó, mientras que él mismo disparó a Arregui con el arma del sargento Hervás y luego intentó suicidarse, si bien posteriormente cambió su versión de los hechos.

ANTONIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (Estella, Navarra, España)

Filed under: 1988, Agosto, Estella, Navarra, Sin esclarecer — Fer Altuna Urcelay @ 13:00

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A las siete y media de la mañana del domingo 21 de agosto de 1988 la banda terrorista ETA asesinaba en Estella (Navarra), haciendo explotar un coche-bomba al paso de una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a los agentes ANTONIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ y JOSÉ ANTONIO FERRI PÉREZ.

Antonio Fernández Álvarez era natural de Salamanca y tenía 35 años. Había ingresado en la Guardia Civil en el año 1976, en la Agrupación de Tráfico, y estaba destinado en Estella desde 1979. Estaba casado y tenía dos hijos varones de 10 y 6 años de edad.


El atentado se produjo a la altura del número 47 del paseo de la Inmaculada de la localidad navarra. El coche-bomba, un Seat 1430 matrícula de Bilbao, estaba estacionado en un paso de cebra y contenía veinticinco kilos de amonal y otros cuarenta de metralla con fragmentos de acero. Fue accionado a distancia por los terroristas al paso del Talbot Horizon en el que viajaban los dos guardias civiles, que murieron en el acto. Los cuerpos de los dos agentes quedaron carbonizados por el incendio que se desencadenó tras la explosión. La extracción de los cadáveres calcinados de los dos guardias civiles, que permanecían sentados en sus asientos, fue muy dificultosa y los equipos de la DYA,  bomberos y SOS-Navarra necesitaron utilizar equipos cortachapas. Sobre las 10:30 horas el juez ordenó el levantamiento de los cadáveres, que fueron conducidos al Hospital Comarcal de Estella.

El coche utilizado para el atentado había sido robado a sus propietarios a las dos y cuarto de la madrugada en las proximidades de Estella. Los terroristas los dejaron encadenados a un árbol, al igual que al conductor de otro automóvil, un Renault 7 matriculado en Vitoria, que habían sustraído también a punta de pistola dos horas antes, y que se supone fue el que utilizaron los etarras en su huida. El coche-bomba quedó irreconocible y un gran fragmento del mismo voló por encima de un bloque de seis pisos y cayó en un patio interior situado a unos doscientos metros del lugar del atentado. Tres vehículos estacionados en las inmediaciones, así como ventanas y balcones de varios bloques de viviendas, resultaron gravemente dañados, al igual que numerosos establecimientos comerciales.

La violenta explosión del coche bomba provocó también heridas a María del Puy García Michelena, de 24 años, que en el momento de producirse el atentado preparaba el biberón para sus hijos gemelos de dos meses de edad en un primer piso del número 47 del paseo de la Inmaculada, lugar en el que se produjo la explosión. La metralla alcanzó el domicilio de la joven madre, hiriendo a su hijo de dos meses, Héctor Catalán. Según testigos presenciales, la mujer salió a la calle gritando y con el bebé en los brazos lleno de sangre. Inmediatamente fue conducida al Hospital Comarcal de Estella, donde fue atendida de diversas erosiones y heridas varias en el brazo izquierdo y rodilla derecha por rotura de cristales, con pronóstico leve. El bebé sufría heridas incisas en el brazo y pómulo izquierdos y erosiones varias en el cráneo por rotura de cristales, también con pronóstico leve. Ambos fueron enviados a su domicilio en las horas siguientes.

La capilla ardiente con los cuerpos de los dos agentes se instaló por la tarde del mismo día de su asesinato en el Ayuntamiento de Estella y los funerales se celebraron al día siguiente a las once de la mañana en la Iglesia de San Juan de esta localidad. A ellos asistieron el ministro del Interior, José Luis Corcuera; el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán.

El asesinato de los dos guardias civiles se produjo en un momento en el que la banda terrorista ETA había publicado varios comunicados en los que mostraba su voluntad de negociar y proponía una tregua de dos meses. La curiosa forma que tenía de demostrar esa voluntad era asesinando guardias civiles, pues pocas horas antes del doble asesinato en Estella, la banda terrorista había hecho estallar un coche-bomba en las proximidades de Vergara (Guipúzcoa) en el que tres guardias civiles y un civil resultaron heridos, algunos de gravedad. La explosión se produjo a las 12:30 horas del 19 de agosto al paso de tres vehículos de la Guardia Civil. Poco después, ETA hizo estallar otro artefacto en Éibar (Vizcaya) al paso de otro vehículo del Instituto Armado, resultando heridos dos guardias civiles, uno de ellos de gravedad, y un civil que conducía un todoterreno en el momento de la explosión.

Todos los partidos políticos de Estella, con la excepción habitual de Herri Batasuna (HB), condenaron el asesinato de los dos guardias civiles. El concejal de HB, Patxi Lage, dijo sentirse afectado, aunque se negó a condenarlo. Esta cínica actitud provocó que la alcaldesa de Estella, Rosa López, dijese que “es increíble que quienes apoyan este tipo de sucesos tengan el cinismo de mostrarse afectados” (ABC, 22/08/1988). Pero no quedó ahí la cosa porque, por primera vez, todos los partidos políticos de la Corporación Municipal decidieron por unanimidad destituir a Patxi Lage de su cargo como presidente de la Comisión de Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Estella: “Estamos hartos de tener miedo y nos sentimos orgullosos junto con el pueblo de Estella de ser los primeros en adoptar esta medida y queremos dar ejemplo a todo el mundo”, dijo la alcaldesa (ABC, 22/08/1988).

Y es que el asesinato de los dos agentes había provocado una gran indignación en la localidad navarra, donde eran muy apreciados. Unos días antes del atentado, los agentes Fernández y Ferri habían participado en una arriesgada operación de salvamento durante un incendio que se había desatado en Estella. Más de cinco mil vecinos participaron en la manifestación silenciosa en repulsa por el atentado que recorrió las calles de la ciudad.

El asesinato de Antonio Fernández y José Antonio Ferri era el primer atentado mortal de ETA en Estella. En esta localidad, justo diez años después, todos los partidos vascos nacionalistas, incluido Herri Batasuna, firmaron el Pacto de Estella o Lizarra, que tenía como objetivo explícito la consecución de la soberanía de Euskadi, pacto que fue consecuencia casi directa de la reacción social sin precedentes que provocó el “asesinato a cámara lenta” de Miguel Ángel Blanco.

En 1992 la Audiencia Nacional absolvió al etarra Germán Rubenach Roig, alias Antxon, de su vinculación con el asesinato de los dos guardias civiles al considerar que no estaba probada su participación en los hechos que le imputaba la Fiscalía. Rubenach había sido detenido el 25 de  junio de 1990 en la Foz de Lumbier (Navarra), tras asesinar al sargento de la Guardia Civil José Luis Hervás Mañas cuando procedía a identificarle junto a los también etarras Juan María Lizarralde Urreta y María Susana Arregui Maiztegui. Tras cometer el crimen se apropiaron de la pistola del sargento y entablaron un tiroteo con otros tres agentes de la Benemérita, en el que resultó herido grave el sargento José Domínguez Peris, mientras que Rubenach fue herido en una pierna. Las Fuerzas de Seguridad cercaron el lugar, lo que llevó, esa misma tarde, a la localización de Rubenach, gravemente herido por un disparo en la cabeza. Al día siguiente se encontraron los cadáveres de Lizarralde y Arregui. Aunque diversas sentencias judiciales no lograron esclarecer completamente el episodio, en el hospital Rubenach declaró, en presencia de su abogado y de la juez de Aoiz (Navarra), que, al sentirse rodeados por las Fuerzas de Seguridad, Lizarralde se suicidó, mientras que él mismo disparó a Arregui con el arma del sargento Hervás y luego intentó suicidarse, si bien posteriormente cambió su versión de los hechos.

JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS (Sallent de Gállego, Huesca, España)

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A las seis de la mañana del domingo 20 de agosto de 2000, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad de Sallent de Gállego (Huesca) a los guardias civiles IRENE FERNÁNDEZ PERERA y JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS, mediante una bomba-lapa colocada en el coche oficial en el que se disponían a iniciar su ronda diaria. La agente Fernández Perera, cuyo cuerpo salió despedido a diez metros del lugar de la explosión, murió en el acto, mientras que su compañero de patrulla, el guardia civil José Ángel de Jesús, falleció mientras era trasladado en ambulancia hasta el Hospital Provincial San Jorge de Huesca. El artefacto estaba provisto de un temporizador, un dispositivo antimovimiento y tres kilos de dinamita.

José Ángel de Jesús Encinas, de 22 años, era natural de Talavera de la Reina (Toledo), donde más de cinco mil personas asistieron a su despedida. Tras los oficios religiosos, el cuerpo sin vida del joven guardia civil fue conducido al cementerio municipal para recibir sepultura en la intimidad por expreso deseo de la familia. José Ángel, hijo de guardia civil, ingresó en el Instituto Armado con 17 años. Llevaba tres meses en Sallent de Gállego y quería ingresar en el Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Anteriormente estuvo dos años destinado en Hinojosa de San Vicente (Toledo), localidad que le nombró hijo adoptivo pocas semanas después de su asesinato. José Ángel era un gran deportista y defendió durante ocho años la portería del equipo de fútbol Barrio Santa María, que pasó luego a llamarse Unión Deportiva Talavera. El 21 de diciembre de 2005 se inauguró en su localidad natal el Complejo Deportivo José Ángel de Jesús Encinas.

Los dos guardias civiles se disponían a realizar la ronda de vigilancia que tenían asignada aquel día. Para ello se dirigieron, poco después de las 6:00 horas, hacia el todoterreno oficial aparcado en la plaza del Valle de Tena, donde los agentes solían estacionar los coches-patrulla, al carecer el acuartelamiento de aparcamiento suficiente para estacionar todos los vehículos. Esta circunstancia fue aprovechada por el etarra José Ignacio Guridi Lasa para colocar la bomba-lapa en los bajos del todoterreno. En cuanto la agente Irene Fernández puso en marcha el Nissan Patrol, la bomba explotó dejando el coche partido en dos y hecho un amasijo de hierros.


La gran explosión despertó a los habitantes de la tranquila y turística localidad de Sallent de Gállego, en el Pirineo Aragonés. “El estallido ha sido estremecedor, ha conmocionado al pueblo”, declaró el alcalde, el socialista José Luis Sánchez, que fue de los primeros en llegar al lugar del atentado. “Han matado a dos jóvenes, esto es lo más doloroso”, dijo todavía emocionado, añadiendo que el atentado no tenía explicación “ni en Sallent ni en ningún otro sitio del país” y confió en que la democracia fuese fuerte y sepa “sobreponerse de estos golpes”.

Cerca del lugar del atentado se efectuó, alrededor de las diez de la mañana, una explosión controlada al sospecharse de un vehículo, un Ford Sierra con la matrícula doblada, que resultó ser una falsa alarma.

El director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, se desplazó hasta la localidad “para estar con los compañeros de las dos víctimas y compartir con ellos el dolor. Hoy estamos aquí para llorar y honrar a dos jovencísimos guardias civiles, que han muerto cumpliendo con su deber. Han demostrado que los hombres y mujeres de la Guardia Civil hacen bueno el juramento de cumplir con su deber hasta la muerte si fuera necesario. Hoy es día de dolor, pero a partir de mañana la muerte de estos dos jóvenes guardias será un acicate para la Guardia Civil para seguir en la lucha contra ETA. Que los ciudadanos tengan la seguridad de que terminaremos ganando”. También acudieron a Sallent el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y el vicepresidente, José Ángel Biel.

La capilla ardiente con los restos mortales de los dos guardias civiles se instaló en el Salón del Trono de la Subdelegación del Gobierno en Huesca. Durante las primeras horas de la tarde fueron llegando a la capital oscense los familiares de las dos víctimas, que precisaron ser asistidos por psicólogos de la Cruz Roja. El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, tras visitar la capilla ardiente, se refirió a “la gran proeza de ETA, de lo que debe estar muy orgullosa, matar a dos españoles de 22 y 32 años, a dos jóvenes guardias civiles”.

Al día siguiente se celebró en la catedral de Huesca un solemne funeral, tras el cual los féretros fueron trasladados a las localidades natales de los dos guardias civiles asesinados. El Gobierno de Aragón decretó tres días de luto oficial y se realizaron numerosas concentraciones y manifestaciones de repulsa por toda la geografía aragonesa y del resto de España.

En su sentencia de 2004 la Audiencia Nacional especifica que el entonces máximo responsable del aparato militar de la banda, Javier García Gaztelu, alias Txapote, era quien daba instrucciones al grupo Ttotto de ETA (que toma su nombre del alias de José Luis Geresta Mujika, uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco) para cometer atentados, entre ellos el de Sallent de Gállego. Así se desprende de la documentación incautada tras la detención del etarra. En la misma sentencia se condena a José Ignacio Guridi Lasa, detenido en Ordicia en febrero de 2001, a 75 años de prisión por el asesinato de los dos guardias civiles.

En abril de 2011 se sentaron en el banquillo por este asesinato Javier García Gaztelu, Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, alias Peio, y Asier Arzalluz Goñi, como autores materiales junto con Guridi Lasa. En su escrito de calificación, la Fiscalía relata que Txapote informó a José Ignacio Guridi Lasa, condenado en 2004, de la existencia de un Nissan Patrol de la Guardia Civil en Sallent de Gállego “al que se podía colocar una bomba-lapa en los bajos” porque permanecía fuera del cuartel por falta de espacio. Los etarras se trasladaron en agosto de 2000 hasta el cuartel en un vehículo propiedad de la entonces novia de Aguirrebarrena y, una vez contrastada la información de Txapote, regresaron a Guipúzcoa. Después de que Txapote facilitara en Francia los explosivos a Aguirrebarrena, Guridi Lasa confeccionó la bomba-lapa en una cuadra de cabras que su familia tiene en Cizurquil (Guipúzcoa). El 19 de agosto, Guridi Lasa, Aguirrebarrena y Arzalluz viajaron hasta Sallent de Gállego y a las 23:00 horas, Guridi Lasa colocó la bomba-lapa, tras lo cual regresaron a Guipúzcoa. En mayo de 2011 la Audiencia Nacional condenó a los tres etarras a 75 años de prisión por el asesinato de Irene y José Ángel. El etarra Txapote interrumpió el juicio reclamando “mano dura hasta la independencia”.

IRENE FERNÁNDEZ PERERA (Sallent de Gállego, Huesca, España)

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A las seis de la mañana del domingo 20 de agosto de 2000, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad de Sallent de Gállego (Huesca) a los guardias civiles IRENE FERNÁNDEZ PERERA y JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS, mediante una bomba-lapa colocada en el coche oficial en el que se disponían a iniciar su ronda diaria. La agente Fernández Perera, cuyo cuerpo salió despedido a diez metros del lugar de la explosión, murió en el acto, mientras que su compañero de patrulla, el guardia civil José Ángel de Jesús, falleció mientras era trasladado en ambulancia hasta el Hospital Provincial San Jorge de Huesca. El artefacto estaba provisto de un temporizador, un dispositivo antimovimiento y tres kilos de dinamita.

Irene Fernández Perera, de 32 años, era natural de Las Agüeras (Asturias), en el concejo de Quirós. Acababa de regresar de sus vacaciones en Asturias cuando fue asesinada. Fue la primera guardia del Instituto Armado asesinada por ETA, aunque no la primera mujer miembro de las Fuerzas de Seguridad asesinada por la banda: el 16 de junio de 1981 la banda mató a tiros a la inspectora María José García Sánchez, primera agente de Policía muerta en un atentado terrorista. Irene Fernández, técnica de laboratorio, estaba soltera y era hija única. Ingresó en la Guardia Civil en 1995, y llevaba tres años destinada en Sallent de Gállego, donde era muy apreciada por los vecinos. Una señora recordaba que la guardia civil estaba muy integrada en el pueblo, donde disponía de un apartamento: “Todos estaban muy contentos con ella”. El 22 de agosto las cenizas de Irene Fernández fueron depositadas en el cementerio de Las Agüeras, con la presencia de sus padres, María de los Ángeles Perera y José Antonio Fernández. “Siento odio, impotencia y ganas de hacer lo mismo con los que la mataron. Han matado a mi hija, llena de ilusión y de vida y sólo pido al Gobierno que haga algo”, aseguró la madre de Irene tras su funeral. En octubre de 2000 se inauguró en Gijón una calle con el nombre de la agente asesinada.


Los dos guardias civiles se disponían a realizar la ronda de vigilancia que tenían asignada aquel día. Para ello se dirigieron, poco después de las 6:00 horas, hacia el todoterreno oficial aparcado en la plaza del Valle de Tena, donde los agentes solían estacionar los coches-patrulla, al carecer el acuartelamiento de aparcamiento suficiente para estacionar todos los vehículos. Esta circunstancia fue aprovechada por el etarra José Ignacio Guridi Lasa para colocar la bomba-lapa en los bajos del todoterreno. En cuanto la agente Irene Fernández puso en marcha el Nissan Patrol, la bomba explotó dejando el coche partido en dos y hecho un amasijo de hierros.

La gran explosión despertó a los habitantes de la tranquila y turística localidad de Sallent de Gállego, en el Pirineo Aragonés. “El estallido ha sido estremecedor, ha conmocionado al pueblo”, declaró el alcalde, el socialista José Luis Sánchez, que fue de los primeros en llegar al lugar del atentado. “Han matado a dos jóvenes, esto es lo más doloroso”, dijo todavía emocionado, añadiendo que el atentado no tenía explicación “ni en Sallent ni en ningún otro sitio del país” y confió en que la democracia fuese fuerte y sepa “sobreponerse de estos golpes”.

Cerca del lugar del atentado se efectuó, alrededor de las diez de la mañana, una explosión controlada al sospecharse de un vehículo, un Ford Sierra con la matrícula doblada, que resultó ser una falsa alarma.

El director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, se desplazó hasta la localidad “para estar con los compañeros de las dos víctimas y compartir con ellos el dolor. Hoy estamos aquí para llorar y honrar a dos jovencísimos guardias civiles, que han muerto cumpliendo con su deber. Han demostrado que los hombres y mujeres de la Guardia Civil hacen bueno el juramento de cumplir con su deber hasta la muerte si fuera necesario. Hoy es día de dolor, pero a partir de mañana la muerte de estos dos jóvenes guardias será un acicate para la Guardia Civil para seguir en la lucha contra ETA. Que los ciudadanos tengan la seguridad de que terminaremos ganando”. También acudieron a Sallent el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y el vicepresidente, José Ángel Biel.

La capilla ardiente con los restos mortales de los dos guardias civiles se instaló en el Salón del Trono de la Subdelegación del Gobierno en Huesca. Durante las primeras horas de la tarde fueron llegando a la capital oscense los familiares de las dos víctimas, que precisaron ser asistidos por psicólogos de la Cruz Roja. El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, tras visitar la capilla ardiente, se refirió a “la gran proeza de ETA, de lo que debe estar muy orgullosa, matar a dos españoles de 22 y 32 años, a dos jóvenes guardias civiles”.

Al día siguiente se celebró en la catedral de Huesca un solemne funeral, tras el cual los féretros fueron trasladados a las localidades natales de los dos guardias civiles asesinados. El Gobierno de Aragón decretó tres días de luto oficial y se realizaron numerosas concentraciones y manifestaciones de repulsa por toda la geografía aragonesa y del resto de España.

En su sentencia de 2004 la Audiencia Nacional especifica que el entonces máximo responsable del aparato militar de la banda, Javier García Gaztelu, alias Txapote, era quien daba instrucciones al grupo Ttotto de ETA (que toma su nombre del alias de José Luis Geresta Mujika, uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco) para cometer atentados, entre ellos el de Sallent de Gállego. Así se desprende de la documentación incautada tras la detención del etarra. En la misma sentencia se condena a José Ignacio Guridi Lasa, detenido en Ordicia en febrero de 2001, a 75 años de prisión por el asesinato de los dos guardias civiles.

En abril de 2011 se sentaron en el banquillo por este asesinato Javier García Gaztelu, Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, alias Peio, y Asier Arzalluz Goñi, como autores materiales junto con Guridi Lasa. En su escrito de calificación, la Fiscalía relata que Txapote informó a José Ignacio Guridi Lasa, condenado en 2004, de la existencia de un Nissan Patrol de la Guardia Civil en Sallent de Gállego “al que se podía colocar una bomba-lapa en los bajos” porque permanecía fuera del cuartel por falta de espacio. Los etarras se trasladaron en agosto de 2000 hasta el cuartel en un vehículo propiedad de la entonces novia de Aguirrebarrena y, una vez contrastada la información de Txapote, regresaron a Guipúzcoa. Después de que Txapote facilitara en Francia los explosivos a Aguirrebarrena, Guridi Lasa confeccionó la bomba-lapa en una cuadra de cabras que su familia tiene en Cizurquil (Guipúzcoa). El 19 de agosto, Guridi Lasa, Aguirrebarrena y Arzalluz viajaron hasta Sallent de Gállego y a las 23:00 horas, Guridi Lasa colocó la bomba-lapa, tras lo cual regresaron a Guipúzcoa. En mayo de 2011 la Audiencia Nacional condenó a los tres etarras a 75 años de prisión por el asesinato de Irene y José Ángel. El etarra Txapote interrumpió el juicio reclamando “mano dura hasta la independencia”.

Irene Fernández Perera, de 32 años, era natural de Las Agüeras (Asturias), en el concejo de Quirós. Acababa de regresar de sus vacaciones en Asturias cuando fue asesinada. Fue la primera guardia del Instituto Armado asesinada por ETA, aunque no la primera mujer miembro de las Fuerzas de Seguridad asesinada por la banda: el 16 de junio de 1981 la banda mató a tiros a la inspectora María José García Sánchez, primera agente de Policía muerta en un atentado terrorista. Irene Fernández, técnica de laboratorio, estaba soltera y era hija única. Ingresó en la Guardia Civil en 1995, y llevaba tres años destinada en Sallent de Gállego, donde era muy apreciada por los vecinos. Una señora recordaba que la guardia civil estaba muy integrada en el pueblo, donde disponía de un apartamento: “Todos estaban muy contentos con ella”. El 22 de agosto las cenizas de Irene Fernández fueron depositadas en el cementerio de Las Agüeras, con la presencia de sus padres, María de los Ángeles Perera y José Antonio Fernández. “Siento odio, impotencia y ganas de hacer lo mismo con los que la mataron. Han matado a mi hija, llena de ilusión y de vida y sólo pido al Gobierno que haga algo”, aseguró la madre de Irene tras su funeral. En octubre de 2000 se inauguró en Gijón una calle con el nombre de la agente asesinada.

José Ángel de Jesús Encinas, de 22 años, era natural de Talavera de la Reina (Toledo), donde más de cinco mil personas asistieron a su despedida. Tras los oficios religiosos, el cuerpo sin vida del joven guardia civil fue conducido al cementerio municipal para recibir sepultura en la intimidad por expreso deseo de la familia. José Ángel, hijo de guardia civil, ingresó en el Instituto Armado con 17 años. Llevaba tres meses en Sallent de Gállego y quería ingresar en el Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Anteriormente estuvo dos años destinado en Hinojosa de San Vicente (Toledo), localidad que le nombró hijo adoptivo pocas semanas después de su asesinato. José Ángel era un gran deportista y defendió durante ocho años la portería del equipo de fútbol Barrio Santa María, que pasó luego a llamarse Unión Deportiva Talavera. El 21 de diciembre de 2005 se inauguró en su localidad natal el Complejo Deportivo José Ángel de Jesús Encinas.

JOSÉ MARÍA PICATOSTE GONZÁLEZ DE ECHÁVARRI (Villareal de Alava, Alava, España)

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En la tarde del 18 de agosto de 1986 la banda terrorista ETA asesinaba en Villareal de Álava a JOSÉ MARÍA PICATOSTE GONZÁLEZ DE ECHÁVARRI, coronel del Ejército de Tierra en la reserva activa, que se encontraba en la localidad alavesa pasando unos días de vacaciones con su familia.
El asesinato se produjo en el aparcamiento del restaurante Casa Astola poco después de las 18:20 horas. Dos jóvenes le dispararon varias veces cuando el militar, que iba de paisano, acababa de entrar en su vehículo, un Seat 1.500, acompañado de su mujer, dos hijos, una sobrina y otro matrimonio, después de haber tomado un café en el local y despedirse de uno de sus hijos que se marchaba a Francia. La víctima fue alcanzada tres veces, dos de ellas en el costado y una en el cuello, falleciendo prácticamente en el acto. Su mujer resultó herida por los cristales del vehículo rotos por los disparos de los terroristas. En el lugar de los hechos se hallaron cuatro casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum.
En el momento de producirse el asesinato se encontraban en la barra del establecimiento media docena de personas. Al parecer, dentro del mismo local se encontraban los etarras, miembros del grupo Araba de ETA, tomando un refresco a la espera de que el militar saliese del mismo.

El coche usado por los asesinos, un Ford Fiesta rojo, fue encontrado hora y media después de que se cometiera el crimen en el kilómetro 22 de la carretera 625, a la altura del puerto de Cruceta, en la localidad alavesa de Aramayona. Fuerzas expertas en la detección de explosivos inspeccionaron el interior del vehículo y rastrearon los alrededores por si pudiera tratarse de un coche-trampa.
Un hijo de la víctima, José María Picatoste, mientras esperaba la llegada del juez que ordenara el levantamiento del cadáver, se dirigió a los periodistas gritando: “Nosotros no perdonamos. Desde ahora, están sentenciados a muerte. Esto no es política, son muertes, y han matado a mi padre. Lo único que hacen es destrozar familias. Y que conste bien claro que queremos al País Vasco”.
De forma sorprendente, porque lo habitual en el brazo político de la banda terrorista ha sido lo contrario, un concejal de Villarreal perteneciente a Herri Batasuna, José Enrique Martínez de Sarriá, apoyó la moción del Ayuntamiento que condenaba el asesinato del coronel Picatoste y que calificaba a la víctima de “un hombre de bien” (ABC, 20/08/1986).
El asesinato del coronel de Artillería coincidió en el tiempo con el debate entre las fuerzas políticas vascas sobre la conveniencia o no de negociar con la banda terrorista ETA. Un día antes,Arzalluz había hecho unas polémicas declaraciones, en las que recordaba que “ETA había querido negociar, y Madrid no”, añadiendo que “en Madrid hay gente que no quiere que ETA acabe”. Por ese motivo, su partido y el Gobierno vasco estaban haciendo gestiones para establecer relaciones con la banda terrorista. El dirigente socialista Ricardo García Damborenea, por su parte, manifestó que estas polémicas sólo servían para hacer propaganda a ETA y que la banda “no quiere negociar y no ha dado todavía el primer paso para manifestar su voluntad de diálogo, que es dejar de matar”. En opinión de García Damborenea, “al PNV se le ha quedado pequeño el Estatuto de Autonomía y no encuentra fórmula jurídica ni excusa política para romper el techo del Estatuto y se agarra a un clavo ardiendo con la esperanza de que, a través de la negociación con ETA, se amplíen los techos”.
En 1989 la Audiencia Nacional condenó a Francisco Antonio Cabello Pérez y a Juan María Gabirondo Agote por el asesinato de José María Picatoste, con los agravantes de alevosía y premeditación, a 29 años de prisión. En el mismo fallo se condenó a Eduardo Sainz Lobato a 27 años de prisión por los delitos de atentado y pertenencia a banda armada, pero sin el agravante de alevosía y premeditación. Por último, Jon Joseba Arrejolaleiba Madina fue condenado por pertenencia a banda armada a 7 años de prisión. Arrejolaleiba había realizado labores de información desde dos años antes de que se cometiera el asesinato.
José María Picatoste González de Echávarri, de 58 años de edad, estabacasado y tenía cuatro hijos. Era coronel de Artillería en la reserva activa y estaba destinado en el cuartel general de la brigada de Artillería de Burgos cuando fue asesinado. Pertenecía a la séptima promoción de la Academia General de Zaragoza y era especialista en artillería antiaérea. El coronel acostumbraba pasar algunos días de vacaciones en Villarreal de Álava. Iba a pasar a la reserva tres meses después y nunca había recibido amenazas, según comentaron sus familiares. El cuerpo del coronel asesinado fue trasladado en la noche de su asesinato al depósito de cadáveres del Hospital Santiago Apóstol de Vitoria, para practicarle la autopsia. Después sus restos mortales fueron llevados hasta Logroño, donde se instaló la capilla ardiente en las dependencias del Gobierno Militar. El funeral tuvo lugar el 20 de agosto en esta ciudad, de donde era natural su mujer y dos de sus hijos menores. Fueron presididos por el ministro de Defensa, Narcís Serra, y el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor, José María Sáenz de Tejada.

JOSÉ MANUEL JUAN BOIX (Madrid, Comunidad de Madrid, España)

Filed under: 1979, Agosto, Comunidad de Madrid, Madrid, Sin esclarecer — Fer Altuna Urcelay @ 12:24

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El 18 de agosto de 1979 fallecía en el Hospital de La Paz el joven atleta JOSÉ MANUEL JUAN BOIX veinte días después de quedar gravemente herido como consecuencia de la explosión de la segunda bomba de una cadena de atentados indiscriminados de la banda terrorista ETA en el aeropuerto de Barajas y en las estaciones de tren de Chamartín y Atocha. Con su muerte se elevaba a siete el número de víctimas mortales provocadas por las explosiones: cinco de ellas murieron el mismo 29 de julio de 1979 y la sexta víctima, Dionisio Rey Amez, falleció el 2 de agosto.

José Manuel fue herido por la segunda de las bombas, la de la estación de Chamartín, que mató en el acto a la estudiante danesa Dorothy Fertig. Ingresado en La Paz, se le diagnosticó un politraumatismo de pronóstico muy grave y, aunque los primeros partes médicos indicaban una evolución favorable, la situación empeoró, falleciendo el 18 de agosto.

José Manuel Juan Boix tenía 18 años y era natural de Zaragoza. Estudiante y prometedor atleta, se le vaticinaba un gran futuro como corredor de fondo. Cuando fue asesinado por ETA era el atleta aragonés de fondo con mayor proyección internacional y acababa de ganar el Campeonato de España junior de tres mil metros lisos. Poco antes, se había proclamado campeón del mundo en Limerick (Irlanda), como parte del equipo junior de campo a través, y había conseguido la mínima para participar en el Campeonato de Europa Junior al Aire Libre. Su corta vida deportiva la desarrolló en dos clubes aragoneses: el Iris y el Scorpio 71. La pista de atletismo de Zaragoza lleva su nombre y cada año, desde su asesinato, se organiza un Memorial en su nombre en esa ciudad. La primera vez que se disputó la prueba fue el 5 de julio de 1980, ganándola Jorge García, compañero de José Manuel en la selección española que ganó el Campeonato Mundial de campo a través junior en el año 1979.

JUAN MANUEL MARTÍNEZ GIL. (Oyarzun, Guipúzcoa, España)

Filed under: 1992, Agosto, Guipúzcoa, Oyarzun, Sin esclarecer — Fer Altuna Urcelay @ 12:20

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Minutos después de las cuatro de la tarde del 17 de agosto de 1992, la banda terrorista ETA asesinaba en el aparcamiento del hipermercado Mamut de la localidad guipuzcoana de Oyarzun a los jóvenes guardias civiles JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ LOZANO y JUAN MANUEL MARTÍNEZ GIL.
Juan Manuel Martínez Gil, de 23 años, era natural de Orense, aunque desde niño residió en Gondomar (Pontevedra), donde estuvo destinado su padre, José Martínez, sargento de la Guardia Civil durante varios años. Juan Manuel llevaba tres meses prestando servicio en Guipúzcoa. Anteriormente había estado destinado en Burgos. Sus restos mortales fueron enterrados en Sarreus (Orense), localidad natal de su madre, con la presencia de más de dos mil personas entre familiares, amigos, compañeros de la Guardia Civil, y autoridades de los Gobiernos central y autonómico, además del alcalde y concejales del Ayuntamiento de Sarreus.
Los dos agentes, vestidos de paisano y desarmados, acababan de salir del hipermercado, tras realizar unas compras, y se subieron al vehículo de Fernández Lozano, un Renault 19 con matrícula de Granada. En ese momento un terrorista se acercó al coche y efectuó nueve disparos, que les alcanzaron en la cabeza y el cuello, emprendiendo inmediatamente la huida en una furgoneta donde le esperaba un segundo terrorista. Fernández Lozano, con tres impactos en la cabeza, murió en el acto, mientras que Martínez Gil, alcanzado por un proyectil en la garganta, fue trasladado en estado muy grave al Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián, falleciendo poco después. Los dos guardias civiles residían en el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián y llevaban menos de un año destinados en el País Vasco.

Desde el asesinato en Irún del  policía nacional Juan Manuel Helices, el 23 de abril de 1992, la banda no había vuelto a asesinar, aunque sí había cometido otros atentados, algunos de ellos con coche-bomba que, por fortuna, no provocaron víctimas mortales, aunque sí heridos, algunos de gravedad. El 24 de mayo la banda hizo estallar un coche-bomba en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, hiriendo a siete policías que prestaban servicio de vigilancia durante el partido que enfrentaba al Atlético de Madrid y el Logroñés. Entre los heridos se encontraba Juan Antonio García Casquero, que en 2008 se convertiría en presidente de la AVT. En junio, una potente bomba destrozó de madrugada la casa-cuartel de la Guardia Civil en Lerma (Burgos), mientras dormían los agentes y sus familias, que pudieron ser desalojadas a tiempo al ser detectadas antes de la explosión las mochilas con las bombas por los vigilantes del recinto. Y también en junio, la banda terrorista ETA hizo estallar otro coche-bomba en Madrid al paso de una furgoneta de la Armada en la calle Madre de Dios. Resultaron heridos de gravedad el soldado Francisco Pérez García, el capitán de navío Miguel López Nuche, el capitán de fragata Juan Antonio Muñoz Roig y el teniente coronel de Infantería de Marina Manuel Aldereguía Couceiro.
El asesinato de los guardias civiles José Manuel Fernández Lozano y Juan Manuel Martínez Gil era el primer atentado de la banda terrorista ETA desde que el 10 de julio de ese año hubiera ofrecido una tregua de dos meses condicionada a que el Gobierno central reiniciase negociaciones. Literalmente, la propuesta de la banda, según el escrito en el que la hizo pública, decía que condicionaba la tregua a que se produjera un “comienzo de una nueva fase de contactos oficiales en un país neutral”. Los dos meses de tregua coincidieron con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, durante los cuales no hubo atentados. Sólo ocho días después de la clausura, ETA asesinaba a los dos guardias civiles en Oyarzun.
El día anterior al atentado, el diario Egin recordaba que en el curso de las interrumpidas conversaciones entre el Partido Nacionalista Vasco y Herri Batasuna, el PNV se había comprometido a solicitar al Gobierno el establecimiento de un contacto con los etarras deportados en Santo Domingo, en el caso de que no se produjeran atentados antes del 1 de septiembre de 1992. Sólo unas horas antes del doble asesinato, el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, había asegurado que ETA no actuaba porque no quería, y no porque no pudiera, y añadió que su partido estaba dispuesto a propiciar un final dialogado de la violencia.
Dos días después del atentado, la banda asesina ETA afirmaba en un comunicado a los medios de comunicación que mantenía la oferta de tregua, pero advertía que seguiría teniendo “todos sus frentes abiertos” mientras “el Gobierno español no abandone el juego sucio y la estrategia de alargamiento del conflicto que está llevando a cabo con el Gobierno francés”.
En el funeral oficial, celebrado en la Iglesia de la Sagrada Familia en San Sebastián y presidido por José Luis Corcuera, ministro del Interior, se vivieron momentos de tensión cuando el sacerdote oficiante, Bartolomé Auzmendi, leyó el Padre Nuestro en euskera. Muchos asistentes abandonaron la iglesia y se oyeron frases como “¡Canallas, sinvergüenzas!” o “¡Esto es una burla!”.


JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ LOZANO (Oyarzun, Guipúzcoa, España)

Filed under: 1992, Agosto, Guipúzcoa, Oyarzun, Sin esclarecer — Fer Altuna Urcelay @ 12:19

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Minutos después de las cuatro de la tarde del 17 de agosto de 1992, la banda terrorista ETA asesinaba en el aparcamiento del hipermercado Mamut de la localidad guipuzcoana de Oyarzun a los jóvenes guardias civiles JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ LOZANO y JUAN MANUEL MARTÍNEZ GIL.
José Manuel Fernández Lozano, de 25 años, estaba casado y tenía un hijo que no había cumplido el año. Era natural de Alfacar (Granada) y pertenecía a la Guardia Civil desde tres años antes de su asesinato. Antes de ser destinado a Oyarzun, estuvo en Alustante (Guadalajara). El funeral por su alma se celebró en Alfacar, donde fueron inhumados sus restos mortales.

Los dos agentes, vestidos de paisano y desarmados, acababan de salir del hipermercado, tras realizar unas compras, y se subieron al vehículo de Fernández Lozano, un Renault 19 con matrícula de Granada. En ese momento un terrorista se acercó al coche y efectuó nueve disparos, que les alcanzaron en la cabeza y el cuello, emprendiendo inmediatamente la huida en una furgoneta donde le esperaba un segundo terrorista. Fernández Lozano, con tres impactos en la cabeza, murió en el acto, mientras que Martínez Gil, alcanzado por un proyectil en la garganta, fue trasladado en estado muy grave al Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián, falleciendo poco después. Los dos guardias civiles residían en el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián y llevaban menos de un año destinados en el País Vasco.
Desde el asesinato en Irún del  policía nacional Juan Manuel Helices, el 23 de abril de 1992, la banda no había vuelto a asesinar, aunque sí había cometido otros atentados, algunos de ellos con coche-bomba que, por fortuna, no provocaron víctimas mortales, aunque sí heridos, algunos de gravedad. El 24 de mayo la banda hizo estallar un coche-bomba en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, hiriendo a siete policías que prestaban servicio de vigilancia durante el partido que enfrentaba al Atlético de Madrid y el Logroñés. Entre los heridos se encontraba Juan Antonio García Casquero, que en 2008 se convertiría en presidente de la AVT. En junio, una potente bomba destrozó de madrugada la casa-cuartel de la Guardia Civil en Lerma (Burgos), mientras dormían los agentes y sus familias, que pudieron ser desalojadas a tiempo al ser detectadas antes de la explosión las mochilas con las bombas por los vigilantes del recinto. Y también en junio, la banda terrorista ETA hizo estallar otro coche-bomba en Madrid al paso de una furgoneta de la Armada en la calle Madre de Dios. Resultaron heridos de gravedad el soldado Francisco Pérez García, el capitán de navío Miguel López Nuche, el capitán de fragata Juan Antonio Muñoz Roig y el teniente coronel de Infantería de Marina Manuel Aldereguía Couceiro.
El asesinato de los guardias civiles José Manuel Fernández Lozano y Juan Manuel Martínez Gil era el primer atentado de la banda terrorista ETA desde que el 10 de julio de ese año hubiera ofrecido una tregua de dos meses condicionada a que el Gobierno central reiniciase negociaciones. Literalmente, la propuesta de la banda, según el escrito en el que la hizo pública, decía que condicionaba la tregua a que se produjera un “comienzo de una nueva fase de contactos oficiales en un país neutral”. Los dos meses de tregua coincidieron con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, durante los cuales no hubo atentados. Sólo ocho días después de la clausura, ETA asesinaba a los dos guardias civiles en Oyarzun.
El día anterior al atentado, el diario Egin recordaba que en el curso de las interrumpidas conversaciones entre el Partido Nacionalista Vasco y Herri Batasuna, el PNV se había comprometido a solicitar al Gobierno el establecimiento de un contacto con los etarras deportados en Santo Domingo, en el caso de que no se produjeran atentados antes del 1 de septiembre de 1992. Sólo unas horas antes del doble asesinato, el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, había asegurado que ETA no actuaba porque no quería, y no porque no pudiera, y añadió que su partido estaba dispuesto a propiciar un final dialogado de la violencia.
Dos días después del atentado, la banda asesina ETA afirmaba en un comunicado a los medios de comunicación que mantenía la oferta de tregua, pero advertía que seguiría teniendo “todos sus frentes abiertos” mientras “el Gobierno español no abandone el juego sucio y la estrategia de alargamiento del conflicto que está llevando a cabo con el Gobierno francés”.
En el funeral oficial, celebrado en la Iglesia de la Sagrada Familia en San Sebastián y presidido por José Luis Corcuera, ministro del Interior, se vivieron momentos de tensión cuando el sacerdote oficiante, Bartolomé Auzmendi, leyó el Padre Nuestro en euskera. Muchos asistentes abandonaron la iglesia y se oyeron frases como “¡Canallas, sinvergüenzas!” o “¡Esto es una burla!”.

Juan Manuel Martínez Gil, de 23 años, era natural de Orense, aunque desde niño residió en Gondomar (Pontevedra), donde estuvo destinado su padre, José Martínez, sargento de la Guardia Civil durante varios años. Juan Manuel llevaba tres meses prestando servicio en Guipúzcoa. Anteriormente había estado destinado en Burgos. Sus restos mortales fueron enterrados en Sarreus (Orense), localidad natal de su madre, con la presencia de más de dos mil personas entre familiares, amigos, compañeros de la Guardia Civil, y autoridades de los Gobiernos central y autonómico, además del alcalde y concejales del Ayuntamiento de Sarreus.



CLÉMENT PERRET (Castellón de la Plana, Castellón, España)

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A las tres y cuarto de la tarde del viernes 16 de agosto de 1985, miembros del grupo Argala de ETA asesinaba Castellón de la Plana al empresario francés CLÉMENT PERRET. Dos etarras se presentaron en la pizzería que regentaba junto a su hermano Gilbert en la localidad castellonense y, tras localizarle, abrieron fuego contra él. Perret recibió trece impactos de bala que le provocaron la muerte en el acto, y Miguel Palanques Sanahuja, camarero de 19 años, resultó herido de bala en una pierna.
Los dos terroristas irrumpieron en el restaurante, por puertas diferentes, y dispararon contra Clément Perret, que en ese momento se encontraba sirviendo una de las mesas. La víctima recibió un primer disparo, mortal de necesidad, y luego fue rematado en el suelo. Seguidamente, los terroristas huyeron a bordo de un vehículo con matrícula francesa en el que les esperaba un tercer terrorista. En el momento de cometerse el atentado, el restaurante estaba lleno de clientes. Además, estaban también presentes Gilbert Perret, un hermano de ambos, la esposa de Clément y un sobrino.

Al día siguiente, la banda terrorista ETA reivindicó el asesinato de Perret a través de un comunicado dictado telefónicamente, en catalán y en euskera, a una telefonista del Avui. También hubo una segunda reivindicación al diario Egin. La banda terrorista anunciaba, además, la continuación de su campaña de atentados contra organismos del Estado español, especialmente el estamento militar y sus servicios de inteligencia.
Clément Perret y su hermano Gilbert, además de Jean Pierre Chérid, habían sido citados en varios medios de comunicación españoles en abril de 1985 como presuntos integrantes de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Según estas informaciones los tres habrían pertenecido a la Organisation de l´Armée Secrète (OAS), banda que se opuso a la descolonización de Argelia. Como miembros de los GAL, y según esas informaciones, el 23 de noviembre de 1980 los tres habrían cruzado la frontera franco-española de Irún minutos después de haber cometido un atentado en un bar de Hendaya frecuentado por proetarras. En el atentado murieron ametrallados dos ciudadanos franceses, Jean Pierre Aramendi y José Camio, y resultaron heridas otras diez personas.
Sin embargo, desde que salieron esas informaciones en la prensa vinculándolos con la guerra sucia contra ETA, los hermanos Perret habían recibido numerosas amenazas de muerte, y en algunos momentos recibieron protección de la Policía. Fuentes francesas confirmaron que un responsable de ETA militar, muy próximo al por entonces jefe de la organización terrorista, Domingo Iturbe Abasolo, alias Txomin, estuvo buscando información en París a principios de 1985 en medios oficiales y periodísticos sobre supuestos miembros de los GAL refugiados en España, y especialmente en la comunidad valenciana.
Además, el nombre de los hermanos Perret había salido en la prensa valenciana con motivo de la explosión de un artefacto que destruyó el restaurante El Rincón del Arrantzale, ubicado en el Grao de Castellón. El diario Levante de Valencia atribuyó al accionista mayoritario de la sociedad y propietario del restaurante, José Luis Araquistain, de origen vasco, amistad con los hermanos Clément y Gilbert Perret, de los que el rotativo decía que eran comensales habituales en el local. Estas circunstancias fueron desmentidas por el propio Araquistain.
Fuentes del Gobierno Civil de Castellón desmintieron en el periódico ABC que los hermanos Perret tuvieran nada que ver los GAL (17/08/1985). En el mismo periódico, Gilbert Perret declaró que su “hermano hacía once años que no salía de aquí y sólo se dedicaba a sus negocios. La Prensa ha facilitado abundante información en los últimos tiempos sobre nuestras residencias y propiedades (…). La Prensa ha matado a mi hermano” (ABC, 18/08/1985).
En 1992 la Audiencia Nacional condenó a Henri Parot como autor del asesinato a la pena de 29 años de reclusión mayor. En 1997 el Tribunal Criminal de París condenó a cadena perpetua a Jacques Esnal y Jean Parot. El primero fue considerado autor material, mientras que el segundo era el conductor del vehículo en el que huyeron del lugar de los hechos. Este mismo tribunal condenó en rebeldía en 1998 a cadena perpetua a José Luis Arrieta Zubimendi, alias Azkoiti, por complicidad en el asesinato del empresario francés. El caso de Arrieta Zubimendi fue uno de los más polémicos en las relaciones entre Francia y España en la lucha antiterrorista. Azkoiti fue puesto en libertad vigilada por las autoridades francesas en febrero de 1993, cuando Francia ya había concedido su extradición a España. El etarra aprovechó para huir y a finales de los noventa se situó de nuevo en la dirección de la banda terrorista. En octubre de 1994 se dictó contra él orden de busca y captura. José Luis Arrieta Zubimendi murió de un ataque al corazón en la clandestinidad en Toulouse en el año 2001.
El grupo Argala de ETA, también llamado Itinerante y Francés, se creó en 1978 y fue desarticulado en marzo de 1990. La nacionalidad francesa de sus integrantes y su movilidad dificultaron su captura. Se les considera responsables de numerosos atentados, principalmente en Madrid y Zaragoza, que provocaron la muerte de treinta y siete personas y lesiones a decenas.
Clément Perret, industrial francés de 45 años de edad, había nacido en Aix-en-Provence (Francia) el 13 de diciembre de 1939. Estaba casado y residía en Benicasim (Castellón de la Plana). Vino por primera vez a España en 1971 y fue expulsado en 1974.
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