JOSÉ AYBAR YÁÑEZ (Baracaldo, Vizcaya, España)

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A las nueve y veinte de la noche del 30 de junio de 1982, la banda terrorista ETA asesinaba al jefe de la Policía Municipal de Baracaldo (Vizcaya), JOSÉ AYBAR YÁÑEZ. Tres individuos dispararon contra él cuando, en compañía de varios amigos, se encontraba en el reservado de un bar, muy próximo al Ayuntamiento, jugando a las cartas. Aybar Yáñez solía acudir a ese local dos o tres veces a la semana, rutina que conocían sus asesinos, pues lo estuvieron vigilando durante varios días.

Cinco miembros del grupo Vizcaya de ETA se reunieron en la estación de tren de Baracaldo y, desde ahí, se dirigieron en un vehículo a las puertas del bar. Cuatro de ellos entraron en el local y el quinto permaneció en el vehículo a la espera. Una vez dentro, localizaron inmediatamente a José Aybar, que se encontraba de espaldas, y comenzaron a disparar una y otra vez «en medio de un clima de terror y desconcierto», tal y como se recoge en una de las sentencias de la Audiencia Nacional sobre este atentado. Los disparos que realizó Miguel Arrieta Llopis, uno de los etarras, alcanzaron a dos de los miembros del grupo, uno de los cuales, Francisco Javier Zabaleta Urretavizcaya, murió a causa de los mismos. José Aybar recibió el impacto de ocho proyectiles que le dejaron gravemente herido. Falleció antes de poder recibir atención médica.

Nada más conocerse la noticia del asesinato de Aybar Yáñez, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi de Vizcaya, Ricardo García Damborenea, expresó la condena de su partido, precisando que dicha condena se extendía también a quienes «desde Herri Batasuna azuzan a los terroristas y miran esos atentados con complacencia».

En 1997 la Audiencia Nacional condenó a Ángel Luis Hermosa Urra a la pena de 30 años de reclusión mayor por el asesinato de Aybar Yáñez, y a Juan Ignacio Aldana Celaya a 20 años de reclusión menor como cómplice. En 2001 fue condenado Miguel Arrieta Llopis a 30 años de reclusión mayor, y a la misma pena fue condenado en 2004 Sebastián Echaniz Alcorta.

José Aybar Yáñez, de 58 años, era natural de la localidad vizcaína de San Julián de Múzquiz. Estaba casado y tenía tres hijos. Llevaba treinta años en la Policía Municipal de Baracaldo y ocupaba el mando de la misma desde 1968.

José Aybar había sido citado en dos reportajes publicados por el semanario Interviú en diciembre de 1979, con el título «Confesión de un infiltrado. Como actúan los ultras vascos». Dos de los citados en aquella publicación fueron asesinados semanas después por la banda terrorista ETA: Jesús García García, el 5 de enero de enero de 1980, y Alfredo Ramos Vázquez, el 23 de enero de ese mismo año. Por ambos asesinatos fueron juzgados en noviembre de 1981 el periodista Francisco Xavier Vinader Sánchez por un delito de imprudencia temeraria (condenado a 7 años de reclusión mayor) y el expolicía Francisco Ros Frutos, como cooperador necesario (4 años de reclusión menor). Por haber sido citado en esos reportajes, José Aybar había recibido varias amenazas de ETA, por lo que tuvo que abandonar temporalmente el País Vasco. Había regresado a su domicilio poco tiempo antes de ser asesinado.

GREGORIO CAÑO GARCÍA (San Sebastián, Guipúzcoa, España)

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A las siete menos cuarto de la mañana del jueves 29 de junio de 1989, la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián a GREGORIO CAÑO GARCÍA, chófer de Joaquín Aperribay, presidente de la Sociedad Anónima Placencia de las Armas (SAPA) y vicepresidente de la Real Sociedad Club de Fútbol. Tres horas antes de este atentado los terroristas lanzaron contra el cuartel de la Guardia Civil de la población guipuzcoana de Deba varias granadas de carga hueca, que no alcanzaron su objetivo.

El objetivo de los terroristas era secuestrar a Aperribay, amigo personal del dirigente de Herri Batasuna Iñaki Esnaola. Así lo explicaba la banda terrorista en un comunicado enviado unos días más tarde al diario Egin, en el que decían lamentar la muerte de Gregorio.
Como cada mañana, Caño García estacionó el coche Opel Senator de la empresa junto al portal del número 22 de la calle Zubieta de San Sebastián, y se mantuvo a la espera de que el presidente de SAPA bajara de su domicilio. Mientras aguardaba la salida de Aperribay un terrorista, identificado posteriormente como Francisco Javier Balerdi Ibarguren -empleado del grupo municipal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de San Sebastián-, se acercó al portal del domicilio de Aperribay. Gregorio Caño se percató de la situación y se dirigió hacia él. En ese momento, Balerdi sacó una pistola que tenía bajo la camisa y disparó contra el chófer, que quedó tendido boca arriba en la calzada. Había recibido cinco impactos de bala: tres en el abdomen, uno en el pecho, cerca del corazón, y otro en un muslo. Gregorio falleció cuando era trasladado en ambulancia a un hospital. En el lugar del asesinato la policía encontró un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.

Joaquín Aperribay era presidente de SAPA desde varios años antes del asesinato de su chófer. La empresa contaba en sus factorías de Andoáin y Plasencia con un total de 360 trabajadores y se dedicaba a la fabricación y reparación de carcasas de cañones y de misiles antiaéreos. Buena parte de su producción iba destinada al Ejército español, y el resto a la exportación. Después del intento de secuestro, Aperribay abandonó temporalmente el País Vasco junto a su familia. Durante una breve estancia en San Sebastián, en septiembre de 1989, recibió un paquete-bomba de parte de ETA que pudo ser desactivado por artificieros de la Policía Nacional.

El comité de empresa de SAPA emitió un comunicado, firmado también por el sindicato LAB en esa compañía, en el que condenaba el asesinato de su compañero. Sin embargo, pocas horas después el Secretariado Provincial de LAB en Guipúzcoa desautorizó a sus representantes en la SAPA mediante una nota pública en la que se decía que «no pueden valorarse de forma aislada los efectos generados por la lucha armada, sin analizar, con el debido rigor, las verdaderas causas que propician tales hechos».

Joseba Egibar, portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), declaró que el asesinato es «la tarjeta de verano de aquellos que discurren con el amonal en las manos» y que ETA se estaba convirtiendo en una organización «inmovilista y retrógada, cada vez más aislada de la sociedad vasca». Por su parte, Rafael Larraina, miembro de la ejecutiva de Eusko Alkartasuna (EA), animó a los ciudadanos a exteriorizar su protesta contra estos atentados.

Joaquín Aperribay es padre del actual presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay Bedialauneta, un club que se ha mantenido siempre en silencio ante los asesinatos de la banda terrorista y ha mostrado un apoyo explícito por parte de sus jugadores a los presos de ETA. Con la frase de «no nos metemos en política», el club donostiarra no condenó en su momento el asesinato del exjugador de la Real Sociedad José Antonio Santamaría, o de seguidores y socios del club de toda la vida como Gregorio Ordóñez o Fernando Múgica.

Recientemente, el 8 de enero de 2011, varios jugadores del club apoyaron la marcha a favor de los presos de ETA autorizada por el juez Pedraz. Los futbolistas Mikel Aranburu, capitán del equipo, Imanol Agirretxe, Jon Ansotegi, Mikel González, Mikel Labaka, Markel Bergara, David Zurutuza y el portero suplente, Eñaut Zubikarai, no dudaron en mostrar públicamente su apoyo a la misma. En el caso de Zubikarai es sencillo de explicar, puesto que su padre, el etarra Cándido Zubikarai Badiola, está en la cárcel desde 1989 por participar en varios asesinatos, como el del empresario Sebastián Aizpiri Leyaristi y el de dos guardias civiles. Tampoco en este caso el club, presidido por Jokin Aperribay, condenó la actuación de sus jugadores.

La Audiencia Nacional condenó en 1993 a Francisco Javier Balerdi Ibarguren a 17 años de prisión por el asesinato de Gregorio Caño. Según el Ministerio del Interior, en el atentado participó un segundo terrorista, Juan Ignacio Ormaechea Antepara, que falleció en San Sebastián en agosto de 1991 en un enfrentamiento con la Guardia Civil. En la misma acción fallecieron también los etarras José Joaquín Leunda Mendizábal y Francisco Javier Icíar Aguirre.

Gregorio Caño García, de 49 años, era natural de Villa Mañón (León). Estaba casado y tenía tres hijos. Un hermano de la víctima señaló que Gregorio llevaba más de 20 años trabajando de chófer en SAPA.

DONATO CALZADO GARCÍA (Alcalá de Guadarira, Sevilla, España)

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A las 11:20 horas del jueves 28 de junio de 1991, un paquete-bomba enviado por la banda terrorista ETA, causaba la muerte en la cárcel de Sevilla-1 a cuatro personas: el funcionario de prisiones MANUEL PÉREZ ORTEGA; los reclusos JESÚS SÁNCHEZ LOZANO y DONATO CALZADO GARCÍA; y un familiar que había ido a visitar a otro interno en la prisión, RAIMUNDO PÉREZ CRESPO. La explosión, que destrozó varias salas del centro penitenciario, hirió a otras treinta personas, cuatro de las cuales fueron hospitalizadas en estado grave.

Donato Calzado García, de 27 años y natural de Gilena (Sevilla), estaba interno en la cárcel Sevilla-1 en régimen de tercer grado. Desde 1990 cumplía condena de dos años por un delito de lesiones y estaba a punto de obtener la libertad. Ayudaba en la sección de paquetería de la cárcel. Anteriormente había trabajado como albañil. Donato cumplía condena por una pelea que había mantenido años antes. El pueblo de Gilena se volcó con el fallecido, como ya había sucedido antes al ser condenado a prisión.

El artefacto estalló cuando era examinado por el funcionario fallecido y en el momento en que unos cincuenta familiares, en su mayoría mujeres y niños, esperaban en una zona contigua para visitar a los reclusos. La sala de seguridad, la de espera de familiares y la de comunicación quedaron prácticamente destrozadas. También sufrieron importantes daños el despacho del director y las oficinas de administración. La evacuación de los heridos se produjo con rapidez, gracias a la intervención de las dotaciones policiales presentes en la cárcel. Por la noche, permanecían ingresadas en diversos centros hospitalarios cuatro personas heridas graves, entre ellas dos mujeres, y otras cuatro leves, entre ellas tres niños.

El director de la cárcel y el sargento primero de la Guardia Civil que había recibido al transportista, señalaron que el paquete-bomba estaba envuelto en papel de color marrón y cinta adhesiva. El guardia civil explicó que le había comentado al transportista que el paquete le parecía «sospechoso» y que debía entregarlo al funcionario Manuel Pérez Ortega para su inspección. «Pesaba mucho y estaba muy protegido con tiras adhesivas, de esas de cinta aislante». El transportista pasó a la oficina de comunicación y entregó el paquete al funcionario Manuel Pérez Ortega. El director de la prisión, Javier Romero Pastor, acudió para la inspección y, tras anotar los datos de procedencia del paquete, comunicó al funcionario que lo metiera en el escáner y esperase. Vieron que el paquete era opaco y llamaron a los Tedax, mientras dejaban el artefacto en la sección de paquetería. «No me dio tiempo siquiera a llegar a mi despacho cuando se produjo la explosión», comentó el director de la prisión. Según Romero Pastor, el albarán entregado con el paquete indicaba que éste pesaba siete kilos, e iba dirigido a él mismo, con la inicial de su nombre y sus apellidos. El paquete procedía de Valladolid, donde había sido entregado el día 25 de junio en la sede de la empresa Transportes Castilla, filial en la ciudad castellana de Transportes Acha. El remite figuraba a nombre de Suministros AHA. Ésta es la primera vez que fallecían reclusos por la explosión de un paquete-bomba enviado a una prisión. Javier Romero Pastor había dirigido anteriormente la prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha (Ciudad Real).

Un grupo de reclusos del módulo 2 llegó a amotinarse en el tejado de la cárcel, pidiendo información sobre sus familiares, actitud que depusieron tras recibir explicaciones. Se sucedieron escenas de desesperación, ataques de histeria y lipotimias entre reclusos y familiares que esperaban para verlos en el momento en que se produjo la explosión. Luis Vargas Torres, un interno de 43 años que estaba limpiando la sala de espera, comentaba, llorando, lo ocurrido. «Son unos criminales, han pagado las criaturitas que venían con sus madres. No hay derecho. Yo estaba limpiando y me ha salvado la columna. Me he quedado ciego con la explosión y luego todos, también los presos, hemos ayudado a los heridos».

Posteriormente, presos y familiares quisieron linchar a los seis reclusos de ETA que estaban en la prisión, cuatro internos y dos en tránsito para asistir a un juicio. La dirección de la cárcel decidió de inmediato el traslado de los seis etarras y de dos presos de los GRAPO a la prisión de Sevilla-2, una cárcel más moderna y con mejores instalaciones. En este último centro se encontraban en ese momento internados otros cinco etarras.

Internos comunes de otras cárceles, como la de Burgos, amenazaron también a los presos etarras: «Si para el Gobierno resulta difícil acabar con vuestros comandos asesinos, para nosotros, los presos, no lo es tanto el terminar con los vuestros que se encuentren en prisión (…) Habéis encendido una mecha que os puede estallar en la cara, ya que medio millar de presos de ETA no son nada para los más de treinta mil comunes. [No vamos] a pedir justicia, sino que nos la vamos a tomar por nuestra cuenta si seguís acabando con nuestras familias». En otro escrito de los presos, bajo el título «Advertencia a Artapalo», los presos comunes se dirigían a los dirigentes de ETA así: «Vas a conseguir que reunifiquen a tus compañeros, pero no en una prisión, sino en un cementerio. Esto no es una amenaza, sino una advertencia».

El mismo día del atentado, el diario Egin publicó una larga carta, fechada el 15 de junio de 1991, firmada por trece etarras recluidos en la cárcel de Salto del Negro (Las Palmas de Gran Canaria). Entre los firmantes se encontraba Iñaki de Juana Chaos, y en ella denunciaban «la actitud de constante acoso, provocación y vejación de la dirección de esta cárcel». Era parte de una campaña que tanto ETA como Herri Batasuna estaban realizando para denunciar la supuesta represión de los asesinos de la banda en las cárceles españolas por parte de los funcionarios de prisiones. José María Olarra, miembro de HB, había acusado, pocas horas antes del atentado, a los directores y funcionarios de prisiones de estar «tratando de crear una especie de GAL dentro de las cárceles». El secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, que viajó a Sevilla nada más tener noticia del atentado, aseguró que el Gobierno no iba a cambiar en absoluto su política penitenciaria respecto a los presos de ETA.

Al día siguiente, convocadas por Gestoras Pro Amnistía, miles de personas se manifestaron en Bilbao bajo el lema «A favor de los derechos humanos, los presos a Euskadi». El mismo día, Gesto por la Paz convocó manifestaciones silenciosas en el País Vasco como muestra de condena por el atentado. El 2 de julio más de treinta mil personas recorrieron las calles de Sevilla bajo el lema «Por la paz y la libertad», para protestar pacíficamente contra el atentado.

JESÚS SÁNCHEZ LOZANO (Alcalá de Guadaira, Sevilla, España)

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A las 11:20 horas del jueves 28 de junio de 1991, un paquete-bomba enviado por la banda terrorista ETA, causaba la muerte en la cárcel de Sevilla-1 a cuatro personas: el funcionario de prisiones MANUEL PÉREZ ORTEGA; los reclusos JESÚS SÁNCHEZ LOZANO y DONATO CALZADO GARCÍA; y un familiar que había ido a visitar a otro interno en la prisión, RAIMUNDO PÉREZ CRESPO. La explosión, que destrozó varias salas del centro penitenciario, hirió a otras treinta personas, cuatro de las cuales fueron hospitalizadas en estado grave.

Jesús Sánchez Lozano, de 37 años y natural de Sevilla, estaba interno en la prisión de Sevilla-1, clasificado en tercer grado. Igual que Donato Calzado, ayudaba en la sección de paquetería del centro penitenciario. Su cuerpo quedó sepultado bajo los escombros y su cadáver no fue encontrado por los bomberos hasta después de las 15:00 horas. Jesús era taxista, estaba casado y tenía dos hijos de 14 y 5 años. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de San Fernando (Sevilla). En el acto no hubo ningún representante oficial, algo de lo que se quejaron sus compañeros de prisión, señalando que los presos eran ciudadanos de quinta clase.

El artefacto estalló cuando era examinado por el funcionario fallecido y en el momento en que unos cincuenta familiares, en su mayoría mujeres y niños, esperaban en una zona contigua para visitar a los reclusos. La sala de seguridad, la de espera de familiares y la de comunicación quedaron prácticamente destrozadas. También sufrieron importantes daños el despacho del director y las oficinas de administración. La evacuación de los heridos se produjo con rapidez, gracias a la intervención de las dotaciones policiales presentes en la cárcel. Por la noche, permanecían ingresadas en diversos centros hospitalarios cuatro personas heridas graves, entre ellas dos mujeres, y otras cuatro leves, entre ellas tres niños.

El director de la cárcel y el sargento primero de la Guardia Civil que había recibido al transportista, señalaron que el paquete-bomba estaba envuelto en papel de color marrón y cinta adhesiva. El guardia civil explicó que le había comentado al transportista que el paquete le parecía «sospechoso» y que debía entregarlo al funcionario Manuel Pérez Ortega para su inspección. «Pesaba mucho y estaba muy protegido con tiras adhesivas, de esas de cinta aislante». El transportista pasó a la oficina de comunicación y entregó el paquete al funcionario Manuel Pérez Ortega. El director de la prisión, Javier Romero Pastor, acudió para la inspección y, tras anotar los datos de procedencia del paquete, comunicó al funcionario que lo metiera en el escáner y esperase. Vieron que el paquete era opaco y llamaron a los Tedax, mientras dejaban el artefacto en la sección de paquetería. «No me dio tiempo siquiera a llegar a mi despacho cuando se produjo la explosión», comentó el director de la prisión. Según Romero Pastor, el albarán entregado con el paquete indicaba que éste pesaba siete kilos, e iba dirigido a él mismo, con la inicial de su nombre y sus apellidos. El paquete procedía de Valladolid, donde había sido entregado el día 25 de junio en la sede de la empresa Transportes Castilla, filial en la ciudad castellana de Transportes Acha. El remite figuraba a nombre de Suministros AHA. Ésta es la primera vez que fallecían reclusos por la explosión de un paquete-bomba enviado a una prisión. Javier Romero Pastor había dirigido anteriormente la prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha (Ciudad Real).

Un grupo de reclusos del módulo 2 llegó a amotinarse en el tejado de la cárcel, pidiendo información sobre sus familiares, actitud que depusieron tras recibir explicaciones. Se sucedieron escenas de desesperación, ataques de histeria y lipotimias entre reclusos y familiares que esperaban para verlos en el momento en que se produjo la explosión. Luis Vargas Torres, un interno de 43 años que estaba limpiando la sala de espera, comentaba, llorando, lo ocurrido. «Son unos criminales, han pagado las criaturitas que venían con sus madres. No hay derecho. Yo estaba limpiando y me ha salvado la columna. Me he quedado ciego con la explosión y luego todos, también los presos, hemos ayudado a los heridos».

Posteriormente, presos y familiares quisieron linchar a los seis reclusos de ETA que estaban en la prisión, cuatro internos y dos en tránsito para asistir a un juicio. La dirección de la cárcel decidió de inmediato el traslado de los seis etarras y de dos presos de los GRAPO a la prisión de Sevilla-2, una cárcel más moderna y con mejores instalaciones. En este último centro se encontraban en ese momento internados otros cinco etarras.

Internos comunes de otras cárceles, como la de Burgos, amenazaron también a los presos etarras: «Si para el Gobierno resulta difícil acabar con vuestros comandos asesinos, para nosotros, los presos, no lo es tanto el terminar con los vuestros que se encuentren en prisión (…) Habéis encendido una mecha que os puede estallar en la cara, ya que medio millar de presos de ETA no son nada para los más de treinta mil comunes. [No vamos] a pedir justicia, sino que nos la vamos a tomar por nuestra cuenta si seguís acabando con nuestras familias». En otro escrito de los presos, bajo el título «Advertencia a Artapalo», los presos comunes se dirigían a los dirigentes de ETA así: «Vas a conseguir que reunifiquen a tus compañeros, pero no en una prisión, sino en un cementerio. Esto no es una amenaza, sino una advertencia».

El mismo día del atentado, el diario Egin publicó una larga carta, fechada el 15 de junio de 1991, firmada por trece etarras recluidos en la cárcel de Salto del Negro (Las Palmas de Gran Canaria). Entre los firmantes se encontraba Iñaki de Juana Chaos, y en ella denunciaban «la actitud de constante acoso, provocación y vejación de la dirección de esta cárcel». Era parte de una campaña que tanto ETA como Herri Batasuna estaban realizando para denunciar la supuesta represión de los asesinos de la banda en las cárceles españolas por parte de los funcionarios de prisiones. José María Olarra, miembro de HB, había acusado, pocas horas antes del atentado, a los directores y funcionarios de prisiones de estar «tratando de crear una especie de GAL dentro de las cárceles». El secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, que viajó a Sevilla nada más tener noticia del atentado, aseguró que el Gobierno no iba a cambiar en absoluto su política penitenciaria respecto a los presos de ETA.

Al día siguiente, convocadas por Gestoras Pro Amnistía, miles de personas se manifestaron en Bilbao bajo el lema «A favor de los derechos humanos, los presos a Euskadi». El mismo día, Gesto por la Paz convocó manifestaciones silenciosas en el País Vasco como muestra de condena por el atentado. El 2 de julio más de treinta mil personas recorrieron las calles de Sevilla bajo el lema «Por la paz y la libertad», para protestar pacíficamente contra el atentado.

MANUEL PÉREZ ORTEGA (Alcalá de Guadaira, Sevilla, España)

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A las 11:20 horas del jueves 28 de junio de 1991, un paquete-bomba enviado por la banda terrorista ETA, causaba la muerte en la cárcel de Sevilla-1 a cuatro personas: el funcionario de prisiones MANUEL PÉREZ ORTEGA; los reclusos JESÚS SÁNCHEZ LOZANO y DONATO CALZADO GARCÍA; y un familiar que había ido a visitar a otro interno en la prisión, RAIMUNDO PÉREZ CRESPO. La explosión, que destrozó varias salas del centro penitenciario, hirió a otras treinta personas, cuatro de las cuales fueron hospitalizadas en estado grave.

Manuel Pérez Ortega, de 39 años y soltero, era natural de Olivares (Sevilla). Funcionario del Cuerpo de Prisiones desde 1986 y licenciado en Ciencias Económicas, anteriormente había ejercido como maestro. Llevaba tres años destinado en el servicio de paquetería de la prisión. Fue enterrado en su ciudad natal. Tras el funeral, los cuatro hermanos de Manuel portaron el féretro con sus restos mortales hasta el cementerio de Olivares, donde fue enterrado.

El artefacto estalló cuando era examinado por el funcionario fallecido y en el momento en que unos cincuenta familiares, en su mayoría mujeres y niños, esperaban en una zona contigua para visitar a los reclusos. La sala de seguridad, la de espera de familiares y la de comunicación quedaron prácticamente destrozadas. También sufrieron importantes daños el despacho del director y las oficinas de administración. La evacuación de los heridos se produjo con rapidez, gracias a la intervención de las dotaciones policiales presentes en la cárcel. Por la noche, permanecían ingresadas en diversos centros hospitalarios cuatro personas heridas graves, entre ellas dos mujeres, y otras cuatro leves, entre ellas tres niños.

El director de la cárcel y el sargento primero de la Guardia Civil que había recibido al transportista, señalaron que el paquete-bomba estaba envuelto en papel de color marrón y cinta adhesiva. El guardia civil explicó que le había comentado al transportista que el paquete le parecía «sospechoso» y que debía entregarlo al funcionario Manuel Pérez Ortega para su inspección. «Pesaba mucho y estaba muy protegido con tiras adhesivas, de esas de cinta aislante». El transportista pasó a la oficina de comunicación y entregó el paquete al funcionario Manuel Pérez Ortega. El director de la prisión, Javier Romero Pastor, acudió para la inspección y, tras anotar los datos de procedencia del paquete, comunicó al funcionario que lo metiera en el escáner y esperase. Vieron que el paquete era opaco y llamaron a los Tedax, mientras dejaban el artefacto en la sección de paquetería. «No me dio tiempo siquiera a llegar a mi despacho cuando se produjo la explosión», comentó el director de la prisión. Según Romero Pastor, el albarán entregado con el paquete indicaba que éste pesaba siete kilos, e iba dirigido a él mismo, con la inicial de su nombre y sus apellidos. El paquete procedía de Valladolid, donde había sido entregado el día 25 de junio en la sede de la empresa Transportes Castilla, filial en la ciudad castellana de Transportes Acha. El remite figuraba a nombre de Suministros AHA. Ésta es la primera vez que fallecían reclusos por la explosión de un paquete-bomba enviado a una prisión. Javier Romero Pastor había dirigido anteriormente la prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha (Ciudad Real).

Un grupo de reclusos del módulo 2 llegó a amotinarse en el tejado de la cárcel, pidiendo información sobre sus familiares, actitud que depusieron tras recibir explicaciones. Se sucedieron escenas de desesperación, ataques de histeria y lipotimias entre reclusos y familiares que esperaban para verlos en el momento en que se produjo la explosión. Luis Vargas Torres, un interno de 43 años que estaba limpiando la sala de espera, comentaba, llorando, lo ocurrido. «Son unos criminales, han pagado las criaturitas que venían con sus madres. No hay derecho. Yo estaba limpiando y me ha salvado la columna. Me he quedado ciego con la explosión y luego todos, también los presos, hemos ayudado a los heridos».

Posteriormente, presos y familiares quisieron linchar a los seis reclusos de ETA que estaban en la prisión, cuatro internos y dos en tránsito para asistir a un juicio. La dirección de la cárcel decidió de inmediato el traslado de los seis etarras y de dos presos de los GRAPO a la prisión de Sevilla-2, una cárcel más moderna y con mejores instalaciones. En este último centro se encontraban en ese momento internados otros cinco etarras.

Internos comunes de otras cárceles, como la de Burgos, amenazaron también a los presos etarras: «Si para el Gobierno resulta difícil acabar con vuestros comandos asesinos, para nosotros, los presos, no lo es tanto el terminar con los vuestros que se encuentren en prisión (…) Habéis encendido una mecha que os puede estallar en la cara, ya que medio millar de presos de ETA no son nada para los más de treinta mil comunes. [No vamos] a pedir justicia, sino que nos la vamos a tomar por nuestra cuenta si seguís acabando con nuestras familias». En otro escrito de los presos, bajo el título «Advertencia a Artapalo», los presos comunes se dirigían a los dirigentes de ETA así: «Vas a conseguir que reunifiquen a tus compañeros, pero no en una prisión, sino en un cementerio. Esto no es una amenaza, sino una advertencia».

El mismo día del atentado, el diario Egin publicó una larga carta, fechada el 15 de junio de 1991, firmada por trece etarras recluidos en la cárcel de Salto del Negro (Las Palmas de Gran Canaria). Entre los firmantes se encontraba Iñaki de Juana Chaos, y en ella denunciaban «la actitud de constante acoso, provocación y vejación de la dirección de esta cárcel». Era parte de una campaña que tanto ETA como Herri Batasuna estaban realizando para denunciar la supuesta represión de los asesinos de la banda en las cárceles españolas por parte de los funcionarios de prisiones. José María Olarra, miembro de HB, había acusado, pocas horas antes del atentado, a los directores y funcionarios de prisiones de estar «tratando de crear una especie de GAL dentro de las cárceles». El secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, que viajó a Sevilla nada más tener noticia del atentado, aseguró que el Gobierno no iba a cambiar en absoluto su política penitenciaria respecto a los presos de ETA.

Al día siguiente, convocadas por Gestoras Pro Amnistía, miles de personas se manifestaron en Bilbao bajo el lema «A favor de los derechos humanos, los presos a Euskadi». El mismo día, Gesto por la Paz convocó manifestaciones silenciosas en el País Vasco como muestra de condena por el atentado. El 2 de julio más de treinta mil personas recorrieron las calles de Sevilla bajo el lema «Por la paz y la libertad», para protestar pacíficamente contra el atentado.

RAIMUNDO PÉREZ CRESPO (Alcalá de Guadaira, Sevilla, España)

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A las 11:20 horas del jueves 28 de junio de 1991, un paquete-bomba enviado por la banda terrorista ETA, causaba la muerte en la cárcel de Sevilla-1 a cuatro personas: el funcionario de prisiones MANUEL PÉREZ ORTEGA; los reclusos JESÚS SÁNCHEZ LOZANO y DONATO CALZADO GARCÍA; y un familiar que había ido a visitar a otro interno en la prisión, RAIMUNDO PÉREZ CRESPO. La explosión, que destrozó varias salas del centro penitenciario, hirió a otras treinta personas, cuatro de las cuales fueron hospitalizadas en estado grave.

Raimundo Pérez Crespo, de 27 años y natural de Santander, esperaba para ver a su hermano preso en la cárcel de Sevilla-1. Estaba en el control de acceso para entrar al centro penitenciario cuando la onda expansiva del paquete-bomba le produjo graves heridas que le causaron la muerte pocas horas después en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En Santander regentaba una papelería junto a otro socio. Fue enterrado en la intimidad en el cementerio de Ciriego de la capital cántabra.

El artefacto estalló cuando era examinado por el funcionario fallecido y en el momento en que unos cincuenta familiares, en su mayoría mujeres y niños, esperaban en una zona contigua para visitar a los reclusos. La sala de seguridad, la de espera de familiares y la de comunicación quedaron prácticamente destrozadas. También sufrieron importantes daños el despacho del director y las oficinas de administración. La evacuación de los heridos se produjo con rapidez, gracias a la intervención de las dotaciones policiales presentes en la cárcel. Por la noche, permanecían ingresadas en diversos centros hospitalarios cuatro personas heridas graves, entre ellas dos mujeres, y otras cuatro leves, entre ellas tres niños.

El director de la cárcel y el sargento primero de la Guardia Civil que había recibido al transportista, señalaron que el paquete-bomba estaba envuelto en papel de color marrón y cinta adhesiva. El guardia civil explicó que le había comentado al transportista que el paquete le parecía «sospechoso» y que debía entregarlo al funcionario Manuel Pérez Ortega para su inspección. «Pesaba mucho y estaba muy protegido con tiras adhesivas, de esas de cinta aislante». El transportista pasó a la oficina de comunicación y entregó el paquete al funcionario Manuel Pérez Ortega. El director de la prisión, Javier Romero Pastor, acudió para la inspección y, tras anotar los datos de procedencia del paquete, comunicó al funcionario que lo metiera en el escáner y esperase. Vieron que el paquete era opaco y llamaron a los Tedax, mientras dejaban el artefacto en la sección de paquetería. «No me dio tiempo siquiera a llegar a mi despacho cuando se produjo la explosión», comentó el director de la prisión. Según Romero Pastor, el albarán entregado con el paquete indicaba que éste pesaba siete kilos, e iba dirigido a él mismo, con la inicial de su nombre y sus apellidos. El paquete procedía de Valladolid, donde había sido entregado el día 25 de junio en la sede de la empresa Transportes Castilla, filial en la ciudad castellana de Transportes Acha. El remite figuraba a nombre de Suministros AHA. Ésta es la primera vez que fallecían reclusos por la explosión de un paquete-bomba enviado a una prisión. Javier Romero Pastor había dirigido anteriormente la prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha (Ciudad Real).

Un grupo de reclusos del módulo 2 llegó a amotinarse en el tejado de la cárcel, pidiendo información sobre sus familiares, actitud que depusieron tras recibir explicaciones. Se sucedieron escenas de desesperación, ataques de histeria y lipotimias entre reclusos y familiares que esperaban para verlos en el momento en que se produjo la explosión. Luis Vargas Torres, un interno de 43 años que estaba limpiando la sala de espera, comentaba, llorando, lo ocurrido. «Son unos criminales, han pagado las criaturitas que venían con sus madres. No hay derecho. Yo estaba limpiando y me ha salvado la columna. Me he quedado ciego con la explosión y luego todos, también los presos, hemos ayudado a los heridos».

Posteriormente, presos y familiares quisieron linchar a los seis reclusos de ETA que estaban en la prisión, cuatro internos y dos en tránsito para asistir a un juicio. La dirección de la cárcel decidió de inmediato el traslado de los seis etarras y de dos presos de los GRAPO a la prisión de Sevilla-2, una cárcel más moderna y con mejores instalaciones. En este último centro se encontraban en ese momento internados otros cinco etarras.

Internos comunes de otras cárceles, como la de Burgos, amenazaron también a los presos etarras: «Si para el Gobierno resulta difícil acabar con vuestros comandos asesinos, para nosotros, los presos, no lo es tanto el terminar con los vuestros que se encuentren en prisión (…) Habéis encendido una mecha que os puede estallar en la cara, ya que medio millar de presos de ETA no son nada para los más de treinta mil comunes. [No vamos] a pedir justicia, sino que nos la vamos a tomar por nuestra cuenta si seguís acabando con nuestras familias». En otro escrito de los presos, bajo el título «Advertencia a Artapalo», los presos comunes se dirigían a los dirigentes de ETA así: «Vas a conseguir que reunifiquen a tus compañeros, pero no en una prisión, sino en un cementerio. Esto no es una amenaza, sino una advertencia».

El mismo día del atentado, el diario Egin publicó una larga carta, fechada el 15 de junio de 1991, firmada por trece etarras recluidos en la cárcel de Salto del Negro (Las Palmas de Gran Canaria). Entre los firmantes se encontraba Iñaki de Juana Chaos, y en ella denunciaban «la actitud de constante acoso, provocación y vejación de la dirección de esta cárcel». Era parte de una campaña que tanto ETA como Herri Batasuna estaban realizando para denunciar la supuesta represión de los asesinos de la banda en las cárceles españolas por parte de los funcionarios de prisiones. José María Olarra, miembro de HB, había acusado, pocas horas antes del atentado, a los directores y funcionarios de prisiones de estar «tratando de crear una especie de GAL dentro de las cárceles». El secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, que viajó a Sevilla nada más tener noticia del atentado, aseguró que el Gobierno no iba a cambiar en absoluto su política penitenciaria respecto a los presos de ETA.

Al día siguiente, convocadas por Gestoras Pro Amnistía, miles de personas se manifestaron en Bilbao bajo el lema «A favor de los derechos humanos, los presos a Euskadi». El mismo día, Gesto por la Paz convocó manifestaciones silenciosas en el País Vasco como muestra de condena por el atentado. El 2 de julio más de treinta mil personas recorrieron las calles de Sevilla bajo el lema «Por la paz y la libertad», para protestar pacíficamente contra el atentado.

IGNACIO URRUTIA BILBAO (San Sebastián, Guipúzcoa, España)

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El 28 de junio de 1990 miembros de la banda terrorista ETA asestaron un tiro en la nuca al capitán del Ejército de Tierra retirado IGNACIO URRUTIA BILBAO. El atentado se produjo poco antes de las diez de la mañana en el barrio del Antiguo de San Sebastián y el militar murió en el acto. Urrutia acababa de abandonar su domicilio y fue abordado por dos terroristas en la confluencia de la calle Escolta Real y el paseo de los Mikeletes. Tras dispararle, los asesinos huyeron por el paseo de Pío Baroja. Minutos después acudieron al lugar una hija del capitán, visiblemente emocionada, y el marido de ésta.

El gobernador civil de Guipúzcoa, José María Gurruchaga, calificó de «canallada y cobardía» esta acción terrorista, y pidió la colaboración a los ciudadanos para detener a los asesinos. La noticia del asesinato de Ignacio Urrutia fue acogida con estupor por los vecinos del barrio del Antiguo, dado que el militar era muy conocido en el mismo. Su familia regentaba una administración de lotería en la calle de Matía.

En el lugar de los hechos la Policía encontró un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum del año 1974, la misma munición hallada en el atentado que costó la vida al coronel de Infantería retirado José Lasanta Martínez el 13 de junio. Con Urrutia Bilbao y Lasanta Martínez, eran ya tres los militares retirados asesinados en San Sebastián en el primer semestre del año 1990, pues el 1 de marzo fue tiroteado el teniente de navío Aureliano Rodríguez Arenas. Los tres fueron asesinados por el grupo Donosti de ETA.

La capilla ardiente fue instalada en el Gobierno Militar de Guipúzcoa y los funerales se celebraron a las doce de la mañana del día siguiente en la Iglesia de San Sebastián Mártir, en el barrio de El Antiguo.

En 1993 la Audiencia Nacional condenó a Francisco Javier Balerdi Ibarguren a 19 años de reclusión menor como cómplice en el atentado que acabó con la vida de Ignacio Urrutia. Balerdi Ibarguren era empleado del grupo municipal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de San Sebastián.

Ignacio Urrutia Bilbao, de 74 años, estaba casado y tenía dos hijas. Nació el 31 de julio de 1915 en Bilbao e ingresó en el Ejército en 1938. La mayor parte de su carrera militar estuvo destinado en San Sebastián, en la Compañía de Ingenieros de Armamento y Construcción (CIAC) donde desempeñaba el cargo de especialista en construcción y electricidad. En el momento de su asesinato regentaba con su familia una administración de loterías en el barrio donostiarra de El Antiguo. En marzo de 2005 el Consejo de Ministros le ascendió al grado de comandante con carácter honorífico y a título póstumo.

FRANCISCO MURIEL MUÑOZ (Zarauz, Guipúzcoa, España)

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El 28 de junio de 1986, la banda terrorista ETA asesinó en Zaráuz (Guipúzcoa) al guardia civil FRANCISCO MURIEL MUÑOZ, e hirió a varias personas más, todas ellas miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, salvo un civil. 

A las 8:30 horas, y en respuesta a una explosión en el Alto de Orio, se puso en marcha un dispositivo de rastreo por parte de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR), que se desplazaron por la misma carretera que une Orio con Zaráuz hasta el Alto de Meagas, ya en el término municipal de esta segunda localidad. En ese momento, una tercera bomba de considerable potencia alcanzaba de lleno a la furgoneta Nissan en la que viajaban los siete guardias civiles. Francisco Muriel Muñoz falleció prácticamente en el acto y cinco de sus compañeros quedaron gravemente heridos, con los cuerpos doblados y atrapados entre el amasijo de chatarra en que quedó convertida la furgoneta blindada. Otro guardia civil salió despedido del vehículo y cayó a varios metros de la furgoneta. La bomba, que arrasó los matorrales y arrancó de cuajo ramas enteras, había sido colocada en un talud pegado a un precipicio, con el objetivo evidente de provocar que la furgoneta se despeñase. 



Los guardias civiles heridos fueron José María Baltasar Gil, natural de Algeciras (Cádiz), de 26 años de edad; Manuel Ángel Arenal Linares, natural de Marbella (Málaga), de 21 años de edad; Ramón Perona Sánchez, natural de Montiel (Ciudad Real), de 21 años de edad; Luis Pérez Bao, natural de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), de 24 años de edad; Juan Carlos Carballo Gañan, natural de Olivenza (Badajoz), de 23 años de edad y José Carlos Marrero Sanabria, que sufrió una insuficiencia respiratoria y un shock traumático. Todo ello le provocó una grave lesión cerebral. Tuvo que ser ingresado en un centro psiquiátrico de Las Palmas de Gran Canaria a causa de las secuelas que le dejó la misma. Diecinueve meses después, el 10 de enero de 1988, aprovechando la visita que le hacía un compañero guardia civil, le arrebató la pistola reglamentaria y se suicidó de un tiro en la boca.

En 1989 la Audiencia Nacional condenó a José María Pérez Díaz y a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, a sendas penas de 197 años como autores materiales del atentado. En el mismo fallo fue condenada Begoña Uzcudun Echenagusia, como autora en grado de encubrimiento. En 1993 fue condenado José Ignacio Urdiain Ciriza y en 1999 Miguel Azcue Berasaluce, ambos como autores materiales y a las mismas penas que Pérez Díaz y López Ruiz. Begoña Uzcudun quedó libre en enero de 2006, cuando su excarcelación estaba prevista para 2008, beneficiada por la redención de condenas unos meses antes de que se empezase a aplicar la llamada doctrina Parot. A José Antonio López Ruiz, Kubati, y José Ignacio Urdiain Ciriza sí se les ha aplicado la doctrina Parot, y no saldrán de prisión hasta 2017 y 2019 respectivamente.

Francisco Muriel Muñoz, de 30 años, estaba soltero. Era natural de Archidona (Málaga). Ingresó en 1979 en la Guardia Civil, y fue el primer miembro de los GAR muerto en acto de servicio desde que se creó esta unidad de élite en 1982.

ELIO LÓPEZ CAMARON (Azcoitia, Guipúzcoa, España)

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A las 20:15 horas del sábado 28 de junio de 1980, cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban a tiros en Azcoitia (Guipúzcoa) al mecánico ELIO LÓPEZ CAMARON, al funcionario del Ayuntamiento JULIO MUÑOZ GRAU y al guardia civil retirado JUSTINO QUINDOS LÓPEZ, cuando se encontraban charlando en la calle Mayor de la localidad tras tomar unos chatos en el Bar Alejandro.

Elio López Camaron, de 60 años, estaba viudo desde unos meses antes de ser asesinado y tenía tres hijos. Trabajaba como mecánico en un taller de Azcoitia. Era conocido en el pueblo como El Zamorano, pues era natural de Castronuevo (Zamora).

En ese momento, un vehículo frenó bruscamente frente a ellos y cuatro terroristas abrieron fuego contra el grupo de amigos. Justino y Elio murieron en el acto, mientras que Julio Muñoz, herido gravemente por cuatro disparos, falleció mientras era trasladado a la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. También resultó herido leve en una pierna el policía municipal Manuel Pérez Zarzo, que se encontraba dentro del bar, pues una de las balas entró en el establecimiento. El coche utilizado por los terroristas fue robado en torno a las 17:30 horas, dejando a su propietario atado en el Alto de Elosúa. Allí permaneció hasta que fue liberado por un vecino hacia las 20:30 horas.

Los tres amigos, según vecinos de la localidad, eran considerados políticamente de derechas, motivo suficiente para que la banda terrorista decidiese acabar con sus vidas. Dos días después, el atentado fue reivindicado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas a través de llamadas telefónicas a varios medios de comunicación del País Vasco. Un miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas fue detenido el mismo 30 de junio en el barrio de Gros de San Sebastián, cuando iba a entregar un comunicado para un periódico. Además, llevaba en su poder el arma con la que disparó a Elio, Julio y Justino. Se trataba de Jesús María Larzabal Bastarrika, condenado en 1982 por la Audiencia Nacional a 25 años de prisión. Ocho años después, en 1990, fue condenado también a 25 años, como autor material de triple asesinato, Juan Carlos Arruti Azpitarte.

JUSTINO QUINDOS LÓPEZ (Azcoitia, Guipúzcoa, España)

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A las 20:15 horas del sábado 28 de junio de 1980, cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban a tiros en Azcoitia (Guipúzcoa) al mecánico ELIO LÓPEZ CAMARON, al funcionario del Ayuntamiento JULIO MUÑOZ GRAU y al guardia civil retirado JUSTINO QUINDOS LÓPEZ, cuando se encontraban charlando en la calle Mayor de la localidad tras tomar unos chatos en el Bar Alejandro.

Justino Quindos López, de 60 años, estaba casado con Arcadia Izquierdo y tenía un hijo y una hija, esta última casada con el conocido pelotari Anduela III. Era natural de Ampudia (Palencia). La víctima había abandonado la Guardia Civil veinticuatro años antes de ser asesinado, y desde entonces trabajaba en la empresa Beltia. Casualmente, vivía en el mismo edificio que Ramón Baglietto Martínez, asesinado por ETA dos meses antes.

En ese momento, un vehículo frenó bruscamente frente a ellos y cuatro terroristas abrieron fuego contra el grupo de amigos. Justino y Elio murieron en el acto, mientras que Julio Muñoz, herido gravemente por cuatro disparos, falleció mientras era trasladado a la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. También resultó herido leve en una pierna el policía municipal Manuel Pérez Zarzo, que se encontraba dentro del bar, pues una de las balas entró en el establecimiento. El coche utilizado por los terroristas fue robado en torno a las 17:30 horas, dejando a su propietario atado en el Alto de Elosúa. Allí permaneció hasta que fue liberado por un vecino hacia las 20:30 horas.

Los tres amigos, según vecinos de la localidad, eran considerados políticamente de derechas, motivo suficiente para que la banda terrorista decidiese acabar con sus vidas. Dos días después, el atentado fue reivindicado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas a través de llamadas telefónicas a varios medios de comunicación del País Vasco. Un miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas fue detenido el mismo 30 de junio en el barrio de Gros de San Sebastián, cuando iba a entregar un comunicado para un periódico. Además, llevaba en su poder el arma con la que disparó a Elio, Julio y Justino. Se trataba de Jesús María Larzabal Bastarrika, condenado en 1982 por la Audiencia Nacional a 25 años de prisión. Ocho años después, en 1990, fue condenado también a 25 años, como autor material de triple asesinato, Juan Carlos Arruti Azpitarte.